Lula da Silva, entre la incertidumbre por la economía y el foco en borrar el legado de Bolsonaro
Tras un inicio de gestión marcado por los ataques del 8 de enero, el presidente pidió “paciencia” a los brasileños para entregar resultados
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BRASILIA.- Un poco de “paciencia”. El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, completó su primer mes de gestión, sacudido por la intentona golpista del 8 de enero, pidiendo tiempo para entregar resultados.
Cerró sus primeras cuatro semanas marcadas por una prioridad para borrar el legado del bolsonarismo en áreas como Medio Ambiente y política externa; la entrega de gestos a minorías y un acercamiento movimientos sociales; y desajustes en la comunicación que ciernen dudas sobre la política económica y su grado de intervencionismo.
“Después de todo el desmonte hecho por el expresidente, vamos a reconstruir este país. Yo soy el más optimista. Crean, porque nuestra vida va a mejorar. Es sólo esperar un poco”, aseguró el mandatario, de 77 años, al cumplir 30 días en el cargo, en un video grabado en el Palacio del Planalto.
En diversos discursos, Lula, que enfrenta su tercera presidencia tras haber gobernado entre 2003 y 2010, ha criticado al mercado, reclamándole “responsabilidad social” en respuesta a los señalamientos por la ampliación de políticas de gasto.
Inclusive en el mensaje enviado al Congreso por la apertura del año legislativo, dijo que el techo de gastos –principal regla fiscal que impide que las erogaciones se amplíen más allá de la inflación– tuvo “efectos destructivos sobre las políticas sociales”.
“La agenda económica enfrenta dificultades porque vive una paradoja. El mercado construyó expectativas sobre un abordaje fiscalista y liberal, pero hay presiones dentro del gobierno y en parte del electorado de Lula para que abrace una agenda expansionista, inclinada a políticas sociales y gastos públicos”, dijo a LA NACION Guilherme Casarões, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas en San Pablo.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, por caso, perdió una de las primeras discusiones de gestión a fin del mes pasado, cuando tras manifestar públicamente que no sería prorrogada la exención impositiva sobre combustibles, Lula decidió extenderla por tres meses, resignando recursos millonarios para evitar el malhumor de una suba de precios en los surtidores.
“El gobierno asume con la misión de reconstruir un estado desmontado, reconciliar una sociedad dividida y gobernar junto a un congreso radicalizado, con una crisis global. Tendrá muchas dificultades para construir una agenda propositiva”, consideró Casarões.
André César, analista de la consultora Hold, destacó, en el área económica, las críticas lanzadas por Lula contra la autonomía del Banco Central, garantizada por ley, y la tasa de interés vigente, una de las más altas del mundo.
“Los agentes económicos están con miedo, esperando para ver hacia dónde va la política económica. Hay diversas incertidumbres, generadas por el grado de intervencionismo que adoptará y una mala comunicación”, aseguró César, que vio a Lula todavía como un político en “campaña” en este primer mes.
La agenda de las minorías se mostró mucho más protagónica que en los otros dos períodos, con la creación de un ministerio de los Pueblos Originarios, conducido por la líder indígena Sonia Guajajara.
Además, el presidente de Brasil elevó la participación de mujeres y negros en los primeros escalones de gobierno, aunque la mayor participación sigue siendo de hombres blancos. De los 37 ministerios, 11 quedaron en manos de mujeres.
En lo puramente simbólico, el gobierno del PT también ha actuado. En las ceremonias oficiales, la administración de Lula pasó a emplear el lenguaje neutro, saludando a “todos, todas y todes”, una supuesta herramienta para combatir la discriminación.
“Lula quiere mostrar que no tiene nada que ver con la gestión pasada, y toma decisiones, algunas importantes en el plano práctico, pero cargadas de simbolismo. No puede perderse en eso, porque el mundo real, abajo, todavía no está avanzando”, agregó el analista de Hold.
La inclinación progresista, contrapuesta a Bolsonaro, también se plasmó en la creación de un “Consejo de Participación Social”, espacio de reunión trimestral con sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para la confección de políticas.
Los ataques a las sedes de los tres poderes, el 8 de enero, aceleraron un proceso que ya estaba en la cabeza del líder del PT: “depurar” la estructura del estado y el comando de las Fuerzas Armadas bolsonaristas.
En su acción más drástica, Lula removió el 21 de enero a Julio Arruda, quien era jefe del Ejército, disconforme con la postura de la fuerza para castigar a los involucrados en los hechos del 8 de enero y ante una desconfianza sin vuelta atrás por la posible omisión en la depredación de los poderes. Arruda había asumido a fin de diciembre.
En las primeras horas de administración, también el gobierno oficializó un decreto que limitó a civiles la compra de armas y municiones y suspendió el registro de nuevos tiradores y clubes de tiros, poniendo punto final a la política de “vale todo”, según el ministro de Justicia, Flavio Dino.
Agenda ambiental
El regreso de la ecologista Marina Silva al gabinete de ministros como jefa de Medio Ambiente, cargo que comandó entre 2003 y 2008, fue el principal nombramiento para dotar a la administración de credibilidad en relación con una política de protección de la floresta amazónica.
La agenda ambiental es la principal carta de la diplomacia del gobierno, que en las primeras semanas de gestión se reaproximó a potencias occidentales y socios de la región como la Argentina, alejados en el gobierno anterior.
En un mes, Lula se reunió con representantes de 15 gobiernos, la mitad de todos los que se reunió Bolsonaro entre 2019 y 2022. La recepción del canciller alemán, Olaf Scholz, con quien oficializó la vuelta del Fondo Amazonía, fue el punto más alto.
El presidente izquierdista garantizó esta semana que las cámaras del Congreso estarán presididas los próximos dos años por sus candidatos: Arthur Lira en Diputados y Rodrigo Pacheco en el Senado, ambos reelectos.
Si bien el gobierno evitó que el candidato bolsonarista, Rogerio Marinho, fuese electo en el Senado, el escenario que quería evitar a cualquier costo, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso se presenta como uno de los grandes desafíos, en opinión de Paulo Calmon, politólogo de la Universidad de Brasilia.
“Habrá muchos conflictos y será necesaria bastante negociación. El primer test será la reforma tributaria, que ninguno de sus antecesores pudo aprobar”, dijo Calmon.
El profesor de la UNB dijo que del éxito de la agenda de Lula en el Congreso dependerá, en buena medida, la creación de “condiciones para la estabilidad social y política” de Brasil los próximos años.
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