
Pinochet: España pidió la extradición
La decisión del gobierno de Aznar abrió una crisis diplomática con Chile
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MADRID.- El gobierno de España cursó ayer el pedido de extradición de Augusto Pinochet al Reino Unido para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.
De tal manera, las autoridades españolas avalaron la solicitud del juez Baltasar Garzón, lo que abrió una crisis diplomática con Chile, que inmediatamente retiró a su embajador en Madrid para realizar consultas, tras manifestar su "profundo malestar" con el gobierno de José María Aznar.
El canciller chileno, José Miguel Insulza, descartó, sin embargo, una ruptura en las relaciones entre los dos países, pero la situación podría agravarse si la Cámara de los Lores británica decide desconocer la inmunidad de Pinochet y lo entrega a la justicia española para su juzgamiento por los cargos de genocidio, terrorismo y torturas.
Las audiencias en la Cámara de los Lores se reanudarán pasado mañana y podrían extenderse una o dos semanas antes de dar a conocer su dictamen, que será inapelable.
En Santiago, el gobierno estudia dos posibles escenarios: uno de ellos es impugnar en la Corte Internacional de La Haya la pretensión española de enjuiciar a Pinochet, y el otro es insistir con una intermediación papal.
España pidió la extradición de Pinochet
La decisión del gobierno de Aznar causó malestar en Chile, que llamó a consulta a su embajador en Madrid
MADRID.- El gobierno de Madrid decidió ayer tramitar la extradición de Augusto Pinochet Ugarte para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad y, de inmediato, España y Chile se encontraron con una crisis diplomática no deseada.
"El consejo de ministros ha solicitado a las autoridades del Reino Unido la extradición activa de Augusto Pinochet -anunció el vocero del gobierno, Josep Piqué-. Los delitos que se le imputan por parte de la autoridad judicial son genocidio, terrorismo y torturas."
De inmediato, el embajador chileno en España, el democristiano Sergio Pizarro, fue llamado a consulta por la cancillería de Santiago, cuyo titular, el socialista José Miguel Insulza, expresó que se había confirmado "nuestra peor expectativa" en el sentido de que el gobierno español no era más que "un buzón de las peticiones del juez (Baltasar) Garzón".
Aunque Insulza descartó un rompimiento de relaciones diplomáticas, los acontecimientos parecen empujar a ambos países a una situación delicada, sobre todo si el Reino Unido niega, en los próximos días, la inmunidad de Pinochet y lo entrega, en consecuencia, a la justicia española.
España tiene cuantiosos intereses económicos en Chile, que suponen casi la cuarta parte del total de las inversiones extranjeras en ese país. Además, tanto el presidente Eduardo Frei como el jefe de gobierno José María Aznar son conservadores moderados que pertenecen a las filas de la democracia cristiana mundial y comparten la filosofía del neoliberalismo.
Deterioro en las relaciones
El ministro de Relaciones Exteriores español, Abel Matutes, trató de atemperar las cosas, la última semana, advirtiendo telefónicamente a Insulza que al gobierno no le quedaría más remedio que tramitar la extradición del ex dictador si Garzón la solicitaba dentro de los términos legales. Insulza declaró ayer que, de todos modos, esto deterioraba la relación entre los dos países.
Alberto Cardemil, vicepresidente del partido Renovación Nacional (pinochetista), calificó la medida como "acto de imperialismo intolerable del que ahora se hace parte, desde el punto de vista político, el consejo de ministros español" y pidió que Chile rompiera relaciones con España.
En España, los principales partidos de la oposición, inclusive los moderados nacionalistas catalanes, habían pedido la extradición de Pinochet, a la que se oponía el gobierno de José María Aznar por estimar que España carecía de jurisdicción para juzgar los crímenes cometidos en Chile y en la Argentina.
Sin embargo, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional determinó el viernes último que Garzón tenía jurisdicción para juzgar delitos de genocidio, lo que zanjó la cuestión.
En manos de los lores
La suerte de Pinochet depende ahora de lo que decida la justicia británica. Al respecto, Isabel Allende y Juan Pablo Letelier se declararon esta mañana en Madrid "esperanzados" ante la decisión que tomará la Cámara de los Lores.
Hijos, respectivamente, del ex presidente Salvador Allende y del ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Orlando Letelier, asesinado por la DINA, afirmaron que, aunque Pinochet quede libre para volver a Chile, "ya ha sido condenado por toda la humanidad y regresaría requerido, al menos, por siete países europeos".
Agregaron que, de todos modos, el caso Pinochet no ha puesto la democracia chilena en peligro y que los procesos judiciales contra él no supondrán "un retroceso democrático".
"No está en cuestión el proceso democrático chileno y no existe ninguna posibilidad de intervención militar en Chile", afirmó Letelier. Allende y Letelier se reunieron anoche con el candidato socialista a la presidencia, Josep Borrell, que defendió la extradición de Pinochet sin importarle aparecer enfrentado con Felipe González, que se opuso a ella.
También se entrevistaron con Isabelo Herreros, secretario de derechos humanos de Izquierda Unida, que hace dos años anunció en Chile que no pasaría mucho tiempo sin que Pinochet se sentara en el banquillo de los acusados de un tribunal español.
El pedido cubano, inviable
Por otra parte, Matutes se mostró contrario a que prosperara la denuncia de los disidentes cubanos contra Fidel Castro, porque la legislación internacional establece que "los jefes de Estado en actividad gozan en todo momento de inmunidad jurisdiccional y no pueden ser sometidos a juicio por instancias de terceros países".
Matutes dijo que ello está contenido en la legislación española y en los acuerdos internacionales del país, que tienen valor de norma jurídica.
Los disidentes cubanos exiliados en los Estados Unidos habían solicitado a la justicia española que enjuiciara a Castro por los mismos cargos presentados contra Pinochet: genocidio, tortura y terrorismo.





