Ganó Karen Bass: desestiman demanda de Trump por la ordenanza de “ciudad santuario”

La administración de Donald Trump sufrió un revés judicial en Los Ángeles luego de que un juez federal desestimara la demanda presentada contra la urbe por su política de “ciudad santuario”, una normativa que limita el uso de recursos municipales para colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Aunque el Gobierno todavía tiene la posibilidad de reformular parte de su presentación, la decisión representa una victoria política y legal para la alcaldesa Karen Bass.

De acuerdo con la información publicada por Courthouse News, el juez federal Fernando Olguin resolvió desestimar la demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la ciudad de Los Ángeles, aunque le otorgó al Gobierno la posibilidad de modificar algunos de sus argumentos y presentar una nueva versión de la denuncia.

La disputa gira en torno a la ordenanza aprobada por la ciudad en 2024, denominada “Prohibición del uso de recursos municipales para la aplicación federal de las leyes de inmigración”. La norma impide que la ciudad utilice su personal, propiedades y otros recursos para colaborar con las autoridades federales en operaciones migratorias, salvo que exista una obligación establecida por las leyes estatales o federales.

En la resolución, el magistrado concluyó que el gobierno federal no logró alegar de manera plausible que la normativa local entrara en conflicto directo con la legislación nacional en materia migratoria. Además, señaló que varios de los argumentos centrales de la demanda carecían de sustento jurídico suficiente.

El fallo también redujo el alcance del litigio. El juez eliminó como demandados a la alcaldesa Karen Bass, al Concejo Municipal de Los Ángeles y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson, al considerar que la única parte que debía permanecer en el proceso era la propia ciudad de Los Ángeles.

El juez explicó que la legislación federal citada por la administración de Donald Trump no obliga a las autoridades estatales o municipales a cooperar activamente con las operaciones migratorias. Por el contrario, únicamente aclara que no es necesario firmar acuerdos especiales para que exista cooperación voluntaria en determinadas circunstancias.

Además, el magistrado rechazó la postura del gobierno, según la cual la ordenanza impedía compartir información sobre el estatus migratorio de las personas. Según el fallo, la norma simplemente restringe que los empleados municipales pregunten o recopilen esos datos, pero no prohíbe mantenerlos o compartirlos cuando la legislación federal lo exige.

El documento judicial también destaca que la ordenanza incluye una cláusula específica que obliga a cumplir con las leyes federales aplicables, lo que debilita el argumento de que existe un conflicto legal entre ambas normativas.

En el momento de presentar la demanda, la entonces fiscal general Pam Bondi responsabilizó directamente a las políticas de ciudad santuario por los episodios de tensión registrados en Los Ángeles. Según sus declaraciones, estas medidas favorecían a los inmigrantes en situación irregular y debilitaban el trabajo de las fuerzas de seguridad en todos los niveles de gobierno.

La presentación judicial se produjo en un contexto especialmente conflictivo para la ciudad. Durante 2025, una serie de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en comercios del centro de Los Ángeles y en estacionamientos de tiendas Home Depot desencadenaron varios días de protestas.

Según el gobierno federal, los operativos apuntaban a personas sospechadas de permanecer en el país norteamericano sin autorización legal. Las manifestaciones posteriores llevaron a Donald Trump a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional de California para enfrentar la situación.

Según declaraciones recogidas por Court House News, la abogada municipal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, celebró la decisión judicial y sostuvo que la ordenanza tiene un objetivo claro: garantizar que las víctimas y los testigos de delitos se sientan seguros al momento de acudir a la policía.

También recordó que la política migratoria del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) tiene antecedentes que se remontan a la década de 1970, cuando se implementó la denominada Orden Especial 40.

Aunque el fallo representa una importante victoria para Karen Bass y la ciudad, el litigio todavía no está completamente cerrado. El juez otorgó plazo hasta el 3 de julio de 2026 para que el Gobierno federal presente una demanda modificada o un aviso de intención de sostener la denuncia original. Si no realiza ninguna de las dos acciones, el caso podría ser desestimado sin perjuicio.