Una deuda de arrastre que no despeja todas las dudas

Alejandra Conti
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16 de noviembre de 2019  

Ocho años después de recuperada la democracia en Chile, Augusto Pinochet seguía siendo el comandante en jefe del Ejército. Cuando dejó ese cargo, en 1998, asumió como senador vitalicio, una maniobra prevista en la Constitución que él mismo había establecido para establecer una "democracia protegida", una democracia tutelada por los militares.

Pinochet dejó el poder absoluto para convertirse en un actor político más. Se podía dar ese lujo porque no hubo en Chile un repudio contundente de la sociedad hacia el exdictador. Al contrario, aún era admirado por millones de chilenos. La estabilidad económica condicionaba positivamente el humor social.

El politólogo Carlos Huneeus señaló en su momento que Pinochet contaba con un 25% de aprobación popular, y esto explica muchas cosas, principalmente, por qué ninguno de los gobiernos que lo sucedieron convocó a cambiar la Constitución.

Es más, cuando en octubre de 1998 fue detenido en Londres por pedido del entonces juez español Baltasar Garzón, el gobierno de Eduardo Frei, en lugar de dejar que el tema siguiera los carriles diplomáticos habituales, intervino para pedir consideración a Londres y Madrid por las consecuencias que podría tener la detención en la transición. Finalmente fue liberado en febrero de 2000, tras lo cual viajó de regreso a Chile donde fue recibido como un prócer. Pasarían varios años hasta que las revelaciones sobre las cuentas bancarias secretas en Estados Unidos (el caso Riggs) determinaran por fin la caída en la popularidad de Pinochet.

Corset

En otras palabras, mucho después de 1990 Chile siguió siendo un país tutelado por la dictadura, en el que la derecha en general y los militares en particular seguían teniendo poder. Se trataba de una democracia semisoberana, como dice Huneeus, regida por una Constitución que, a pesar de las reformas que se le aplicaron en 1989 y 2005, siguió siendo un corset para que la sociedad no dejara de ser lo que era. Porque el defecto de la ley suprema chilena no es sólo la ilegitimidad de origen, lo que ya es mucho, sino el sistema de cristalización de clases sociales que impone.

¿Por qué hizo falta tanto tiempo para que por fin se pudiera hablar de cambiar radicalmente la Constitución heredada de Pinochet y Jaime Guzmán, su ideólogo?

Por cuestiones ideológicas y circunstancias políticas, quizás no cabía esperar demasiado de los primeros gobiernos de la Concertación encabezados por Democracia Cristiana. Tanto Patricio Aylwin como Eduardo Frei gobernaron bajo la lupa de los militares y una sociedad civil que en buena parte los extrañaba y estaba conforme con la situación económica. Descontamos que Sebastián Piñera no tuvo ningún interés en modificar un sistema con el que sentía y siente afinidad.

En los casos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, plantear la idea de un cambio de la Constitución habría significado una apuesta peligrosa. Dos presidentes socialistas, con la carga simbólica que esta última palabra tiene en Chile, no quisieron arriesgar más de lo estrictamente necesario.

Hizo falta este estallido social para que la clase dirigente chilena acepte a regañadientes modificar el instrumento legal que tantos beneficios y privilegios le ha reportado.

El analista político argentino Daniel Zovatto, que vive actualmente en Santiago de Chile, advierte sobre algunas dificultades a tener en cuenta. "La reforma clave es que el Estado deje de ser subsidiario para tomar un rol activo en las políticas sociales. Sin embargo, el Estado chileno recauda el 20% del PBI, lo que es muy bajo. Con eso no se puede hacer política social".

Histórico como es, el acuerdo de anteanoche siembra dudas sobre cómo se llevará a cabo y si los chilenos tendrán paciencia con los tiempos de la clase política.

*La autora es periodista y politóloga

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