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Tras la violencia, los "chalecos amarillos" cambian de sede en una París militarizada
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LA NACION
PARIS (AFP)-. Miles de policías se desplegaron este sábado en Francia en una nueva jornada de protestas de los "chalecos amarillos", en un clima de tensión por el temor a que se repitan los disturbios y saqueos del pasado fin de semana en París. Esta vez, los enfrentamientos ocurrieron en el sur del país, con Niza como epicentro, mientras que en la capital hubo multas y detenciones tras la prohibición de manifestarse en los Campos Elíseos.
En París , varios "chalecos amarillos" comenzaron a congregarse por la mañana en la plaza de Trocadero, frente a la Torre Eiffel, en calma. Otros se reunieron en la plaza Denfert-Rochereau, desde donde partió a las 13 un cortejo de varios cientos de manifestantes que atravesará toda la capital de sur a norte, hasta Montmartre.
Las autoridades prohibieron realizar manifestaciones en un gran perímetro del oeste de la capital, incluyendo la turística avenida de los Campos Elíseos, donde el sábado pasado desvalijaron varias tiendas de lujo, quemaron kioscos de periódico y destrozaron escaparates.
Decenas de vehículos de la policía, incluyendo camiones blindados y cañones de agua, estaban desplegados alrededor del Arco del Triunfo, que domina la emblemática avenida.
"Existen razones serias para pensar que se pueden repetir la violencia y los daños" del sábado pasado, justificó el nuevo jefe de la policía de París, Didier Lallement, cuyo predecesor fue destituido tras los desmanes de hace una semana.
Hacia el mediodía, 31 personas habían sido detenidas en París por haberse congregado en este perímetro y 15 fueron multadas. Las multas en caso de participar en una manifestación sin autorización pasaron esta semana de 38 (43 dólares) a 135 euros (152 dólares) para disuadir a los manifestantes.
Pero la medida más controvertida fue el anuncio del despliegue "reforzado" de militares. Los soldados de la operación antiterrorista Sentinelle (que cuenta con 7000 efectivos desplegados por todo el territorio desde los atentados de 2015) fueron movilizados para proteger edificios públicos.
Esta iniciativa permitirá a las fuerzas de seguridad "concentrarse en el mantenimiento del orden", explicó un vocero del gobierno.
El anuncio desencadenó una polémica y la oposición denunció una "sobrepuja" del gobierno. Unas declaraciones del viernes del gobernador militar de París aludiendo a la posibilidad de que los soldados "disparen" sirvieron para echar más leña al fuego.
Para calmar la polémica, el presidente Macron denunció un "falso debate" e insistió en que el ejército no está a cargo del orden público.
Su ministro del Interior, Christophe Castaner, quien fue cuestionado tras las violencias del sábado pasado, prometió "cero impunidad" para los autores de destrozos e instó al nuevo prefecto de policía a aplicar las consignas "sin dudas ni medias tintas".
Tensión en el sur
Además de París, Niza, Burdeos y Toulouse, en el sur del país, escenarios de concentraciones a menudo más multitudinarias que las de la capital, también prohibieron manifestaciones en varias zonas clave.
En Niza, decenas de personas ataviadas con chalecos amarillos desafiaron a las autoridades y se congregaron en una de las principales plazas de la ciudad, pero fueron rápidamente rodeados por la policía.
Seis personas fueron detenidas en esa ciudad mediterránea, en donde se reunirán los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y su par chino, Xi Jinping , el domingo.
La Liga de Derechos Humanos denunció la ordenanza, considerándola "un ataque grave a la libertad de manifestación".
Aunque la aprobación de los "chalecos amarillos" entre la opinión pública está en fuerte descenso (-8 puntos desde el vandalismo del sábado), aún no se vislumbra ninguna salida a la crisis.
El movimiento, que nació en noviembre ante el hartazgo social y fiscal, mutó en una contestación proteica, sin líderes claros, y no se calmó con el "gran debate nacional" lanzado por Emmanuel Macron para responder a los reclamos de los franceses.
Este gran debate, que dio lugar a más de 10.000 reuniones en todo el país sobre temas tan diversos como el poder adquisitivo, la fiscalidad, la salud o la educación, concluyó la semana pasada, y ahora el gobierno debe hacer propuestas.
LA NACION
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