La bonaerense

Se llamaba Adrián Gagliardi, tenía 26 años y trabajaba en la sucursal Tribunales del Banco Río. Al caer la noche del 18 de diciembre pasado, decidió cenar fuera de casa y se lo comunicó a su madre, antes de que ella se pusiera a cocinar.

La mujer ya frisaba los sesenta y tenía la expresión de quien arrastra una añeja viudez, aunque en realidad Eugenia Tomarello era divorciada; su marido la había abandonado hacía más de dos décadas y desde entonces vivía con el único hijo de su matrimonio. Ambos habitaban una casa ubicada en la calle Luis María Drago 1648, en Villa Adelina.

Aquella noche, ella volvió a insistir con la cena. Pero el muchacho no le contestó. Parecía nervioso y apurado; estaba listo para salir y no encontraba las llaves del auto.

-Están acá, nene- dijo doña Eugenia, señalando la mesita ratona del living.

El dibujó un gesto de alivio, tomó el llavero y se encaminó hacia la puerta.

-No me esperes, viejita. Vuelvo tarde; voy a una cena de fin de año con la gente del banco- dijo, besándola en la frente, y después salió.

Afuera caía una lluvia torrencial.

Doña Eugenia miró el reloj en la pared. Las manecillas marcaban las 22. En ese instante sobrevino algo inesperado: una frenada, voces algo enardecidas, entre ellas la de su hijo, y el sonido de llantas mordiendo el asfalto mojado. Ella se lanzó hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar algo que la sobresaltó aún más: el sonido de un disparo.

La mujer salió unos segundos después. La lluvia la azotó en la cara y la visión de la tragedia, en los ojos. El Volkswagen Gol de su hijo estaba cruzado sobre la vereda. La puerta del conductor semiabierta dejaba ver el cuerpo de Adrián, caído hacia adelante, abrazado al volante. Tenía el tórax teñido de sangre. Ya había muerto. Al darse cuenta, Eugenia Tomarello lanzó un grito tan visceral como inútil: nadie acudió en su auxilio. La calle estaba desierta.

Cinco horas después, en un edificio situado en la avenida Maipú 1864, en Vicente López, el ascensor subió hasta el piso 21. De la cabina emergió una silueta encorvada. Arrastró los pies por el pasillo oscuro y se detuvo ante la puerta del departamento 6. Introdujo la llave en la cerradura con la dificultad que confieren unas copas de más.

Mientras volvía a cerrar la puerta con una vuelta de Trabex, Alberto Gagliardi se dijo a sí mismo que ya no estaba para esos trotes. No se refería a los excesos gastronómicos y etílicos que venía cometiendo en los festejos de fin de año. Más que brindar por un año mejor, Gagliardi ahora solía levantar su copa para huir de la realidad inmediata.

Estaba metido en un asunto del que no tenía idea cómo salir bien parado; lo que al comienzo había brillado como un negocio redondo terminó desembocando en una pesadilla repleta de complicaciones legales, rayanas con el delito. También sabía lo poco beneficiosa que era para su situación la calaña de sus compañeros de expediente: dos ex máximos jerarcas de la Bonaerense, ahora caídos en desgracia. Ellos lo habían llevado hasta ese laberinto. Sin ir más lejos, cinco días antes había tenido que vérselas varias horas con un juez.

Antes de acostarse, oprimió la tecla del contestador automático. Entonces escuchó la voz de su primera esposa.

Fue un mensaje escueto, aterrador:

-Vení lo más rápido que puedas. Adrián esta muerto... Mataron a nuestro hijo...

Los medios se ocuparon poco del asesinato. Tal vez amortiguó su interés la repercusión periodística que obtuvo, dos días después, el nombramiento de Luis Lugones como interventor civil de la Bonaerense. A partir de ese instante, el flamante funcionario aplicó una cirugía mayor, exonerando a una multitud de comisarios y descabezando el organigrama operativo de la fuerza.

La respuesta de los desplazados no tardó mucho. A pocas horas de haber asumido la intervención civil, manos anónimas comenzaron a emitir radiogramas falsos a todas las comisarías. Paralelamente, el personal de un gran número de comisarías comenzaba a trabajar, digamos, a reglamento. Tomaban denuncias, pero no hacían nada más al respecto.

