Por qué el régimen de Nicaragua escapa del radar de Trump mientras Venezuela y Cuba sufren su presión

“¡A cerrar filas, pueblos de América! No dejemos pasar al gigante de las siete leguas”. Tras la captura de Nicolás Maduro, uno de sus aliados más cercanos salió a escena con el libreto perfecto de la resistencia antiimperialista. ¿Solidaridad ideológica? ¿Reflejo de supervivencia? ¿O temor a que Washington intente repetir la jugada en La Habana?

Solo Miguel Díaz-Canel conoce la proporción exacta, pero el presidente cubano no dudó en agitar el puño. Calificó la operación norteamericana como “un acto de terrorismo de Estado” y la llamó “una expresión inequívoca del neofascismo que se pretende imponer a la humanidad”. Exigió además la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y participó de una concentración multitudinaria bajo la consigna “Cuba y Venezuela, una sola bandera”.

Desde Nicaragua, en cambio, el respaldo fue bastante menos eufórico. Recién catorce horas después llegó el comunicado oficial: “Acompañamos de corazón…”.

¿Es posible que Daniel Ortega haya elegido, adrede, no levantar demasiado la perdiz? A diferencia de su par cubano, que podría ser el próximo objetivo en la lista de Donald Trump, el líder nicaragüense parece haber quedado fuera del intempestivo radar del presidente norteamericano… al menos por ahora.

“Lo único que podría llamar la atención de Trump serían los ataques públicos. Es obvio que los derechos humanos, la tortura o la represión no son un factor decisivo. Entonces, mejor calladito”, explica a LA NACION el periodista experto en América Latina e investigador internacional Douglas Farah sobre el comportamiento de Ortega.

Los analistas señalan que Managua logró durante años ocupar un lugar distinto al de Caracas y La Habana. Para Washington, el régimen Ortega-Murillo fue, acaso, menos un enemigo frontal que un adversario administrable. Y aunque Ortega tuvo algunos exabruptos —en abril llamó a Trump “desquiciado mental”—, el régimen conservó canales prácticos con Estados Unidos.

Cooperó en operaciones contra el narcotráfico, funcionó por momentos como “muro de contención” migratorio en la frontera con Costa Rica y, pese a su deriva autoritaria, mantuvo abierto el vínculo comercial bajo el Cafta, con empresas norteamericanas activas en textiles, agroindustria, carne, café, oro y zonas francas.

“En general, el gobierno de Nicaragua ha intentado mantener una posición crítica, para no renunciar por completo a su postura histórica, pero sin desafiar abiertamente a Estados Unidos”, dice a LA NACION Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe en Acled.

Pero más allá de esa estrategia de confrontación selectiva, los analistas coinciden en una diferencia clave con Venezuela y Cuba. Nicaragua simplemente no tiene el mismo peso para Estados Unidos. “Honestamente, creo que Trump ni siquiera sabe quién es el presidente de Nicaragua, ni sabría deletrear Nicaragua”, dice a LA NACION John Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá y exsubsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.

“Nicaragua ofrece réditos políticos o económicos mucho menores para la administración Trump”, coincide en diálogo con este medio Kai Thaler, profesor de Estudios Globales de la Universidad de California-Santa Barbara.

Aunque el oro se volvió una fuente clave de divisas para el régimen de Ortega, Nicaragua sigue siendo una economía pequeña y sin un activo estratégico comparable al petróleo venezolano. Sus exportaciones mineras llegaron a US$1391,6 millones en 2024, de acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua. En Venezuela, en cambio, las ventas externas de petróleo de Pdvsa alcanzaron US$17.520 millones ese mismo año, más de doce veces el valor de todas las exportaciones mineras nicaragüenses.

“La intervención en Venezuela dejó claro el interés del gobierno de Trump en acceder al petróleo venezolano, pero Nicaragua cuenta con recursos naturales mucho más limitados”, precisa Thaler.

La diferencia de peso político completa el cuadro. En Estados Unidos viven cerca de 2,9 millones de personas de origen cubano, una diáspora asentada desde hace décadas, muy concentrada en Florida y con fuerte influencia política, electoral y mediática. La comunidad nicaragüense, en cambio, es mucho menor: ronda los 450.000, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Pew Research Center.

“Cuba es un tema recurrente en las elecciones estadounidenses, y forzar allí un cambio de régimen podría ofrecer importantes réditos electorales para los republicanos, especialmente en Florida. Nicaragua, en cambio, aparece mucho menos en la política estadounidense y tiene mucha menor visibilidad entre el público general”, argumenta el experto.

Ese bajo peso relativo ayuda a explicar por qué Nicaragua aparece más como una obsesión ideológica de Marco Rubio —hijo de inmigrantes cubanos y marcado políticamente por la causa anticastrista de Florida— que como una prioridad real de Trump. Feeley sostiene que Rubio sí mira a los tres regímenes desde una matriz democrática y anticomunista, pero que esa agenda quedó subordinada al pragmatismo del presidente. “El mismo Trump nunca ha hablado de una transición democrática. Ha dicho drill, baby, drill”, resume.

La tensión, según el exdiplomático, es de fondo. Rubio quiere una salida política para los tres países, pero Trump busca otra cosa. “El problema que tiene Rubio, tanto en Venezuela como eventualmente en Nicaragua, es que no es capaz de hacer el negocio que su jefe quiere. Y lo que quiere su jefe es un virreinato”, afirma. “A Trump no le interesa un final democrático para ninguno de los tres países. Rubio se encuentra entre la espada de Miami y la pared de Trump”, agrega.

