El Gobierno aprobó una profunda reforma en el sistema de calificación de películas: “Un decreto que da libertad”
Se establecieron nuevas categorías, muy parecidas a las que rigen en los Estados Unidos; se convalidan las calificaciones de los países de origen de cada film y queda derogado el Comité Asesor encargado hasta ahora de esa tarea
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LA NACIONMarcelo Stiletano
A través de un decreto presidencial publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno instrumentó la reforma más amplia de las últimas décadas en materia de calificación de las películas que se proyectan en los cines de nuestro país.
La medida deja sin efecto el régimen vigente desde 1984 y disuelve la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, encargada en las últimas cuatro décadas de otorgar la calificación y el certificado obligatorio de exhibición de cada película para su estreno en las salas.
El nuevo sistema deja en manos exclusivas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) la decisión de calificar las películas a partir de una división de categorías distinta a la actual y a la vez muy parecida a la que rige en los Estados Unidos y otros países.
La intención del Gobierno es liberar al Estado de la tarea de calificar las películas y reemplazarlo por una “homologación automática” de las calificaciones establecidas en cada uno de los países de origen de los títulos que se estrenan en los cines argentinos.
“La homologación de las calificaciones otorgadas por organismos extranjeros constituye una alternativa razonable y eficiente que permite optimizar el sistema sin menoscabar la protección del público ni alterar la regulación de los contenidos cinematográficos”, señala el decreto.
El Gobierno justifica la decisión en el hecho de que la inmensa mayoría del cine estrenado en la Argentina es de origen extranjero (sobre todo estadounidense) y “resulta conveniente admitir la validez de las calificaciones” otorgadas en su país de origen. Pero a la vez reserva para el Incaa la facultad de “adecuarlas a los criterios nacionales cuando corresponda” y modificar de oficio determinadas calificaciones “por razones de orden público”.
El nuevo ordenamiento, que entrará en vigencia en los próximos 60 días, fija las siguientes categorías: Audiencia General (G), Supervisión parental sugerida (SP), Restringida para menores de 13 años (R-13); Restringida para menores de 17 años (R-17), y Solo apta para mayores de 18 años de exhibición condicionada (C).
Este sistema reemplaza al que estuvo vigente durante las últimas cuatro décadas, dividido en películas aptas para todo público, solo aptas para mayores de 13 años, solo aptas para mayores de 16 años y solo aptas para mayores de 18 años, con el agregado de la advertencia “con reservas” para las películas aptas para mayores de 13 y 16 años.
A partir de ahora, las películas de calificación G y SP serán consideradas adecuadas para personas de todas las edades, pero en el caso de la calificación SP “se recomienda la orientación y supervisión de personas adultas dado que ciertos contenidos pueden no ser apropiados para niños pequeños”.
Las películas restringidas a menores de 13 y 17 años contienen material que puede ser inadecuado para menores de esas dos edades sin la supervisión de uno de sus padres. Y los títulos solo aptos para mayores de 18 años están autorizados “únicamente a un público mayor de edad” y son “de exhibición exclusivamente condicionadas”.
Una de las grandes novedades del nuevo régimen es que habilita a los menores de edad presenciar en compañía de alguno de sus padres o tutores cualquiera de las exhibiciones cinematográficas autorizadas con la única excepción de las películas calificadas como de exhibición condicionada, a las que solo tendrán acceso los mayores de 18 años.
“Deja de ser el Estado el que dice qué podés ver sino que ahora lo hará la gente que te quiere y que vela para que crezcas sano y curioso. En definitiva un Decreto que da libertad”, dijo en su cuenta de X (ex Twitter) el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al comentar extensamente el decreto y acompañarlo con elogios al presidente del Incaa, Carlos Pirovano, “que está haciendo una gestión extraordinaria para devolverle libertad a la cultura”.
Para el Gobierno, la responsabilidad primaria “sobre el control, orientación y supervisión de los contenidos audiovisuales a los que acceden los menores de edad recae en sus padres, madres y/o tutores” y el Estado ejerce un rol complementario, que a los efectos prácticos de las nuevas normas equivale a dictar normas complementarias y fijar la obligación de incluir una placa informativa previa a cada proyección con la mención de la calificación completa de la película.
El decreto también señala que cuatro décadas después de la aplicación del sistema actual, establecido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, las categorías y los criterios establecidos en la reglamentación vigente hasta ahora “quedaron desactualizados” y que es necesario “adecuarlos al principio de autonomía progresiva y a estándares internacionales vigentes”.
El cambio más fuerte en ese sentido es la eliminación de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas. Participaban en esa tarea tres funcionarios públicos (designados en representación del Incaa, del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Desarrollo Humano), tres religiosos (un representante de la Iglesia, uno del culto israelita y uno de las confesiones cristianas no católicas), un licenciado en Psicología, un crítico cinematográfico y un abogado propuesto por el Ministerio del Interior. La Comisión funcionaba hasta ahora en tres salas y cada una de ellas tenía la misma conformación de nueve integrantes.
Sturzenegger mencionó a Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, al justificar los cambios. “Hasta el Decreto la calificación de las películas las hacía, sí, aunque Ud. no lo crea un comité donde había un representante de la Iglesia. Vivíamos en la película de Tornatore. Ese comité hoy desaparece y se elimina la veeduría estatal para películas para mayores”.
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