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La marca del autoritarismo
Aunque hayan transcurrido catorce años de ejercicio democrático, la sociedad argentina debe enfrentar aún unos cuantos resabios de autoritarismo. Pese a que, afortunadamente, son cada vez menos frecuentes las muestras de intolerancia, de cuando en cuando la prepotencia viene a debilitar la armonía social, con su franco desdén por toda forma de pluralismo. Son gestos de prepotencia que tajean el rostro terso de la democracia con la violencia de un navajazo.
No sólo en el terreno estrictamente político se quiebran las más básicas normas de convivencia. Esta semana, dos episodios pertenecientes al mundo del espectáculo pusieron de manifiesto ese espíritu oscurantista, primero en el campo televisivo y luego en el de la música popular.
Ayer, las tapas de los diarios recogieron como una de las principales noticias de la jornada la ratificación judicial de prohibir la presentación en Olavarría del grupo Los Redonditos de Ricota. La decisión de los camaristas vino a corroborar el criterio del juez Francisco Chueca y no hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la representante de la agrupación. Fue un modesto triunfo del intendente radical, quien de un plumazo había decidido la cancelación del concierto que iba a tener como escenario al club Estudiantes.
La desproporcionada medida del intendente Helios Eseverri tuvo un efecto impensado: mereció la unánime reprobación de sectores a menudo inconciliables del oficialismo y la oposición. Carlos Brown, secretario de Seguridad bonaerense, quiso aventar rápidamente los fantasmas que en la mitad de la semana comenzaron a acechar al titular del Palacio Municipal: "El gobierno provincial tenía previsto todo para que estos recitales pudieran concretarse sin inconvenientes", precisó el hombre de Duhalde. Pero Eseverri no confió en las huestes policiales _ni imaginó un esquema de prevención para evitar eventuales desbordes_ y estampó su firma en un decreto que cerró las puertas del estadio a las doce mil personas que habían comprometido su presencia.
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De un modo menos ruidoso, el miércoles Alfredo Casero puso en pantalla la última emisión del ciclo Cha cha cha. Con mucha franqueza, el humorista reconoció que en los últimos tiempos el programa no había alcanzado los necesarios puntos de rating para mantenerse en el aire. Sin embargo, la decisión de la gerencia de programación de América estuvo precedida por una campaña de desprestigio impulsada por la Fundación del Mañana, en presunta defensa de los valores cristianos.
El sketch que perturbó a los miembros de la fundación fue _se sabe_ el que tenía como protagonista a un sacerdote mediático, Peperino Pómoro, que con bastante inocencia _y a veces con escasa fortuna, en términos estrictamente artísticos_ se tomaba en solfa el discurso de algunos curas durante ese segmento tradicional del cierre televisivo que han sido los momentos de meditación.
El personaje que tanta inquietud sembró en el ánimo de la fundación no mereció, sin embargo, reparo alguno de los organismos representativos del sentimiento de la comunidad cristiana. En ese sentido, la Comisión Episcopal para los Medios de Comunicación Social, que desde hace tiempo preside monseñor Casaretto, ha venido dando abundantes señales de su espíritu de convivencia y ha exhibido una saludable adecuación a los nuevos tiempos, sin por eso resignar parte alguna de su inmensa (y siempre bienvenida) tarea pastoral.
Pero los integrantes de la fundación no buscaron abrigo, esta vez, en las autoridades eclesiásticas. Su lenta prédica quiso disparar al corazón de los avisadores, que de a poco fueron restándole su apoyo comercial al programa de Casero. Había precedentes, claro está: en septiembre de 1994, la Cámara Argentina de Anunciantes había insinuado a sus integrantes que no respaldaran con avisos la puesta en pantalla de La marca del deseo, una miniserie de alto voltaje erótico que _curiosidades del azar mediante_ acaba de ser relanzada precisamente esta semana, casi treinta y seis meses después de aquel tormentoso episodio. Son todos programas _conviene precisarlo_ cuya emisión se produce fuera del horario de protección al menor.
Los dos hechos tienen un rasgo en común: han nacido en el impulso de quienes blandieron sus espadas flamígeras en presunta defensa del bien común, arrogándose la representación de un amplio sector de la comunidad. La prohibición del concierto de Los Redondos, un flagrante ataque a las libertades individuales (incluido el derecho a la libre expresión) exhibe algo más: las flaquezas del mecanismo institucional que debería proteger la seguridad pública en todo el territorio de la Nación.
