Zapatero responde a ETA con una ofensiva policial

MADRID.- Un día después de que ETA anunciara un nuevo alto el fuego, las fuerzas de seguridad de Francia y España capturaron ayer a Iraitz Gueselaga, el presunto "cerebro informático" del grupo armado vasco, sospechoso además de instruir a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela.

El arresto del etarra, detenido en la localidad francesa de Ciboure, fronteriza con España, constituye una respuesta contundente del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, al anuncio de cese del fuego que hizo la organización separatista anteayer.

Recibido con escepticismo, el alto el fuego fue rechazado por el Ejecutivo y la mayoría de las fuerzas políticas españolas por "insuficiente".

El propio Zapatero justificó el rechazo al afirmar que lo único que espera de ETA "es su disolución" y que abandone en forma definitiva la violencia, que causó 825 muertos desde fines de los 60.

Gueselaga era el encargado de la seguridad informática de ETA y, como tal, desarrollaba los programas de encriptación que usa la organización separatista para proteger sus archivos y su documentación interna, informó el Ministerio del Interior.

El joven, de 27 años, considerado uno de los mejores expertos informáticos de ETA, era además el autor de las últimas innovaciones de la banda en disciplinas como la esteganografía (ocultamiento de mensajes) y la criptografía.

Según la policía, su detención supone un "importante golpe" para ETA y para su capacitación en cuestiones informáticas, "ámbito que tiene una gran importancia para el funcionamiento interno de la banda y el enlace entre sus miembros".

En la Operación Linux, la policía también arrestó a la novia y presunta colaboradora de Gueselaga, identificada como Itxaso Urtiaga. La joven, que tiene 21 años y estudia filosofía, fue detenida en la localidad vasca de Zarautz, en el norte de España.

Durante los últimos años, el grupo vasco ha declarado una decena de treguas, pero anteayer fue un paso más lejos y aseguró que su alto el fuego era permanente, general y verificable por parte de la comunidad internacional.

Sin embargo, el Ejecutivo español recalcó que la decisión no es suficiente, ya que ETA no entregaba las armas ni tampoco anunciaba su disolución. Zapatero descartó cualquier negociación y declaró que no aceptaba condiciones impuestas por el grupo armado.

En esa misma línea, el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que ETA hacía gala del "mismo tono arrogante de siempre" porque mantenía una serie tradicional de demandas en su declaración de tregua.

"Dicho de otra manera, ETA sigue pretendiendo que se pague un precio por el fin de la violencia", declaró Rubalcaba anteanoche.

Específicamente, la organización terrorista establece como condición sine qua non para el fin de la violencia que se resuelvan "las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación" en el País Vasco.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, afirmó ayer que las dos detenciones demuestran que, pese al anuncio de tregua, los cuerpos de seguridad no bajan la guardia en la lucha contra ETA.

Los arrestos acreditan "la coherencia" del mensaje que el Ejecutivo ha defendido en este sentido, añadió el funcionario.

La Guardia Civil cree que Gueselaga y su compañera viajaron en 2007 o 2008 a Venezuela, con el objetivo de adiestrar allí a miembros de las FARC en métodos informáticos para encriptar documentos.

Las sospechas se basan en unos papeles que le fueron incautados en su momento al jefe político de ETA, Francisco Javier López Peña, alias "Thierry", cuando éste fue detenido en el sur de Francia en 2008.

La conexión venezolana

En sus investigaciones sobre el grupo armado vasco, la justicia española sigue desde el año pasado pistas que conducen a Venezuela.

En octubre de 2010, dos presuntos etarras declararon ante el juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno que, en 2008, recibieron entrenamiento en suelo venezolano a manos del también presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, a quien las autoridades de España consideran el enlace entre el grupo armado vasco y las FARC en América latina.

Esto llevó al gobierno español a solicitar a Caracas la extradición de Cubillas, quien reside en Venezuela desde que fue deportado a aquel país en virtud de un convenio bilateral en 1989. El presunto etarra, que tiene nacionalidad venezolana, es funcionario del Instituto de Tierras (INTI) del Ministerio de Agricultura de ese país.

El caso causó fricciones diplomáticas entre España y Venezuela, ya que otro juez de la Audiencia Nacional en Madrid, Eloy Velasco, acusó previamente al gobierno de Hugo Chávez de amparar una alianza entre las FARC y ETA.

En marzo, Velasco ya había dictado un auto de procesamiento contra Cubillas, a quien relaciona con seis asesinatos etarras, así como contra otros cinco presuntos miembros de ETA y siete guerrilleros de las FARC por pedir ayuda al grupo armado vasco para atentar contra altos funcionarios colombianos en España, entre ellos, los ya ex presidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana.

Por Agencias DPA y AP

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