Aunque Nicaragua no ocupa un lugar central ni por su peso político ni por su relevancia económica, sus vínculos cada vez más estrechos con China y Rusia sí generan incomodidad en Washington. En abril, la Casa Blanca castigó con sanciones al régimen orteguista por quitarle a una empresa norteamericana una concesión minera de oro y entregársela a una compañía china.

Algo parecido ocurre con Rusia. Para Moscú, Managua ofrece una plataforma útil para proyectar influencia en el hemisferio occidental, como aliado simbólico en una zona de tradicional predominio norteamericano y como punto de apoyo con potencial para tareas de monitoreo e inteligencia sobre Estados Unidos y la región. Para el régimen de Ortega, en cambio, la relación aporta herramientas para reforzar su aparato de control interno, respaldo diplomático ante eventuales condenas en la ONU y acceso a cooperación militar y armamento.

La inquietud también se siente en la región. El nuevo canciller costarricense, Manuel Tovar, expresó la semana pasada su preocupación por la “importante presencia de militares rusos” en el país vecino, durante una entrevista con AFP.

“Me parece que esas tropas están muy lejos de donde tienen que estar”, dijo. “Eso es un factor que nos preocupa”, agregó el funcionario costarricense, cuyo país carece de ejército.

Sin embargo, Breda advierte que el vínculo tiene límites claros. “Generalmente, estas relaciones se quedan un poco en el ámbito simbólico. A la hora de proteger a un aliado clave en la región, Rusia no parece dispuesta a desafiar militar o políticamente a Estados Unidos. Si no lo hizo por Venezuela y hasta ahora se ha limitado a enviar ayuda a Cuba, sería difícil que lo hiciera por Managua”, sostuvo.

Que Venezuela —y ahora Cuba— haya acaparado los reflectores le permitió al régimen Ortega-Murillo seguir perfeccionando, con relativa tranquilidad, su brutal aparato represivo. Desde el estallido social de 2018, la crisis dejó cientos de muertos, miles de detenciones arbitrarias y un exilio masivo. La CIDH registró 355 muertos en el contexto de la crisis, mientras que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU concluyó que el régimen cometió al menos 40 ejecuciones extrajudiciales. El mismo grupo citó informes de la sociedad civil que registran más de 5000 detenciones arbitrarias, además de 131 arrestos por motivos políticos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguían presos 47 opositores o críticos del régimen, 11 de ellos en condición de desaparición forzada, según un mecanismo cuyos datos avala la CIDH.

Eduardo, un periodista nicaragüense que pidió usar un seudónimo por motivos de seguridad, ya inició los trámites migratorios para mudarse de manera definitiva a Costa Rica. No solo teme por su libertad y su integridad física en un país donde la prensa independiente vive bajo acoso permanente. También describe una imposibilidad para ejercer el oficio en una sociedad atravesada por el miedo. En Nicaragua, dice, cada vez es más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a hacer incluso un comentario general sobre la situación del país. “Aquí uno debe estar comportándose como si fuese un criminal para que no lo agarren”, dice a LA NACION.

Por su parte, Breda sostiene que la respuesta represiva en Nicaragua fue incluso más brutal, en términos relativos, que en Cuba y comparable a los momentos más duros de Venezuela en 2014, 2015 y 2017, cuando también hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra manifestantes. En el caso nicaragüense, señala, el uso de paramilitares y francotiradores contra la población civil dejó una marca traumática en la sociedad.

Feeley también apunta a la excepcionalidad del caso nicaragüense. “Es mil veces peor. Es un Estado tipo Corea del Norte en América Central”, dice. Pero enseguida marca la contradicción de Washington. “Donde probablemente sea peor la represión es en El Salvador y nadie dice nada, porque la política exterior es sumamente hipócrita y personalista”, sostiene.

La gran diferencia, agrega Breda, es que Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, no abrieron después ningún resquicio político. A diferencia de Venezuela, donde la oposición llegó a ganar la Asamblea Nacional y ese espacio permitió más tarde la emergencia de Juan Guaidó, en Nicaragua el régimen cerró de raíz toda posibilidad de disidencia institucional.

Ese cierre fue posible, en parte, por un aparato partidario más estructurado e ideológico. Pero sobre todo porque la economía nicaragüense, pese al golpe inicial de 2018 y 2019, no colapsó. Al mantenerse relativamente estable y con leve crecimiento, el régimen evitó que el malestar económico se convirtiera en un motor adicional de protesta, como ocurre con frecuencia en Cuba ante la falta de energía, combustible y bienes básicos.

Las elecciones previstas para 2027 generan pocas expectativas de cambio real. Para Thaler, el interrogante no es tanto si habrá competencia —algo improbable salvo un quiebre interno del régimen— sino cómo se resolverá la sucesión dentro del propio círculo de poder. “La gran pregunta es si continuará la copresidencia o si 2027 será el momento en que Rosario Murillo busque convertirse en presidenta única, después de años de acumulación creciente de poder”, sostiene. Esa hipótesis gana peso además por el visible deterioro de salud de Ortega.

Según el médico exiliado Richard Sáenz Coen, Ortega padece una enfermedad renal crónica terminal, derivada de un cuadro de lupus eritematoso sistémico diagnosticado hace años.

Farah, en cambio, contempla otra posibilidad; que el régimen utilice las elecciones para dar mayor visibilidad a una nueva estructura de poder familiar, con los hijos de la pareja presidencial en un rol más protagónico. “Creo que las elecciones van a dar paso más visiblemente a la nueva estructura de representación y gobernanza en manos de los hijos, especialmente Laureano [Ortega]. Daniel está mal y Rosario es odiada. El futuro es Laureano, que conoce a fondo Rusia, China, el aparato de represión y de inteligencia. Es el delfín, con Rosario todavía muy presente por un tiempo más”, afirma.

Por María del Pilar Castillo

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