Un dramático informe revela la brutal represión de las fuerzas chavistas

Si algo nada en la abundancia en medio del desabastecimiento venezolano es la muerte y la violencia. Y sobre todo las balas de las fuerzas de seguridad. Según reveló ayer un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la criminalidad y la seguridad ciudadana, las ejecuciones extrajudiciales, con la venia del Estado, suman el 20% de los miles de asesinatos cometidos en el país.

El informe hace responsable a las autoridades de la situación de violencia endémica que sufre Venezuela, por acción y omisión: el Estado no solo es altamente ineficaz para contener los índices de asesinatos entre particulares -denuncia el documento-, sino que contribuye activamente a alimentar la desenfrenada hoguera de muerte con políticas deliberadamente represivas.

Centrado en un período de 17 años, de 2000 a 2017, el estudio refuerza otras investigaciones previas que sitúan a Venezuela entre los países más violentos del mundo. Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes, supera a países atravesados desde hace años por la violencia urbana y criminal como El Salvador y triplica la tasa de homicidios de Brasil.

Los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro han puesto en práctica, según las conclusiones de AI, "medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia".

"Creo que parte de esa racionalidad bélica tiene que ver con haber puesto la seguridad pública en manos de los militares; 11 de los últimos 19 ministros a cargo de las políticas de seguridad en el país han sido militares. Los militares no están entrenados para proteger a los ciudadanos, sino para aniquilar al enemigo y proteger la soberanía nacional", dijo a LA NACION Mariana Fontoura Marques, directora de Política y Justicia Internacional de AI en la oficina de Buenos Aires, donde se presentó el informe.

Un análisis de los programas de seguridad elaborados desde 2002 hasta la actualidad reveló que mientras los planes de prevención fueron ignorados de entrada o desechados con rapidez, los que planteaban elementos represivos fueron ejecutados de forma constante.

"Los funcionarios del Estado, guiados por una racionalidad militar, emplearon la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularidad, y en algunos casos de manera letal e intencionada en el marco de los operativos de seguridad", denuncia el estudio, titulado "Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida de Venezuela". Y concluye: "El resultado es contundente: hay más de 8200 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2015 y junio de 2017".

Barriadas

Las poblaciones más vulnerables a la violencia criminal, la vista gorda del Estado y la lógica represiva de la policía y otros cuerpos armados han sido los más pobres, los que habitan en las barriadas populares de las zonas urbanas.

Son las mismas barriadas que el chavismo publicitó, durante sus años de auge, como beneficiarias de sus políticas de reivindicación social y redistribución económica, y que habían hecho del socialismo del siglo XXI el ejemplo a seguir por numerosos gobiernos de la región.

"No entiendo de dónde salen tantas balas -dijo María Elena Delgado, una vecina de Caracas citada en el estudio-. A veces se cae a tiros de un cerro a otro. A una vecina mía le mataron a sus tres hijos varones. Otra vecina perdió a dos hijas por balas perdidas. Esto no es vida. Cuando a uno le matan a un hijo, matan a la familia entera".

El relevamiento de AI en el terreno, con testimonios de vecinos y familiares, despeja algunos de los interrogantes sobre el origen de esas balas que sobrevuelan barrios y siegan vidas inocentes. Por un lado están las millones de armas sin registrar en manos de delincuentes. Por otro están las armas de policías, guardias civiles, milicias, militares y otros cuerpos creados en los últimos años. Los mismos que también fueron llamados a reprimir las protestas del año pasado que exigían la transición democrática. Esa estrategia de "mano dura" considera a la delincuencia como el "enemigo interno".

"AI hace un llamado de atención sobre la impunidad que impera en los casos de violaciones de derechos humanos, la cual está estimada en 92% de los casos", insiste el estudio, al subrayar de esta manera la libertad para tirar a discreción de la que gozan las distintas fuerzas de seguridad chavistas.

La represión está centrada en varones jóvenes y pobres. Y en general se da en un contexto de indefensión de la víctima, en un escenario completamente ajeno a la confrontación, los tiroteos o la resistencia a la autoridad. Todo lo contrario. Se da en la casa de la víctima, en el marco de operativos y otras incursiones de las que se tiene poca información.

"Los casos emblemáticos que relevamos muestran que los disparos se realizaron en el tórax, el cuello y el pecho, con la intención de matar, con la persona arrodillada o acostada -dijo Fontoura Marques-. Muchas veces esas ejecuciones tienen lugar en las casas de las víctimas. Entran y les disparan en situación de extrema vulnerabilidad y en presencia de las familias".

Una estrategia de mano dura

Responsabilidad

Según el informe de Amnistía Internacional (AI), el Estado venezolano "es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad de cientos de víctimas"

Escalada

Con los años, la situación "se agudiza en un círculo de violencia en el que la población parece estar atrapada sin salida"

Fuerza letal

El gobierno chavista ha hecho "un uso desproporcionado de fuerza, incluida letal, como respuesta y supuesta justificación de combatir la delincuencia"