Un juez conservador criticó el fallo nocturno que bloqueó nuevas deportaciones ordenadas por Donald Trump

WASHINGTON.– La Corte Suprema de Estados Unidos actuó “literalmente en medio de la noche” y sin una explicación suficiente al impedir al gobierno de Donald Trump deportar a cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, escribió el juez Samuel Alito -miembro del tribunal- en un categórico disentimiento que criticó a la mayoría de siete miembros del máximo tribunal de Estados Unidos, que tiene en total nueve jueces.

Acompañado por el también juez conservador Clarence Thomas, Alito señaló que había un “dudoso apoyo fáctico” para conceder la solicitud a una apelación de emergencia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Ese grupo argumentó que las autoridades de inmigración parecían estar actuando para reiniciar esas deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798.

La mayoría no proporcionó una explicación detallada de la orden emitida el sábado, como es habitual, pero la Corte había dicho previamente que las deportaciones solo podrían proceder después de que quienes estaban a punto de ser expulsados tuvieran la oportunidad de argumentar su caso en el tribunal y se les diera “un tiempo razonable” para impugnar sus deportaciones pendientes.

Alito afirmó en su nota de disentimiento, publicada horas después de la intervención de la Corte contra el gobierno republicano, que “tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de obedecer la ley”.

La breve orden de los jueces de la Corte Suprema impidió que el gobierno deportara a los venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet “hasta nueva orden de esta Corte”.

Alito agregó que el fallo “sin precedente” fue “otorgado apresurada y prematuramente”.

El magistrado escribió que no estaba claro si el máximo tribunal tenía jurisdicción en esta etapa del caso, diciendo que no se habían agotado todas las vías legales en los tribunales inferiores y que los jueces no habían tenido la oportunidad de escuchar la versión del gobierno.

“Los únicos documentos ante esta Corte Suprema fueron los presentados por los solicitantes. La Corte no había ordenado ni recibido una respuesta del gobierno respecto a las alegaciones fácticas de los solicitantes o a cualquiera de los problemas legales presentados por la solicitud. Y la Corte tampoco tuvo el beneficio de una respuesta del gobierno presentada en ninguno de los tribunales inferiores”, detalló.

Alito señaló que los documentos legales, “si bien alegaban que los solicitantes estaban en peligro inminente de ser expulsados, proporcionaban poco apoyo concreto para esa alegación”. Destacó que, aunque la Corte no escuchó directamente al gobierno sobre ninguna deportación planificada bajo la ley de enemigos extranjeros en este caso, un abogado del gobierno en un asunto diferente había dicho a un tribunal federal de distrito en una audiencia el viernes por la noche que no se planeaba que tales deportaciones ocurrieran el viernes o el sábado.

“En resumen, literalmente en medio de la noche, la Corte Suprema emitió un fallo sin precedente y legalmente cuestionable sin dar a los tribunales inferiores la oportunidad de pronunciarse, sin escuchar a la parte opositora, dentro de las ocho horas de recibir la solicitud, con un dudoso apoyo fáctico para su orden, y sin proporcionar ninguna explicación para su orden”, escribió Alito. “Me negué a unirme a la orden de la Corte porque no teníamos una buena razón para pensar que, dadas las circunstancias, emitir una orden a medianoche fuera necesario o apropiado. Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de acatar la ley”.

El gobierno presentó documentos instando a la Corte Suprema a reconsiderar su suspensión.

El viernes pasado, dos jueces federales se negaron a intervenir al tiempo que los abogados de los inmigrantes lanzaban una desesperada campaña legal para evitar su deportación. Anteayer, la Corte Federal de Apelaciones del 5° Circuito también se negó a emitir una orden protegiendo a los detenidos de ser deportados.

La ACLU ya había presentado un recurso para frenar las deportaciones de dos venezolanos detenidos en la instalación de Bluebonnet y buscó una orden que prohibiera las expulsiones de cualquier inmigrante en la región bajo la ley de enemigos extranjeros.

En la petición de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de ser miembros del grupo criminal Tren de Aragua, lo que los hace sujetos al uso de la ley por parte de Trump.

La ley de enemigos extranjeros solo se invocó tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a civiles japoneses-americanos en campos de internamiento. El gobierno sostiene que les da el poder de expulsar rápidamente a los inmigrantes que identificaron como miembros de aquella pandilla, independientemente de su estatus migratorio.

Tras la orden unánime de la Corte Suprema el 9 de abril, jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes prohibiendo la deportación de detenidos bajo la ley hasta que el gobierno proporcione un proceso para que puedan presentar reclamos en la corte.

Pero no se había emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que está en el extremo norte del estado.

Algunos venezolanos sujetos a la aplicación de la ley por parte de Trump fueron enviados a El Salvador y encarcelados en la prisión Cecot (Centro del Confinamiento del Terrorismo) del país centroamericano.

Agencias AP y DPA

LA NACION

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