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Ordenan prisión preventiva para la excandidata correísta de Ecuador por presunto lavado de activos
Luisa González está acusada por el presunto lavado de activos para la financiación de la campaña electoral de 2023; también compitió en 2025
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LA NACION
QUITO.– La Justicia de Ecuador dictó este viernes una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial de izquierda Luisa González, por el presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023.
González, de 48 años, fue detenida el jueves para una audiencia de formulación de cargos en medio de una investigación sobre el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.
El juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva, según indicó la Fiscalía en un comunicado en X, sin detallar las razones por las cuales la dirigente opositora estará detenida mientras es investigada y antes de que haya posibles condenas.
González se declaró “perseguida política” del gobierno derechista de Daniel Noboa, según un audio de la audiencia publicado en las redes sociales de González. Allí se la escucha expresar su disposición al juez para “colaborar con la Justicia” y a la vez “exigir un trato justo”.
“Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado”, declaró la excandidata presidencial según el audio.
González perdió frente a Noboa las elecciones anticipadas de 2023 y luego en 2025. Human Rights Watch (HRW) aseguró que sigue “con preocupación” el caso en medio de “un proceso electoral marcado por el cambio de fecha y la cancelación y suspensión de partidos”.
González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa (2002-2017), prófugo de la Justicia y duro crítico de Noboa desde su exilio en Bélgica. La RC fue inhabilitada este año por una investigación por presunto lavado de activos y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos a finales de noviembre.
González, quien aspiraba a la prefectura de la provincia de Manabí, tampoco pudo presentase a los próximos comicios pese a que solicitó el auspicio de otro partido. El oficialista ADN y el derechista Creo presentaron una objeción a la candidatura y un tribunal electoral falló contra González.
El caso Laberinto
En el denominado caso Laberinto que envuelve a González, la Fiscalía indaga el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023, que se celebraron de manera anticipada.
José Julio Niera, secretario general de la Administración y mano derecha de Noboa, dijo en un video que la hipótesis de la Fiscalía “apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela” para financiar la campaña presidencial de González.
Según Neira, el detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus empresas también están salpicados en esta trama. Álvarez fue condenado por comercialización ilegal de combustible subsidiado y por retirarse un dispositivo electrónico de vigilancia.
En una carta en sus redes sociales, González dijo que tiene 19 procesos judiciales en su contra. “Esta dictadura basada en odio, destrucción y persecución se acerca a su ocaso”, agregó, y pidió a sus simpatizantes rechazar a los candidatos del oficialismo en los próximos comicios.
En 2023, González perdió con el 48% de los votos frente a Noboa, hijo del hombre más rico de Ecuador y que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el crimen. Noboa achaca al correísmo haber abierto la puerta al narcotráfico que ha convertido al país en una de las naciones más violentas de la región.
González y Noboa volvieron a disputar la presidencia en 2025. La izquierdista cayó por unos 11 puntos porcentuales de diferencia.
El juez también dictó la prisión preventiva del exlegislador Santiago Díaz, quien fue tesorero de la campaña y ya cumple otra condena, y de Wendy Onofre, dirigente de un movimiento político aliado. Dispuso asimismo presentaciones periódicas y prohibición de salida del país a otra implicada, Estefanía Molina, de la oficina de Díaz.
Agencias AFP y AP
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