Qué revela la rigurosa investigación de la jueza de la DANA de Valencia a 6 meses de la tragedia
Nuria Ruiz Tobarra, de 52 años, definió el 29 de octubre como un “episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”; la reacción de los familiares de las víctimas
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“Más que una jueza, te trata como un amigo cercano y eso hay que ponerlo en valor”.
Los familiares de las 228 víctimas mortales de la DANA de Valencia, la tormenta que arrasó varios pueblos del este de España el pasado 29 de octubre, sienten que han encontrado en la jueza que intenta esclarecer las responsabilidades de la tragedia un rayo de esperanza.
Ernesto Martínez, quien perdió a su hermana Elvira y a su sobrina Elizabeth, destacó ante los medios su “calidez humana” después de declarar en su juzgado.
No es el único. Otros familiares contaron cómo el “trato humano” que recibieron de la magistrada cuando relataban el que es posiblemente el episodio más terrorífico de sus vidas les reconfortó y dio confianza en la justicia.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, de 52 años, es la magistrada decana que encabeza el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. Pero, para España, se ha convertido en “la jueza de la DANA”.
Su propio juzgado, en el que lleva trabajando 20 años, fue arrasado cuando el barranco de Poyo se desbordó en la aciaga tarde en la que las localidades del sur y oeste de Valencia se convirtieron en un averno de barro.
Ella misma describió ese 29 de octubre como un “episodio dantesco, un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”.
Son sus palabras, en las que pone a las víctimas por encima de la batalla política y que reflejan el sufrimiento de una población traumatizada, las que hacen que muchos damnificados piensen que la investigación está en buenas manos.
Aquel día, unas lluvias torrenciales que llegaron a dejar más de 500 litros por metro cuadrado en algunos puntos, desbordaron varios barrancos. Las aguas embarradas arrastraron todo lo que se encontraron a su paso.
Municipios de la periferia sur de Valencia, como Paiporta, Benetússer, Alfafar o la misma Catarroja recibieron ese tsunami de lodo por sorpresa.
Primero, porque ni siquiera llovía en esos puntos. Y, segundo, porque las autoridades regionales no les alertaron a tiempo.
Miles de personas se vieron sorprendidas por las crecidas de ríos y ramblas mientras circulaban en sus vehículos, que acabaron convirtiéndose en la sepultura de muchos.
Roberto Ballester le relató a BBC Mundo pocos días después de la tragedia que la alerta que las autoridades mandaron por móvil a toda la población le llegó mientras se aferraba a lo alto de una valla y veía durante 4 largas horas cómo las aguas cenagosas arramblaban con su barrio.
“Los daños no se podían evitar, pero las muertes sí”, señaló, tajante, la jueza en uno de los autos.
En un Estado altamente descentralizado como España, donde las comunidades autónomas han asumido muchas competencias, los choques entre gobiernos regionales y el Ejecutivo central -sobre todo si son de distinto signo político- son habituales.
El lodo no había aún descendido en Valencia cuando ya estaba siendo lanzado de una autoridad a otra sobre quién tenía la responsabilidad final.
Y esa ha sido, hasta el momento, la principal misión de la magistrada: determinar quién tenía la responsabilidad de alertar a la población y de abordar la emergencia.
El juzgado de Nuria Ruiz Tobarra instruye desde hace seis meses la causa penal por la catástrofe natural que arrasó Valencia y centraliza todas las diligencias abiertas previamente en una veintena de tribunales. Esto la ha puesto a ella en el centro de los focos.
No se han publicado imágenes de la jueza y tampoco ha dado entrevistas a los medios. Solo sus autos hablan por ella.
“Ella ha trabajado en el caso desde el minuto uno y tiene información muy relevante”, explica a BBC Mundo Isabel Olmos, subdirectora del diario valenciano “Levante”.
Trabajadora y discreta, “conoce el territorio, y es difícil que se le pueda engañar”, añade la periodista.
Desde que dictó el auto que inició el procedimiento penal, Ruiz Tobarra ha recabado el testimonio de más de 200 familias, que detallan cómo “vieron desaparecer a sus allegados delante de sus ojos. Padres, cónyuges o hermanos que vieron cómo se les escapaban literalmente entre sus manos (...) arrastrados por un torrente de agua y barro”, describe en un auto.
Y así, con un trabajo de hormiguita, recabando testimonios, solicitando informes y recopilando información, la jueza ha logrado empezar a perfilar qué sucedió aquel aciago día y a desenterrar los hechos que quedaron sepultados bajo el barro.
Responsabilidad autonómica
“Desde el primer momento, ella ha determinado que las emergencias son competencia de las comunidades autónomas”, señala Olmos.
La jueza ha imputado por el momento a dos personas: la que era entonces la consejera de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, y su segundo, Emilio Argüeso.
