Tras su remontada histórica, Lula se enfrentará a su mandato más desafiante

BRASILIA.– Luiz Inacio Lula da Silva consiguió un cuarto mandato y una remontada inédita: desde 1997, cuando fue implementada la posibilidad de reelección, ningún candidato había revertido una derrota en la primera vuelta presidencial. Pero la paradoja es más profunda. Lula conservó el Palacio del Planalto mientras la derecha amplió su poder en el Congreso y los gobiernos estaduales. Ganó la presidencia, pero no una mayoría para gobernar.

En una América del Sur que viene castigando a los presidentes que ocupan el poder, la victoria de Lula no equivale a una aprobación entusiasta de la gestión. El presidente consiguió unir a quienes lo identifican con la protección social y a quienes temían el retorno del bolsonarismo al poder.

Esa combinación ganó la elección, pero no asegura respaldo para dar continuidad a lo que Lula hizo hasta acá. En la misma línea, la derrota de Flavio no desactiva las demandas legítimas que lo impulsaron: costo de vida elevado, endeudamiento alto, inseguridad y cansancio con la política.

La elección también revela una asimetría entre liderazgo y organización política. Lula conserva una competitividad que su partido no consigue reproducir. La federación partidaria encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo 88 diputados, frente a los 121 del derechista Partido Liberal (PL).

La izquierda no solo enfrenta el avance de la derecha, si no que también depende en gran medida del desempeño de un dirigente de 80 años. La victoria de Lula aplaza la sucesión, pero no la resuelve.

En Brasil, la distancia entre ganar la presidencia y controlar el poder es estructural. El presidente necesita al Congreso para gobernar, mientras los legisladores controlan una porción creciente del presupuesto y ganan autonomía política. Partidos de centro y centroderecha, como União Brasil, PP, PSD, Podemos, Republicanos y MDB podrán negociar pautas específicas con Lula, pero no se convertirán por eso en partidos oficialistas.

La derecha, por su lado, no necesita ocupar el Ejecutivo para mantener su agenda conservadora vigente: puede bloquear iniciativas en el Congreso, impulsar proyectos propios y obligar al gobierno a negociar a la defensiva. El dilema no es simplemente conseguir aliados, sino determinar el precio de cada acuerdo. Una coalición reducida puede paralizar la agenda de gobierno, mientras que una alianza demasiado amplia puede vaciarla de contenido.

Lula tiene experiencia para negociar, pero el nuevo equilibrio institucional le exigirá seleccionar las batallas a dar. Distribuir cargos y recursos ya no basta cuando los socios pueden imponer condiciones sobre el rumbo del gobierno.

La economía convertirá las restricciones en decisiones concretas. El mercado proyecta una deuda bruta del 87% del PBI en 2027. Lula pretende preservar la protección social, promover inversiones y obras públicas, avanzar con el proceso de reindustrialización y recurrir a concesiones privadas para mejorar la infraestructura en áreas como rutas, transporte ferroviario, puertos y aeropuertos.

La viabilidad de esa agenda económica dependerá de las tasas internacionales y los precios de las materias primas de exportación. El conflicto comienza ya en cómo financiar esas iniciativas. Contener la deuda exige escoger qué gastos van a crecer, qué beneficios se revisan y quién contribuye más. La restricción fiscal es, ante todo, un problema de distribución de costos políticos.

Algo similar ocurre con la agenda laboral. Reducir la jornada sin bajar salarios persigue un objetivo social, pero sus costos varían según el tamaño y la productividad de las empresas. Para implementarla, el gobierno deberá negociar plazos, compensaciones y reglas de transición. La popularidad de una medida no elimina las dificultades de implementarla.

La seguridad pública expondrá otra frontera del poder de Lula. El crimen organizado no respeta límites geográficos, pero las policías y buena parte de la responsabilidad operativa dependen de los gobernadores.

Lula, por su lado, propone ampliar la coordinación federal y combatir las finanzas de las organizaciones criminales. Deberá hacerlo con gobernadores que, en muchos casos, pertenecen a la oposición. El resultado no se medirá por la cantidad de anuncios ni por la dureza del discurso, sino por una reducción perceptible de la violencia en las calles.

Para la Argentina, un cuarto mandato de Lula significa continuidad en la defensa del multilateralismo y del Mercosur, sin mejora en el diálogo con Javier Milei.

La relación política se deterioró durante la campaña, pero la interdependencia comercial y energética persiste. El desafío será impedir que el conflicto entre presidentes perjudique intereses económicos que exceden a ambos. Las elecciones argentinas de 2027 agregarán incertidumbre a esa convivencia, aun con una tendencia preliminar de reelección de Milei.

Finalmente, Lula tendrá que enfrentar una contradicción personal: su liderazgo es el principal activo electoral de la izquierda y también una de las razones por las que cuesta imaginarla sin él.

Formar un sucesor competitivo implica ceder visibilidad y protagonismo, algo que no combina con las reglas básicas del poder. Su cuarto mandato se medirá también por la capacidad de dejar una organización menos dependiente de su figura.

Lula derrotó a su adversario, no a las fuerzas conservadoras que lo hicieron ser competitivo. La elección le dio continuidad en el poder, pero no licencia para la inmovilidad. La prueba de su último mandato será convertir una victoria personal en capacidad institucional para gobernar y en un futuro político que no dependa exclusivamente de él.

Leandro Gabiati es doctor en ciencia política por la Universidad de Brasilia y director de la consultora Dominium.

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