Lula da marcha atrás con medidas de Bolsonaro para el libre acceso a las armas por parte de civiles

BRASILIA.- Como parte de un amplio paquete de medidas sobre seguridad, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, firmó el viernes un decreto que restringe el acceso de los civiles a las armas de fuego en un intento por frenar el aumento en la posesión de armas durante la presidencia de su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro.

El decreto cumple una promesa de campaña de Lula, quien criticó la liberalización del acceso a las armas bajo el gobierno anterior, al argumentar que fueron responsables de una ola de violencia política durante las elecciones del año pasado.

Bolsonaro, que a menudo instó a sus seguidores a armarse o arriesgarse a ser “esclavizados”, ha dicho que las armas hacen que Brasil sea más seguro, señalando una tasa de homicidios más baja durante su mandato.

Ahora hay casi 800.000 propietarios de armas registrados en Brasil, frente a los 117.467 en 2018 cuando Bolsonaro fue elegido, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2023.

Bolsonaro impulsó la cultura de las armas al limitar las restricciones a los “cazadores, tiradores o coleccionistas” (CAC), lo que facilitó que las personas se registraran para tales permisos y acumularan armas.

El decreto de Lula hizo retroceder el acceso a las armas de fuego para ese grupo.

Por ejemplo, un cazador registrado, que antes podía poseer hasta 30 armas, la mitad de las cuales podían ser armas de fuego restringidas, ahora puede poseer solo seis. También tendrán acceso a menos balas y necesitarán autorización de la agencia de protección ambiental Ibama.

Lula también pasó la responsabilidad del control de armas civiles del ejército a la policía federal. El Ejército fue criticado por la supervisión deficiente, las bases de datos incompletas, la poca transparencia y el mal intercambio de información con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

La pistola de 9 mm, una de las favoritas de quienes tienen permisos CAC, ya no será accesible para los civiles. El decreto de Lula también cierra un vacío legal que permitía a muchos dueños de armas salir en público con armas cargadas si decían que iban a un club de tiro.

Los propietarios de armas que compraron sus armas durante la administración anterior no estarán obligados a entregarlas, pero el decreto contempla un futuro programa de recompra a partir de este año.

Las medidas que restringen el uso de armas forman parte de un paquete más amplio sobre cuestiones de seguridad con otros cuatro ejes principales: 1) La creación de una estructura para combatir el crimen organizado en la Amazonía; 2) La inclusión de ataques a escuelas en la lista de crímenes atroces; 3) Endurecimiento de penas por ataques golpistas, como los vistos el 8 de enero; 4) Darle mayor preeminencia al gobierno federal, por encima de los Estados, para las cuestiones de seguridad.

El Plan Amazonía Segura (AMA) habilitará 34 bases terrestres y fluviales en la región con policías federales y estatales. La estimación es tener 6000 agentes. El programa recibirá alrededor de R$ 2000 millones (420 millones de dólares) en inversiones. En Manaus, se instalará un centro de cooperación policial internacional para integrar policías de otros países de la Amazonía. La capital de Amazonas también recibirá a la Empresa de Operaciones Ambientales de la Fuerza de Seguridad Nacional.

El objetivo es combatir los delitos ambientales, como la tala de bosques y la prospección en tierras indígenas, y el narcotráfico.

Se presentaron dos proyectos de ley, que deberán ser aprobados por el Congreso, para frenar actos como el del 8 de enero. El primero facilita la confiscación de bienes y la venta de estos bienes para reparar daños causados por iniciativas antidemocráticas. La segunda endurece las penas, previstas en la ley de delitos contra el Estado democrático de derecho, para quienes financien actos golpistas.

El proyecto de ley del gobierno federal transforma los homicidios y lesiones corporales cometidos dentro de las escuelas en crímenes atroces. Los condenados por delitos considerados atroces no pueden pagar fianza ni recibir gracia, indulto, amnistía ni beneficiarse de la libertad provisional.

La iniciativa tiene como objetivo inhibir los casos de violencia ocurridos en los últimos años en unidades docentes de todo el país. La sugerencia de la medida fue presentada por padres de niños que fueron víctimas de un ataque a una guardería en la ciudad de Blumenau, en Santa Catarina, en abril de este año, a través de una petición. Cuatro niños murieron y cinco resultaron heridos cuando un hombre de 25 años irrumpió en el local y atacó a las víctimas con un hacha.

“Rompiendo con una tradición brasileña de que la seguridad pública es un asunto de los estados. Reconocemos que las principales competencias están en los estados, porque así lo define la Constitución, pero estamos acercando el gobierno federal a la política de seguridad pública”, dijo el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino.

El gobierno prevé de diciembre a agosto la transferencia del Fondo Nacional de Seguridad Pública en el valor de R$ 1000 millones (210 millones de dólares) destinados a los estados. También ampliará de 15 a 20 los estados con el Grupo de Investigación de Casos Sensibles (GIS) de la Política Federal, destinado a investigar organizaciones criminales. Las unidades de las Fuerzas Integradas de Combate al Crimen Organizado, fuerza de tarea que reúne a policías federales y estatales, que actualmente se encuentran en 12 estados, ahora existirán en las 27 unidades de la federación.

Agencia Reuters y O Globo/GDA

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