En vísperas de la Navidad, en La Plata, un grupo comando asaltó una peluquería ubicada frente a la Legislatura. Bajo los secadores estaban las cabezas de varias diputadas. La investigación manejó la hipótesis de que los autores del hecho fueron policías decididos a intimidar al poder político.

Esa misma noche fue profanado el cementerio israelita de La Tablada y, siete días más tarde, el de Ciudadela. No hubo esvásticas pintadas, como si los autores, en una franca demostración de fuerza, hubieran querido dejar en claro que no eran nazis sino policías.

Entre los proyectos disuasivos de los exonerados también parece haber estado contemplada una lista de posibles víctimas de atentados futuros. Un informe de inteligencia detectó que en ella figuraba el nombre de Emilie Schindler. Ahora, la viuda del empresario alemán que salvó del holocausto nazi a miles de judíos tiene custodia permanente en su casa de San Vicente.

Las acciones clandestinas alcanzaron al propio gobernador Eduardo Duhalde. En la madrugada del 7 de enero, manos anónimas se alzaron con algunas armas de su custodia que estaban apiladas en el sótano de la casa de Pinamar del eterno candidato. Los drásticos cambios impulsados por Duhalde en la fuerza de seguridad de su provincia habían comenzado a tener secuelas.

Tamaño aluvión delictivo hizo que la investigación por la muerte de Adrián Gagliardi fuera virtualmente archivada entre los casos no resueltos.

A mediados de la década del 40, Alberto Gagliardi era un chico flaco y no muy alto. Pertenecía a un hogar de clase media; su padre era un pequeño comerciante y su madre, ama de casa. Ambos se llamaban igual: Francisco y Francisca. De la mano de ella entró en la vida de Alberto alguien que seguiría relacionado con él por siempre.

El niño Norberto Padilla era huérfano. Había perdido a sus padres en un accidente antes de cumplir los cuatro años. Al principio quedó al cuidado de unos parientes lejanos, pero éstos no parecían muy dispuestos a hacerse cargo de él por más tiempo; un destino de asilo acechaba su futuro. Sin embargo, el pequeño poseía una personalidad vivaz y no tardó en ganarse el afecto de los Gagliardi, de quienes era vecino. En especial, logró conquistar el corazón de doña Francisca, que lo convirtió en una especie de hijo adoptivo.

El chico dejó de parecer el personaje de una novela victoriana para pasar a ser el protagonista de un milagro argentino. Empezó a vivir en la casa de sus protectores compartiendo una habitación con Alberto, que le llevaba cinco años. Tuvo, también, una escolaridad sin contratiempos.

Norberto permaneció en la casa de los Gagliardi hasta los 17 años. A esa edad definió su vocación: ingresó en la Escuela de Oficiales Juan Vucetich.

Alberto, a quien todos llamaban Cacho, ensayaba sus primeros pasos en el periodismo. Primero, como locutor suplente de una emisora de radio y, luego, como integrante del equipo de locutores de El rotativo del aire.

Como periodista -se especializó en automovilismo- solía conseguir entradas para altos oficiales de la policía o para sus hijos. Esto lo ayudó a obtener contactos. En sus aceitadas relaciones con el mundo policial también tuvo influencia su hermano adoptivo.

Norberto Padilla había progresado en la vida. Con el correr de los años, el niño huérfano se había convertido en un poderoso comisario general. Escaló todos los peldaños de su carrera, imponiendo siempre el fuerte peso de su personalidad. Cuando, en los últimos días de 1991, el comisario Pedro Klodczyk asumió la jefatura máxima de la fuerza de seguridad más importante del país, lo secundaba su amigo y estrecho colaborador Norberto Padilla, a quien sus colegas apodaban cariñosamente "el Borracho".

Hoy, Padilla ocupa su retiro administrando una red de estaciones de servicio de la que es el principal accionista. Posee, también, varias propiedades en la localidad bonaerense de Lima. Se dice que, junto al ex comisario Mario Rodríguez (a) Chorizo, es protagonista de reuniones de policías exonerados. Esos cónclaves tienen por objeto monitorear los pasos de la intervención civil y organizar acciones de presión contra las nuevas autoridades.

El comisario Domingo Lugos, sucesor de Padilla en la subjefatura durante la gestión de Adolfo Vitelli, también encabezaría algunas de esas reuniones. También el ex secretario de Seguridad, Alberto Piotti, capitanearía algunos encuentros. Varias de esas reuniones tuvieron lugar en el restaurante Tahoma, situado en Fondo de la Legua, entre Bogado y Gorriti.

