Venezuela: por qué es una dictadura y las instituciones no funcionan

El informe de Bachelet denunció ejecuciones, torturas y violaciones
El informe de Bachelet denunció ejecuciones, torturas y violaciones Fuente: Reuters
Daniel Lozano
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26 de agosto de 2019  • 17:09

La Venezuela opositora y antichavista asiste perpleja a la defensa de la revolución bolivariana, realizada por Alberto Fernández, cuando no han transcurrido todavía dos meses de la publicación del informe de Michelle Bachelet. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desnudó no sólo las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y violaciones sexuales por motivos políticos, también la persecución cruel contra opositores y críticos (15.000 detenciones arbitrarias durante los últimos cinco años, de las que casi 9.000 sufren procesos penales), la multiplicación del número de presos políticos (522, entre ellos 109 militares) y la represión salvaje contra quienes protestan (en torno a 135 asesinatos durante las manifestaciones de 2017 y más de medio centenar en lo que va de año).

"Bajo la definición de Fernández, Cuba tampoco sería una dictadura. De hecho, bajo su definición no hay prácticamente ninguna dictadura en el mundo. En la dictadura más longeva de África, en Guinea Ecuatorial, Obiang lleva 40 años ganando elecciones y hay asamblea y tribunales", resumió el analista Francisco J. Monaldi.

No sólo en Cuba se celebran elecciones (de partido único, el Partido Comunista Cubano) y también hay instituciones. También Alberto Fujimori accedió al poder tras ganar las elecciones. En Venezuela, tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro accedió al poder en 2013 con una mínima ventaja de 200.000 votos sobre Henrique Capriles, bajo la polémica de las impugnaciones solicitadas por la oposición. El "hijo de Chávez" contó con todo el aparato del Estado, los fondos públicos, el imperio audiovisual chavista y el control de una parte de los colegios electorales para imponerse en unas elecciones muy polémicas.

Cinco años después, en las presidenciales de 2018, ni siquiera hubo polémica: la oposición decidió no participar ante la inhabilitación de sus principales líderes; el manejo arbitrario del Consejo Nacional Electoral (CNE), en manos de cuatro militantes revolucionarias; la ilegalización de partidos opositores; las irregularidades de la convocatoria y del padrón electoral; y el abuso de los mecanismos de control social impuestos por el gobierno en medio de la peor crisis vivida en el país petrolero. La victoria fraudulenta de Nicolás Maduro, frente al exgobernador Henri Falcón (antiguo chavista, disidente en ese momento de la oposición) y un pastor evangélico cercano al poder, no fue reconocida ni por la oposición, ni por organizaciones civiles ni tampoco por 50 naciones de continente y de Europa.

Las dos primeras afirmaciones de Fernández caen así por su propio peso, pero la tercera "(las instituciones funcionan porque "formalmente hay una Asamblea y tribunales") sirve para profundizar aún más en la tragedia venezolana. La única institución legítima, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), sufre el acoso y derribo del poder revolucionario desde el mismo día de la victoria electoral opositora en diciembre de 2015. Ni una sola de las leyes aprobadas se ha puesto en marcha, ante el supuesto desacato inventado por el Palacio de Miraflores. Sus diputados son todavía perseguidos: dos de ellos permanecen en prisión (el vicepresidente legislativo, Timoteo Zambrano, y el diputado Juan Requesens); una veintena en el exilio y cuatro refugiados en embajadas extranjeras en Caracas.

Los principales arietes contra el Parlamento democrático son el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El primero es presidido por Maikel Moreno, antiguo policía político acusado de dos homicidios, y una buena parte de sus magistrados fueron elegidos de forma ilegal y anticonstitucional durante las Navidades de 2015. Desde hace una docena de años, el TSJ no ha sentenciado ni una sola vez contra el gobierno.

Los jueces al frente de los distintos tribunales o son militantes chavistas o simplemente cumplen las órdenes políticas de la revolución. Un ejemplo: desde 2014 más de 800 civiles fueron procesados por tribunales militares, desoyendo la Constitución. El último condenado, a casi seis años de cárcel, es el sindicalista Rubén González.

La ANC es la versión bolivariana de la Asamblea de Cuba y del Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa: un órgano revolucionario puesto en marcha para reemplazar al Parlamento democrático. Al menos un millón de votos fueron introducidos de forma fraudulenta en las urnas el día que se votó a sus delegados, según Smartmatic, la empresa encargada del proceso. Pese a que la Constitución detalla que la ANC sirve exclusivamente para redactar una nueva Constitución, nada se sabe de la Carga Magna transcurridos dos años de su elección.

El resto de los poderes están repartidos entre personas de confianza de Nicolás Maduro, desde el fiscal Tarek William Saab (elegido ilegalmente por la ANC) hasta el contralor Elvis Amoroso, un buen amigo de la pareja presidencial. Del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, poco se sabe al margen de sus peticiones para la libertad de "El Chacal" Ilich Ramírez. De las torturas, violaciones o asesinatos, no sabe, no contesta.

  • Daniel Lozano es un periodista español que vive en Venezuela y escribe para LA NACION desde Caracas desde 2010

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