¿Usted le daría a cuidar su perrito a Cruella de Vil?

Toda ley de radiodifusión concebida y promulgada en nuestro país hasta el momento lleva la firma de algún militar: Justo, Farrel, Perón (no es un detalle menor recordar que lo hizo durante su segundo gobierno, elegido por las urnas), Lanusse y Videla. Y hubo otros dos generales que convocaron a licitación para la creación y reprivatización de canales de TV: Aramburu, que en 1958 firmó el decreto que posibilitó luego el nacimiento (ya durante el gobierno democrático de Frondizi) de los canales 9, 11 y 13, y Bignogne, que en 1982 alentó la devolución de esas señales a manos particulares, pero el proceso se trabó y sólo la primera volvió a la órbita privada (cosa que Alfonsín debió ejecutar a regañadientes, en mayo de 1984, al principio de su mandato).

Veamos ahora qué movimientos trascendentales hicieron los civiles en la misma materia. En primer lugar, el denominador común que los une es su filiación a un mismo tronco partidario (el peronismo, aunque desde facciones antagónicas); lo segundo es que tomaron en esta área decisiones cruciales completamente contradictorias entre sí, a saber: en 1974 Isabel Perón, alentada por José López Rega, confiscó los canales 9, 11 y 13; en 1989, Carlos Menem privatizó los dos últimos, y en 2005 Néstor Kirchner les regaló graciosamente diez años más de licencia a emisoras de radio y TV. El miércoles último, Cristina Kirchner, en el comienzo de la adelantada campaña electoral para la renovación legislativa, presentó un abultado manojo de papeles con la promesa, tras noventa días de debate, de enviar al Parlamento una ley que ahora se llamará "de servicios de comunicación audiovisual".

Y esto es todo, grosso modo. El año próximo se cumplirán tres décadas desde que el dictador Jorge Rafael Videla estampó su firma en la ley de radiodifusión todavía vigente. Los últimos 25 años, aun con graves avatares, coincidieron felizmente con el período más largo de la historia argentina en plena vigencia continuada del sistema democrático. Sin embargo, en tan largo lapso, sólo se acumularon en el Congreso inútilmente muy diversos proyectos para reemplazar esa norma de corte autoritario y que el paso del tiempo, para colmo, desactualizó por completo.

Ignorancia, desinterés; presiones de multimedios para que se mantuviese el statu quo; temor de los políticos a ser castigados por esas empresas, cuyos intereses pudiesen ser afectados por eventuales reformas y, finalmente, el veto presidencial que Fernando de la Rúa impuso no bien asumió, en 1999, a una ley en la materia consensuada por el PJ y la UCR en el Congreso, nos dejaron siempre vergonzosamente enfoja cero en ese tema.

¿Era necesario cambiar la ley de radiodifusión tras el fin del Proceso? Era tan imprescindible que ya en la plataforma electoral de la UCR, en 1983, se prometía su "derogación inmediata", y no sólo por una cuestión meramente simbólica. En cambio, Alfonsín la mantuvo intacta durante toda su gestión. A partir de la llegada de Carlos Menem y hasta la actualidad, ese texto no ha dejado de ser emparchado hasta convertirse en un verdadero adefesio. Con esas debilidades y desórdenes legales como fondo se afrontó la mayor transformación tecnológica del sector en los últimos años, su parcial extranjerización y las vidriosas ventas y reventas de acciones de las compañías del área entre gallos y medianoche.

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Tiene elementos interesantes el borrador que acaba de presentar el oficialismo: por ejemplo, recupera algo también prometido y no concretado por Alfonsín, como es el control parlamentario (incluidas las opiniones de la primera y segunda minorías) del sector audiovisual y el reemplazo del incompetente Comfer por una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, aparentemente con funciones más concretas. También es loable la intención de regular el ámbito para que no haya monopolios, el fomento de la producción de contenidos educativos e infantiles, y que los medios estatales se transformen en públicos y no gubernamentales.

Luego, como el proyecto se ajusta a pie juntillas a todos y cada uno de los 21 puntos presentados al gobierno anterior, en 2004, por organizaciones sociales que forman parte de la Coalición por una Radiodifusión Comunitaria, combina buenas intenciones (más producción nacional, "tarifa social" del cable para los más humildes) con cierto candor (se reserva un 33% del espectro para entidades comunitarias, pero no se las obliga a un determinado nivel de profesionalismo con el que deberían emitir ni se especifica quién las sostendrá económicamente) y mucho intervencionismo estatal que se cuela ostensiblemente o en forma solapada en una parte sustancial de sus 148 artículos, en los que pierden los cables, ganan las telefónicas, sufren los derechos adquiridos y se tiende a atomizar las inversiones en un momento particular del mundo y del país, en que, al revés, se están autorizando fusiones para afrontar mejor la crisis mundial. En cuanto a la regulación de la publicidad oficial: bien, gracias.

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¿Quién no recuerda a Cruella de Vil, en las versiones animadas y con actores reales de la factoría Disney? ¿Verdad que no era muy convincente cuando simulaba simpatizar con los encantadores perritos de Anita y Roger? ¿Y verdad que todavía resultaba menos convincente que siempre estuviese enfundada en un tapado blanco con manchas negras, muy sospechosamente similares a las de la piel de los perros dálmatas?

Cristina Kirchner, quien cada vez más seguido habla obsesivamente en contra de los medios (es curioso que ni siquiera tenga la deferencia de destacar a los no pocos comunicadores y medios que orbitan con tanto ahínco a su alrededor y que éstos acepten con mansedumbre esa humillación), se torna en ese contexto poco creíble cuando presenta su proyecto "protector" sobre medios audiovisuales en su lugar preferido de lanzamientos partidarios del kirchnerismo (el Teatro Argentino de La Plata) y consiente gustosa las agresivas consignas de la ruidosa claque, allí presente, contra Clarín .

Como les sucedía a los perritos de 101 dálmatas y 102 dálmatas, cuando Cristina Kirchner habla de "ordenar" el sector, dan ganas de esconderse debajo de la cama.

Por Pablo Sirvén

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