Al ojo de los investigadores tampoco se le escapó la sombra de los ex comisarios Mario Naldi y Miguel Angel Rebollo. El primero estaría activo en la zona de Martínez, donde hace algunos años ejerció la titularidad de la División Norte de Narcotráfico, mientras que Rebollo, quien fue jefe de la estratégica División Islas, que controla el Delta, estaría actualmente haciendo relevamientos y visitando a viejos amigos en la zona, con la cobertura de una agencia de seguridad privada de la que es propietario.

Los conjurados cuentan con información de primera mano. Según lo descubrieron las nuevas autoridades civiles, el teléfono de Claudia Herrero, la esposa de Lugones, fue intervenido las semanas previas al nombramiento de su marido. La vía técnica para chupar esa línea fue un sofisticado equipo destinado en principio a la Unidad Especial que investiga el atentado a la Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina), pero no les fue entregado a tiempo: habría sido retenido por el ex secretario de Seguridad, Carlos Brown.

-Che, Mono, vos que tenés llegada, ¿me podrías arreglar una cita con el comisario Padilla?

-¿Para qué?- inquirió Gagliardi.

-Es por un negocio: equipos de comunicaciones para la policía. En una de ésas les interesa, ¿no?- respondió su interlocutor con un dejo casual.

El periodista lo meditó unos segundos.

-Bueno. Voy a ver qué se puede hacer...

Durante la primavera de 1992, el diálogo tuvo lugar en una confitería situada en Lafinur y Libertador. El hombre que compartía una mesa de la vereda con Gagliardi era Juan Enrique Bracht.

Se habían conocido cinco años antes en un stand de La Rural, durante una exposición de autos antiguos. Bracht tenía algunos autos de colección y, según testigos, la primera charla entre ambos giró en torno de ese tema. De entrada, a Gagliardi le impresionó que ese muchacho, con sólo 27 años, regenteara una mesa de dinero en la City. Desde entonces, tuvieron algunos encuentros esporádicos, siempre relacionados con la afición que compartían por los autos, hasta que esa tarde de septiembre Bracht lo citó por teléfono para impulsar aquel asunto.

Dos días después, Gagliardi se encontró con su hermano postizo en el despacho que éste ocupaba en la Jefatura. El trato fue familiar y distendido. Cacho -apodo que Gagliardi conservaba entre sus íntimos- abordó el tema que lo había llevado a La Plata.

El Borracho, tras escuchar atentamente con el entrecejo fruncido, miró a Gagliardi, y le dijo:

-Está bien. Con saber de qué se trata no se pierde nada. Pero este tema lo maneja Gusmeroti, director de Comunicaciones. Tu hombre tiene que hablar con él, ¿entendés?

A mediados de octubre de 1992, Pedro Klodczyk recibió en su despacho a su director de Comunicaciones, el comisario Héctor Gusmeroti. El tipo tenía un propósito concreto: convencerlo acerca de las ventajas de pactar una compra de equipos con el grupo francés Sofremi/Alcatel.

En realidad, el pacto ya había sido pergeñado por el mismo Gusmeroti, quien acababa de regresar con su mujer de París, donde había cerrado un acuerdo preliminar con los directivos de esa firma, cuyas siglas significan: "Sociedad Francesa de Exportación del Ministerio del Interior". Tal vez Klodczyk ni se acordó de que se trataba de la misma empresa a la que el ministro Julio Mera Figueroa había intentado otorgar la confección de unos nuevos DNI, operación que terminó precipitando la ruidosa caída del funcionario.

El agente de enlace entre el grupo francés y sus posibles clientes no era otro que Juan Bracht, en representación de Crusel SA, una empresa de gestión de negocios y asesoramiento en colocaciones de dinero con sede central en Montevideo, Uruguay. Se trataba de un negocio de proporciones faraónicas: 40 mil equipos individuales de comunicación y un sofisticado sistema de microondas para las unidades regionales. Eso sí, a Klodczyk le pareció desorbitado el monto de la oferta: 110 millones de dólares.

Gusmeroti insistió, y a Klodczyk no le costó demasiado ceder.

Eduardo Pettigiani, un antiguo militante de Tacuara, ex juez federal y por entonces a cargo de la secretaría de Seguridad bonaerense, analizó el asunto. Era consciente de que el presupuesto policial no contaba con ese dinero, pero le siguió dando vueltas a la cuestión hasta que vislumbró la solución: endeudar a la provincia mediante un empréstito externo equivalente a la suma de esa inversión. Para eso, claro, se necesitaba sancionar una ley.

