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Polémica en Uruguay por el fin de la amnistía
La oposición criticó a Mujica por no respetar dos plebiscitos
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Corresponsal en UruguayNelson Fernández
MONTEVIDEO.- La derogación por parte del Congreso de la ley de caducidad, que en su momento dio amparo a militares acusados de violar derechos humanos en la dictadura, abrió ayer en Uruguay un intenso debate sobre el respeto a la voluntad popular expresada en plebiscitos y también sobre el cuidado de las normas constitucionales.
Los partidos opositores Nacional, Colorado e Independiente criticaron duramente ayer al Frente Amplio por votar un texto que la mayoría de los juristas catalogó de inconstitucional. Además, criticaron que no se hayan respetado los plebiscitos de 1989 y 2009, que rechazaron la derogación de la amnistía.
El presidente José Mujica evitó ayer expedirse sobre las críticas de la oposición. "Hay que remitirnos a los hechos; hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento, nosotros la acompañaremos y después estaremos en lo que decida la justicia", dijo, luego de que el texto recibiera sanción de ambas cámaras, sólo con votos frenteamplistas.
La oposición recordó, durante la votación, que en la campaña electoral Mujica y su compañero de fórmula, Danilo Astori, se habían comprometido a cumplir el mandato de las urnas de los plebiscitos.
Horas después de la aprobación de la nueva ley, que espera promulgación formal del presidente, la Justicia envió a prisión a dos militares por la muerte de un guerrillero argentino que fue torturado en 1973. Se trata de Gerardo Alter, que era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y que ese año había llegado a Uruguay para integrarse al Movimiento Tupamaro (MLN-T)
Además, se decretó el pedido de captura de un tercer militar prófugo y se considera convocar a un militar argentino denunciado por el mismo hecho.
Los nuevos procesamientos se hicieron bajo la figura penal de "homicidio muy especialmente agravado", pero no contemplan la figura de lesa humanidad, como plantea la reforma legal impulsada por el oficialista Frente Amplio, por lo que los delitos tienen fecha de prescripción. Los militares no se pudieron beneficiar del vencimiento de ese plazo, porque los crímenes cometidos durante la dictadura prescriben en los primeros días de noviembre.
Ayer a la madrugada, los 50 diputados del Frente Amplio aprobaron el texto que busca anular indirectamente los efectos de la ley de caducidad. La ley, aprobada en 1986, decía que "había caducado la pretensión punitiva" del Estado para actuar en las denuncias contra los militares. El nuevo texto sostiene que se "restablece la pretensión" punitiva para juzgar a los acusados.
En el Senado, el texto fue aprobado el martes por sólo un voto (16 a 15). Si la nueva ley es aplicada varios militares podrán ir a prisión por actos de represión en la última dictadura.
Sin embargo, abogados de militares confían en que tendrán éxito con los recursos de inconstitucionalidad que anunciaron presentar.
En la Corte no trascendió la opinión de los ministros, pero en ámbitos judiciales la mayoría de los expertos sostiene que el texto tiene fricciones complejas con la Constitución.
El presidente de la Corte, Leslie van Rompaey, dijo que no tiene posición a priori y que eso se verá "en el caso de que se plantee alguna acción" de inconstitucionalidad.
Van Rompaey sí adelantó que, en cuanto a los plebiscitos de 1989 y 2009, "se les debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática". Sin embargo, advirtió: "Los derechos humanos no están a disposición de las mayorías; son derechos de las minorías y deben ser protegidos aun contra la opinión de las mayorías".
El director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, coincidió con Van Rompaey. Miranda, cuyo padre fue desaparecido en la dictadura y el cuerpo apareció enterrado en un cuartel militar, dijo que "el plebiscito de 2009 fue un error porque hay ciertos temas que no son sometibles a la consulta popular".
En ese plebiscito se votó una enmienda constitucional que anulaba la ley que no pudo ser derogada en 1989.
INVESTIGARÁN LA DICTADURA BRASILEÑA
BRASILIA (EFE).– El Senado de Brasil aprobó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar violaciones de derechos humanos perpetradas durante la última dictadura militar (1964-1985). La comisión, que no tendrá poder para sancionar a los culpables, estará formada por siete miembros.
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