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Incentivos para el cine: estas son las vías alternativas para financiar películas que la Argentina podría aplicar
La industria nacional podría aprender de los casos de EE.UU., España, Brasil y Francia
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Cuando llegue fin de año, desgraciadamente, volveremos a hablar de un balance calamitoso en términos de venta de entradas del cine argentino. Y también se volverá a discutir (cada vez menos) por qué sucede esto y llegaremos, mutatis mutandis, al viejo dilema cuasi shakesperiano: subsidiar o no. Muchos dirán que sí y esgrimirán como motivo la defensa de la cultura nacional, del arte, de las expresiones vivas de nuestra identidad nacional y quizás –esperemos– de elementos menos abstractos y emocionales. Otros muchos, con prosa talibana, declararán que “con la nuestra, no”, y quizás repitan la opinión de un expresidente respecto de la calidad de la producción autóctona. Pero, en general, y esta es la mayor tragedia, a poca gente le va a importar de verdad qué hacemos con el cine nacional. Cerremos, de todos modos, este párrafo apocalíptico: hay cosas buenas que pueden hacerse y motivos para empezar a discutir medidas concretas.
La primera gran pregunta, la que articula toda opinión posterior, es si vale o no la pena tener un “cine nacional”. Es discutible desde lo abstracto, desde las posiciones ideológicas. Pero no desde las económicas y pragmáticas: casi todos los países desarrollados saben que la industria audiovisual es estratégica por varios motivos.
En principio, produce o puede producir material exportable con valor agregado (ese santo grial que tanto mentan nuestros industrialistas en entrevistas televisivas). En segundo lugar, difunde el país, funciona como publicidad y, bien hecho, es un atractor de inversiones. En tercer lugar, permite el desarrollo de otras industrias y de esquemas financieros virtuosos.
Por eso es que países como Francia, España, Brasil o varios estados de los EE.UU. tienen herramientas importantes para favorecer la industria audiovisual y asociarse en su existencia. Spoiler: pocas de esas herramientas se aplican o se han aplicado en la Argentina, donde siempre se optó por el subsidio directo basado en un esquema de precalificación, en un libre arbitrio que impidió que actores alejados del audiovisual se asociaran en la producción e hicieran crecer la industria.
Antes de ver algunos de estos esquemas, una opinión. Como suele pasar en la Argentina, la protección (a veces, basada en entelequias ideológicas) de lo excepcional impide cambios. Cuando el actual gobierno cambió el acceso a los subsidios, el tout-cinéma vernáculo dijo que eso impedía la aparición de un cine independiente, pequeño, de riesgo y que el nuevo esquema solo favorece a la producción industrial. Por un lado, es falso. Por el otro, no es posible tener una industria sin productos industriales. No existe cine independiente, de autor, de riesgo en un país en el que no hay un cine “generalista”, entretenimiento para el no especialista, masivo. De lo que vende lo último vive lo primero. Y por último, si un cine solo puede vivir porque el Estado pone el dinero, no es en absoluto independiente: ¿o acaso va a criticar a quien paga las cuentas? Tarea para el hogar: pensar en eso a la hora de analizar el rechazo gigante del público local a las películas propias, incluso a las mejores (y sí, con honrosas excepciones, que permiten mantener viva la esperanza).
Los modelos
Ahora veamos sistemas alternativos. En España, quizás el más interesante y probablemente reproducible, hay un sistema de ayudas directas del ICAA (el Instituto de cine español) para las películas masivas que puede alcanzar al 50% del costo de producción, con un límite de entre 1,2 y 1,5 millones de euros. Subrayemos “masivo”. Luego, hay un sistema selectivo para óperas primas y cine experimental con ayuda similar. Pero luego viene el más interesante: el incentivo fiscal. Hay un crédito fiscal de hasta el 30% de devolución para el primer millón gastado en España, y un 25% para el resto del gasto. Aunque en España el crédito fiscal no se vende ni se transfiere de forma directa como un título público, puede cederse el derecho a su deducción a través de contratos de financiación (art. 39.7 LIS) o AIE, que le permiten contar con cash al productor audiovisual. Este mecanismo tiene, además, ajustes para llegar también a coproducciones. Algo más preciso sucede en algunos estados de los EE.UU. como Georgia, que ofrece a quienes rueden en su territorio hasta un 30% de crédito fiscal que es transferible a un privado como un certificado o una letra que se negocia a cambio de dinero fresco.
El caso francés es diferente. Sostenido por un impuesto sobre las entradas (lo mismo pasa en España) que es del 10,72%, tiene tres mecanismos. Uno es sobre el desempeño de una película: una devolución que el Estado le da al productor por cada entrada. Pero ese dinero queda en una cuenta que solo puede usarse para producir más audiovisual. Y luego, el crédito impositivo del 30% (hasta el 40% si tiene efectos especiales importantes realizados en Francia) para producciones internacionales. Por otro lado, en Francia las plataformas de streaming tienen la obligación de invertir entre el 20 y el 25% de sus ingresos en ese país en producción audiovisual francesa.
Por último, Brasil tiene un fondo propio del Estado que se emplea en producción, pero a cambio el Estado se vuelve socio directo, un coproductor más. También hay créditos fiscales: a empresas y particulares que pongan dinero en producir películas se les permite deducir ese fondo del Impuesto a la Renta, uno de los más “pesados” del esquema tributario brasileño. Y de paso, hay un incentivo al distribuidor internacional: está exento del impuesto a la remesa de utilidades si utiliza el 70% de ese ahorro en la producción local.
Son medidas integrales: favorecen mecanismos de inversión, incentivos para que inviertan actores ajenos al cine y desarrollo de industrias locales (filmar en Georgia mueve catering, construcción, logística y un largo etcétera). Sobre todo, obliga a los productores cinematográficos a aprender cómo vender sus productos, buscar socios, crear nuevos circuitos. En ninguno de los casos citados, salvo concursos u óperas primas (y muy excepcionalmente), el Estado se hace cargo de la producción completa de una película. Y no regala el dinero: invierte. Lo que otorga por un lado, se cobra por otro, sea de modo directo por la comercialización de una película (Brasil), sea por los negocios que se desarrollan alrededor de la producción (EE.UU. y España), sea por el propio movimiento del audiovisual que incluye como actores centrales a las plataformas (Francia). Sería bueno que la Argentina, que ha cambiado bastante su sistema –ya no se puede usar el subsidio Incaa para pagar sueldos y solo cubre hasta el 50% de la producción–, vea que vale la pena desarrollar incentivos al cine. Y que hay alternativas más virtuosas que regalar dinero por amor a la patria.
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