El máximo responsable de la región, el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, “que ha cambiado su relato de lo que estaba haciendo aquel día varias veces”, según explica la subdirectora de “Levante”, no puede ser investigado por la jueza, ya que su cargo público le otorga la condición de aforado.
Sólo podría ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, una instancia superior.
La jueza le ha ofrecido en dos ocasiones declarar como testigo, pero él se ha negado.
Seis meses después de la peor tragedia natural que ha vivido la región, aún no se sabe dónde estaba exactamente el presidente de la comunidad en las horas críticas.
Sólo admitió días después de la catástrofe que estaba en una comida de trabajo con una periodista local, pero en su relato hay huecos que han echado a volar la imaginación de los españoles.
“La gran pregunta que todo el mundo hace es dónde estaba Mazón. Es algo que nos tiene atrapados, en bucle, y que no nos deja avanzar”, admite Isabel Olmos.
En el auto, la magistrada dictamina que la protección civil es competencia exclusiva del gobierno valenciano, por lo que le corresponde a esta autoridad “ejercer el mando único de la emergencia”.
En este asunto, valora Olmos, “la jueza ha acabado con la batalla del relato”.
Consiguió desarmar las acusaciones que se hicieron desde el gobierno regional -liderado por el conservador Partido Popular (PP)- de que era el ejecutivo central, una coalición entre el Partido Socialista y la izquierda, el que tenía que haber reaccionado tras la catástrofe.
Según la jueza, las autoridades regionales mostraron una “inactividad patente” frente a la responsabilidad que les correspondía de alertar a la población y de activarse para mitigar la tragedia.
El sistema de alerta
A Roberto Ballester le llegó la alerta subido a una valla, y a Nacho Britos, un argentino residente en Valencia, el mensaje le sonó en su teléfono móvil cuando estaba a punto de ser arrastrado por la corriente, mientras sujetaba a su novia y a una niña de siete años, nos contó pocos días después de la tragedia. El agua le llegaba por encima de la cintura. No se ahogaron porque alguien logró abrirles un portal para que se refugiaran.
Eran las 20.11 del 29 de octubre.
Los barrancos, sin embargo, empezaron a desbordarse en torno a las 18.30, casi dos horas antes.
Según la magistrada, el mensaje, enviado con un sistema conocido como ES-Alert, fue “manifiesta” y “notablemente tardío”.
Pero también fue “errado” en su contenido.
Pedía evitar los desplazamientos en la provincia de Valencia, a pesar de que, cuando se envió, ya había fallecidos, muchos de los cuales murieron sin pisar la calle, en sus propios garajes o ahogados en su propia casa.
“En el momento en que se lanzó la alerta a las 20.11, ya se había producido la práctica totalidad de los fallecimientos”, dice la jueza en el auto.
El juzgado investiga, por lo tanto, la posible comisión de los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de cárcel respectivamente.
La investigación de la jueza ha revelado negligencias por parte de algunos responsables.
La propia consejera de Emergencias dijo unos días después de la tragedia que no conocía la existencia del sistema ES-Alert hasta que alguien se lo mostró esa misma tarde.
Se conociera o no el sistema de alerta, la jueza considera que había muchas otras formas de alertar a la población: mensajes en televisión, radio o medios digitales “habrían sido igual de útiles”.
El fenómeno no fue imprevisto
La DANA, acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, lo que antes en España se conocía como “gota fría”, es un fenómeno meteorológico recurrente en la región mediterránea.
La del 29 de octubre fue de una brutalidad inusual.
Sin embargo “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, según la jueza.
Distintas agencias alertaron de la gravedad de la situación con “antelación suficiente”: la Agencia Española de Meteorología (AEMET) -lo hizo días antes y el mismo día-, la confederación hidrográfica regional -cuando registró la subida de los caudales de los ríos-, los medios de comunicación y el propio 112, el servicio de emergencias.
El 112, que recibió 19.821 llamadas ante la emergencia, se sitúa, además, en el mismo edificio que el Centro de Coordinación Operativo Integrado, conocido como Cecopi, el órgano de coordinación de emergencias regional.
Información había, sostiene la jueza. El problema estuvo en que “se ignorara, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”.
Valencia, recuerda Isabel Olmos, “ya tiene antecedentes de tragedias en las que las víctimas se vieron decepcionadas”.
Una de ellas fue la del accidente del metro de la ciudad en 2006, en el que murieron 41 personas.
“El gobierno de entonces, del PP, lo tapó todo, y la justicia lo tapó todo”, recuerda la subdirectora de “Levante”.
Tras la DANA, dice Olmos, “había una sensación decepcionante, un miedo a que vuelva a pasar, así que este empeño de la jueza reparadora, muy empática, ha devuelto la esperanza”.
Por Paula Rosas
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