De eso se encargaría el vicegobernador Rafael Romá.

La mañana del 30 de diciembre de 1992, el segundo del gobernador Eduardo Duhalde llegó a la Legislatura bonaerense con una puntualidad calculada. Con rictus severo, anunció sin rodeos el tema a tratar. Fue la primera sorpresa del día; los legisladores no tenían ni idea acerca de los equipos que la Bonaerense quería comprar. En ese momento se enteraron de que el proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, donde también había sido votado de apuro. Esa fue la segunda sorpresa.

Un senador pidió entonces una copia del proyecto votado en la Cámara baja. La respuesta de Romá fue aún más desconcertante:

-Primero hay que votar. Después cada uno tendrá su copia-dijo, sin mover un sólo músculo de la cara.

La frase provocó el desbande. En medio de una guerra de insultos, acusaciones cruzadas y conatos de pugilismo, el bloque radical se retiró del recinto. De todos modos, la ley fue votada sobre tablas, pero sin el despacho de la comisión a que obliga el reglamento de la Cámara. Apercibidos de ese error, los legisladores duhaldistas no tuvieron problemas en salvarlo mediante un recurso aún más grosero: falsificaron la versión taquigráfica del Diario de Sesiones de la Cámara. El asunto derivó en una denuncia penal efectuada por el senador Héctor Bertoncello, jefe del bloque radical.

Para los funcionarios duhaldistas, en cambio, se trató del emprendimiento más espectacular en materia de seguridad del gobierno provincial. Sin embargo, el proyecto resultó el primer escándalo político-policial de la era Duhalde.

Seis años después, un verdadero granizo de hechos delictivos precipitó el desastre policial. Hoy, a punto de iniciarse la segunda etapa de la reestructuración, la trama de la Bonaerense está llegando a sus picos máximos. La disolución de las Brigadas de Investigaciones y de divisiones como Sustracción de Automotores, que funcionaban como verdaderos bolsones de la corrupción, ha trastrocado todos los "arreglos".

Sólo por eso, la situación es caótica. Las bandas policiales han quedado acéfalas y el malestar de los exonerados no sólo se manifiesta mediante la acción organizada, sino también por medio de ajustes entre policías y ex policías contra otros policías y ex policías.

Cientos de uniformados pasados compulsivamente a la vida civil se han volcado de lleno al delito. Ellos saben mejor que nadie dónde conseguir armas y botines de dinero. Están en la cresta de la ola las mejicaneadas de ex policías contra delincuentes que antes protegían. Desprovistos de su condición policial, ya no pueden cobrar impuesto alguno, y entonces van directamente en pos de una carga de droga o de la recaudación de un asalto.

Los funcionarios de la intervención son conscientes del momento actual y no descartan que, en los próximos tiempos, la situación sea aún más cruda. Según ellos, no hay otro camino posible ni, por supuesto, marcha atrás. Pero la guerra interna de la policía no ha pasado aún de su fase inicial.

En tanto, muchos de los jefes relevados esperan a desgano el momento en el que tendrán que sentarse frente a los jueces. Pedro Klodczyk y Norberto Padilla no son una excepción. Padilla debe cavilar con frecuencia sobre la correlación de fuerzas de su prontuario. Acaso pueda tranquilizarse cuando concluye que hasta hoy no ha podido comprobarse su participación en muerte alguna ni otros delitos graves. Pero ese sosiego debe interrumpirse toda vez que Padilla recuerda su participación en el negociado de los equipos de comunicación. Entonces debe maldecir por la poca prolijidad con que se manejó en ese asunto.

Después de las gestiones iniciales por el contrato entre la policía y el grupo francés, Alberto Gagliardi y Juan Bracht no se volvieron a ver hasta un año después.

Se encontraron a comienzos de 1994. Bracht fue desgranando sus avatares más recientes; había estado en España desde marzo de 1993 hasta hacía pocos días. Había fracasado en todos sus emprendimientos y se encontraba al borde de la ruina. Pero no parecía amargado, y su actitud distaba de ser dramática. Curiosamente, mostraba confianza en sí mismo y, al parecer, tenía sus motivos.

