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Un reto que pone en riesgo al gobierno
MADRID.-Mariano Rajoy se encontró ayer, a 13 meses de su asunción, ante el primer reto que pone seriamente en riesgo su permanencia en el poder. A pesar de que su mandato fue, en este primer tramo, tan rico en dificultades como en promesas, nunca, como ayer, su nombre había aparecido en una lista negra, ni tampoco asociado en forma directa con un caso de corrupción económica y moral.
El diario El País, a través de una portada que quedará en la historia -esta vez, en beneficio de su exitosa trayectoria-, logró poner en jaque al presidente con la única noticia que no quería, aunque temía, recibir.
El estallido, en pleno enero, del "caso Bárcenas" había estremecido al Partido Popular (PP) y a la reputación de "partido limpio y profesional" de la que siempre había presumido.
Aun a pesar del escándalo que significó la existencia de una cuenta de 22,4 millones de euros en Suiza a nombre de su ex tesorero, el nombre del mandatario y de la actual conducción se habían mantenido a salvo del incendio social. Pero ese privilegio caducó ayer.
La sola mención del actual presidente junto al pago extra de 25.200 euros anuales es, de por sí, una seria conspiración contra la reserva de confianza que pudieron mantener en todo este tiempo quienes lo votaron.
Más allá del hecho repudiable en sí mismo de cobrar un sobresueldo en negro, la revelación en este actual contexto de crisis sólo aumenta el malestar social, en especial para un presidente que hizo de la austeridad una de sus principales banderas.
Rajoy cobró extras de cerca de 2100 euros mensuales, un hecho irritante para una sociedad en la que, hasta principios del año pasado, el 57% de la población activa y no desocupada era considerada "mileurista", es decir, con un salario bruto inferior a 1100 euros. Esto, por supuesto, con el conocido agravante de que el 26% de la población activa, casi 6 millones de personas, se encuentra directamente al margen del mercado laboral.
No obstante, Rajoy no será el único desafiado. La sociedad española también tiene ante sí, desde ayer, una dura prueba en la que demostrará su nivel de tolerancia hacia la corrupción.
En caso de comprobarse que esos ingresos ilegales pertenecen al presidente, quedará por saber si el pueblo español se rebelará contra los abusos del poder o si este presunto pecado presidencial se sumará a la lista de las promesas quebradas -y permitidas- de no subir los impuestos, de no recortar subsidios por desempleo o de reactivar la economía.
Las primeras reacciones ya hablan de un cambio: no sólo la tirada de El País se agotó de inmediato, como hacía mucho tiempo no sucedía, sino que la indignación se manifestó como pocas veces en las redes sociales e, incluso, frente a la sede central del PP.
Esos son apenas dos indicios, pero podrían multiplicarse si este punto de no retorno en la imagen del actual gobierno pudiera serlo, también, en la paciencia de la ciudadanía española.
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