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El Perro, la jauría, la ley y el otro orden de las cosas
El Perro es una de las tantas salas alternativas porteñas. Queda en una esquina de la Paternal. Como otros tantos teatros de su tipo y como sucedió (y sucede) con tantos otros centros culturales independientes fue clausurado varias veces por motivos diversos ligados a la habilitación, sus normas y sus particularidades. Sin necesidad de entrar en detalles legales, algunas decisiones tomadas por los organismos de control parecen haber tenido un dejo de sobreactuación (término bastante apropiado cuando se trata de un teatro). Por ejemplo, una de las veces que se clausuró El Perro, sala en la que entran no más de cincuenta espectadores, a un señor se le ocurrió que agentes de la policía debían permanecer las 24 horas del día (y su noche) cuidando que nadie entrara al teatro. Otro señor le aplicó una multa de 170.000 pesos a una sala en la que hoy, por ejemplo, se presenta un espectáculo cuya entrada cuesta 80 pesos.
Finalmente, después de reclamos de todo tipo, a fin del año pasado El Perro volvió a abrir sus puertas. ¿Fin de la película? No. El tiempo de lo legal tiene sus propios tiempos, sus propias lógicas. De hecho, esta semana un juez, el doctor Gustavo Adolfo Letner, desestimó la mayoría de las faltas y "eximió al teatro de cualquier sanción, pena o multa", según hicieron saber desde El Perro. ¿Cayó entonces, definitivamente, el telón de esta especie de comedia de enredos regida por articulados legales y sus interpretaciones? No. Ahora el equipo de El Perro y Abogados Culturales anunciaron que presentarán una demanda contra el gobierno de la ciudad como manera de defender a la actividad escénica, a las mismas leyes que regulan a la actividad, como una forma de sentar precedente.
Por Alejandro Cruz
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