-El asunto de los equipos de comunicaciones con la Provincia va bien encaminado- soltó finalmente.

Su mediación entre la firma francesa y la fuerza encabezada por Klodczyk estaba por dar frutos contantes y sonantes; aseguró que desde Francia le estaban por girar su comisión por haber llevado las negociaciones a buen puerto. Ese giro -sostuvo- también incluía parte de lo que le correspondía a cada uno de los involucrados, entre los que estaba Gagliardi, por haber ayudado a dar el puntapié inicial del negocio.

El periodista tragó saliva antes de preguntar:

-Y... ¿de cuánto serían esos beneficios?

-Mirá, para vos hay alrededor de 70 mil de los verdes. ¿Te parece bien?

A Gagliardi le brillaron los ojos.

-Pero antes me tenés que hacer un favor; bah... es un favor a todos: a los de la Jefatura y a nosotros...- agregó el lobbista con un dejo enigmático.

Esperó a que Gagliardi se lo preguntara, y continuó.

-Tenés que abrir por veinticuatro horas una cuenta en un banco que yo te voy a indicar. Los franceses van a girar una guita a tu nombre y vos la tenés que recibir. No es joda; son como 700 mil dólares.

A Gagliardi le volvieron a brillar los ojos, pero esta vez de pánico. Sin embargo, aceptó.

Durante 1994, la relación entre el comisario Pedro Klodczyk y Cirocco atravesaba una etapa celestial. Se habían conocido en la segunda mitad de los 80, pero recién ahora la amistad comenzaba a dar sus frutos. El policía estaba a punto de asociarse en la fábrica de bulones que Cirocco poseía en Avellaneda.

Cirocco, al borde de los 45 años, seguía viviendo en esa localidad bonaerense con su madre, en la casa familiar ubicada en Mariano Acosta al 900. No consiguió ingresar en la academía policial, pero el traspié vocacional no lo privó de la fascinación que siempre despertaron en él los uniformes azules. Por eso se sentía doblemente halagado por la amistad que le dispensaba Klodczyk. El jefe lo estimaba. Más de una vez lo dejó participar en operativos antidrogas.

Una noche, don Pedro lo llamó por teléfono:

-Oíme, Gordo-le dijo-: andá a verme mañana a la Jefatura. Si no estoy, hablá con Padilla, que está al tanto.

A la mañana siguiente, Cirocco entró en el despacho de Padilla, que parecía preocupado. El comisario fue directamente al grano; lo tomó del hombro y lo llevó hacia la ventana. Entonces le preguntó en voz muy baja:

-¿Vos podrías encargarte de recibir una guita que va llegar a la fábrica en un blindado?

Cirocco asintió con un cabeceo. Sólo entonces se percató de la presencia de un hombre semicalvo y entrado en carnes que había permanecido en silencio.

-Te presento a Cacho -dijo Padilla, y señaló a Gagliardi.

El periodista deportivo estaba nervioso, asustado.

Desde París, la Sofremi/Acatel ya había enviado los 700 mil dólares a la oficina montevideana de Crusel SA, a través del Banco de la Sociedad Francesa. El paso siguiente fue girar esa suma a Buenos Aires y depositarla en la cuenta temporal que Gagliardi había abierto en el Banco Credit Suisse. El periodista deportivo ya había pactado con los empleados de una sucursal el método operativo de la entrega del dinero, ideado por el propio Klodczyk.

-Todo tiene que ser lo menos aparatoso posible- había sentenciado el comisario durante un desayuno de trabajo.

El destino final del dinero debía ser la casa materna de Bracht, en Palermo. Pero no era conveniente que estacionara allí un camión blindado. Entonces al jefe se le ocurrió un atajo: llevar primero el dinero a un sitio alternativo, la bulonera de Cirocco.

A la mañana siguiente, el dinero fue retirado del Credit Suisse en dos sacas que fueron cargadas en la caja de un camión blindado de la empresa Firme SA; a bordo iban dos custodios y Cirocco, que se había pertrechado como para ir a la Guerra del Golfo.

A las 11 en punto, la mole de metal azulado se detuvo frente al galpón de la bulonera. Sin perder un segundo, Cirocco y dos empleadas vaciaron el contenido de las sacas sobre un escritorio. Con movimientos algo torpes, contaron el dinero. Luego volvieron a guardarlo, esta vez en dos maletines tipo Primicia.

