Otro récord de Venezuela: denuncian que se quintuplicaron las torturas

CARACAS.- "En Venezuela la fuerza pública mata. Y mucho", según denunció la prestigiosa ONG de derechos humanos Provea en su informe anual difundido hoy. Y también tortura, muchísimo: de 109 víctimas de torturas en 2018 se saltó a las 574 del año pasado. Un récord tras otro récord para la revolución bolivariana de la "suprema felicidad".

Sus fuerzas represivas quintuplicaron las torturas, coincidiendo con el desafío lanzado por el Parlamento democrático y por el presidente encargado, Juan Guaidó , contra el régimen liderado por Nicolás Maduro , según las investigaciones llevadas a cabo por Provea.

El terror sin fin de Venezuela no parece encontrar límites: 23 de las 574 víctimas murieron por culpa de las torturas y los malos tratos. Entre ellos el capitán Rafael Acosta, asesinado en la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el mayor centro de torturas del continente.

"El capitán fue torturado el 26 de junio, precisamente el día que se celebra el día contra la tortura. Lamentablemente sabemos que los responsables de estos hechos no fueron sancionados", dijo Inti Rodríguez, investigador de Provea, al presentar el informe.

"Es una cifra récord, por primera vez en nuestra historia registramos más de 500 casos de torturas, víctimas de estos delitos contra los derechos humanos. Constituye un 526% de aumento en comparación con 2018", añadió.

En los seis primeros años del gobierno de Maduro, desde 2013 a 2019, se demostraron 1170 casos de torturas, la mitad solo el año pasado. Un aumento sideral que no solo se descubrió con las torturas: en 2019 se registró un aumento del 1359% en el número de heridos y lesionados en el contexto de manifestaciones y protestas.

En esta ocasión Provea no solo luchó contra las embestidas del gobierno, que la amenaza de forma constante, sino también contra el miedo en el seno de la sociedad venezolana. "Las personas tienen mucho temor para denunciar, también hay desconfianza en las instituciones del Estado, más la censura y el hostigamiento contra los medios, que les impide publicar muchas de las situaciones que ocurren. Tampoco hay información oficial sobre lo que ocurre. Pese a todo esto registramos una cifra récord", sentenció Rodríguez.

El demoledor informe de Provea vuelve a develar la impunidad en la que se manejan las fuerzas militares y policiales del gobierno. El último dato conocido por sus investigadores también es escalofriante: entre enero y mayo de este año, en medio de la pandemia y la "cuarentena radical" ordenada por Maduro, 1324 personas murieron por la intervención de la fuerza pública.

Por cada policía fallecido hay 94 civiles muertos. Uno de cada tres de los asesinatos ocurridos en este tiempo fue provocado por policías o militares.

"La naturaleza del conflicto venezolano está cambiando durante el estado de alarma, Maduro está aprovechando el contexto para aumentar los mecanismos de control", subrayó Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.

Precisamente dentro de este mecanismo se produjo la detención de Nicmer Evans, antiguo dirigente chavista y hoy opositor de izquierda que apoya la causa democrática de Guaidó. Al politólogo le dio tiempo para dejar varios mensajes antes de que la policía política le detuviera por "instigación al odio".

"Yo fui chavista, pero nunca para esto. Nunca para atentar en contra de la gente. Hubo un engaño, un fraude. En base a ese fraude convoco a la gente a que nos unamos en función del restablecimiento de la democracia. Espero verlos pronto", subrayó Evans. Los agentes de seguridad mantuvieron secuestrada a su familia durante cuatro horas, hasta su entrega. Evans dirige el medio Punto de Corte, reconocido por sus denuncias de la corrupción del régimen.

Se trata de un caso más contra dirigentes opositores en el mismo país que entre 2010 y 2018, bajo Hugo Chávez y Maduro, 23.688 personas murieron por la acción de las fuerzas de seguridad.

Según el abogado Keymer Ávila el 69% de los casos ocurrieron entre 2016 y 2018. La gran mayoría de estas víctimas de los policías y militares, subrayó, son "jóvenes menores de 30 años, de piel oscura y de clase baja".