Myanmar volvió a ejecutar la pena de muerte después de 34 años: mandó a la horca a cuatro opositores

RANGÚN.- La junta militar que gobierna Myanmar confirmó el lunes que había llevado a cabo sus primeras ejecuciones en más de 30 años, al enviar a la horca a un exlegislador del partido de Aung San Suu Kyi, a un activista por la democracia y a otros dos presos políticos que habían sido acusados de un asesinato selectivo tras la toma militar del país el año pasado.

Las ejecuciones provocaron una condena generalizada, aumentaron los temores de que se ejecuten más penas de muerte y generaron llamados a la comunidad internacional para que tome medidas más severas contra la junta ya aislada.

Los cuatro hombres fueron ejecutados “de conformidad con los procedimientos legales” por dirigir y organizar “actos cómplices violentos e inhumanos de asesinatos terroristas”, informó el periódico estatal Mirror Daily. No dijo cuándo fueron ahorcados.

La junta militar sentenció a muerte a decenas de activistas antigolpistas como parte de su represión de la disidencia tras tomar el poder el año pasado, pero Myanmar no había practicado una ejecución en décadas.

Los cuatro ejecutados

Phyo Zeya Thaw, de 41 años, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi, fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.

Este pionero del hip hop en Myanmar, cuyas letras criticaban al ejército desde comienzos de la década del 2000, estuvo detenido en 2008 por pertenecer a una organización ilegal y posesión de divisas. Obtuvo un escaño como diputado en las elecciones de 2015, durante la transición del gobierno militar al civil.

La junta lo acusó de haber orquestado varios ataques contra el régimen, incluyendo un ataque contra un tren en el que murieron cinco policías en agosto pasado en Rangún.

Kyaw Min Yu, conocido como “Jimmy”, un prominente activista por la democracia de 53 años, recibió la misma sentencia del tribunal militar.

“Jimmy” era un escritor y opositor de larga data del ejército, conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época. Fue detenido en octubre y condenado en enero.

Según los medios locales, miembros de ambas familias se plantaron ante la prisión de Insein en Rangún, con la esperanza de recuperar sus cuerpos sin vida.

Los otros dos, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron declarados culpables de torturar y matar a una mujer en marzo de 2021 a la que supuestamente creían que era una informante militar.

Condena internacional

La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones.

La última ejecución capital en Myanmar se remonta a 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.

Los expertos subrayaron que la ley marcial otorgaba a los militares la posibilidad de pronunciar la pena de muerte por 23 “delitos vagos y definidos en forma amplia” y, en la práctica, por toda crítica contra el poder. Advirtieron que las ejecuciones podrían acelerarse si la comunidad internacional no reaccionaba.

Estados Unidos condenó este lunes la ejecución de cuatro personas “por ejercer sus libertades fundamentales”, señaló su embajada en Rangún en un comunicado.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la decisión, tachándola de una “flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas”.

Human Rights Watch calificó las ejecuciones como “un acto de absoluta crueldad”. La directora para Asia de la ONG, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional a “mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes”.

Es probable que las ejecuciones agraven el aislamiento internacional de los militares birmanos, que se hicieron con el poder por la fuerza el 1° de febrero de 2021 bajo pretexto de un supuesto fraude en las elecciones del año anterior, en las que el NLD arrasó.

“Estos actos perversos deben marcar un punto de inflexión para la comunidad internacional. El statu quo de la inacción internacional debe rechazarse con firmeza”, reaccionó Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Myanmar, en Twitter.

El ejército gobernante continúa con una sangrienta represión contra sus opositores, con más de 2000 civiles muertos y más de 15.000 detenidos desde el golpe de Estado, según una ONG local.

Entre los detenidos figura Aung San Suu Kyi, exdirigente y premio Nobel de la Paz de 77 años, que se enfrenta a varios cargos que pueden totalizar hasta 150 años de prisión.

Agencias AP y AFP