Entonces apareció Gagliardi. Estaba acompañado por un hombre corpulento, con cara de pocos amigos; era el comisario Juan Borgnia, por esos días secretario privado del subjefe Padilla. Este lo había enviado para supervisar el traslado del dinero.

Tras esconder los maletines debajo del asiento del Renault 11 de Gagliardi, los dos hombres se metieron en el vehículo, que se alejó lentamente de la bulonera. Llegaron a Palermo Viejo y sin dificultad encontraron la casa de la calle Gorriti al 4967. Allí los esperaba Juan Bracht. Borgnia comenzó a observar en derredor, mientras Gagliardi buscaba dónde estacionar.

El periodista deportivo se bajó del auto con los dos maletines; de cada mano le colgaban 350 mil dólares. Borgnia, que lo vigilaba desde el coche, lo vio desaparecer tras un portón. Al rato, el portón se volvió a abrir y Gagliardi, ahora con las manos vacías, se instaló en el asiento del conductor. Regresaron a la provincia.

Gagliardi, Borgnia y Cirocco nunca más se volvieron a ver, aunque todos fueron debidamente recompensados. En el caso de Cirocco, su comisión fue de 10 mil pesos. Se los llevaron a la fábrica tres semanas después. Era la mañana del 18 de julio. Ese día fue memorable: coincidió con uno de los actos terroristas más sangrientos de la historia argentina, el atentado contra la Amia.

En octubre de 1997, la amistad entre Klodczyk y Cirocco había terminado de la peor manera. Cirocco dijo que el ex comisario entró en pánico tras la detención de su mano derecha, el comisario Juan José Ribelli, presunto partícipe necesario en la voladura de la mutual judía. Su reacción inmediata fue despojarlo de su parte en la fábrica de bulones, no quería hacerse cargo de algunos de sus bienes.

Ribelli fue apresado en julio de 1996, pero la desesperación de Cirocco por hablar parece haberse disparado luego del asesinato de José Luis Cabezas. El empresario de Avellaneda había guardado silencio por una década. Al romperlo, lo hizo con estruendo. La cercanía temporal del affaire de los 700 mil dólares con el atentado de la calle Pasteur hizo que Cirocco amasara la idea funesta de que ese dinero había tenido algo que ver con aquel episodio. Por ese motivo, en octubre declaró ante el juez Galeano.

Fue en el despacho de la calle Comodoro Py donde comenzó a sospecharse que el pasamanos de dinero que tuvo lugar en la fábrica de Avellaneda estaba vinculado con la cuestionada compra de equipos de comunicación franceses.

Semanas después, el 7 de noviembre pasado, Cirocco repitió su declaración ante la jueza Silvia González, de Lomas de Zamora. A partir de ese testimonio, la jueza abrió una investigación contra Klodczyk por enriquecimiento ilícito, evasión impositiva, lavado de dinero y posible cohecho. La bulonera de la que el comisario había llegado a ser socio fue sindicada como centro operativo de todos esos delitos.

A don Pedro se le aceleraron los tiempos y debió salir del silencio. Se comunicó por teléfono con Alberto Gagliardi. En un escueto llamado, le dijo:

-Preparate, porque seguro que la jueza te va citar.

El periodista deportivo telefoneó a Juan Bracht para transmitirle las novedades.

La citación judicial no tardó en llegar. Gagliardi se declaró ante la jueza González, el 13 de diciembre, por más de seis horas. Sus dichos no habían dejado bien parado a quien fuera el todopoderoso jefe de la Bonaerense. Al enterarse del testimonio, don Pedro se la habría jurado al viejo periodista.

Cinco días después, tres desconocidos diapararon en la axila de su hijo Adrián, en la puerta de su casa. La causa fue caratulada como "homicidio y tentativa de robo", pero es un secreto a voces que el crimen fue una venganza policial.

La muerte de Gagliardi fue el preludio de una sinfonía macabra. Quince policías bonaerenses murieron durante enero último, contra veintisiete en todo el año pasado. Entre ellos está el comisario Julio Palermo, virtualmente fusilado en su dormitorio, y el cabo Carlos Bogarín, cuyo auto fue interceptado por un motociclista, al estilo de los sicarios colombianos. En tanto, el comisario Gustavo Rossi fue herido en la calle y el cabo Rubén Sueldo, baleado mientras paseaba en auto con su mujer, murió de un tiro en la frente.

Por Por Ricardo Ragendorfer

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