Tapia, Toviggino y la quinta: claves para entender los nexos de las autoridades de la AFA con la causa que vuelve a Campana

Los imputados son dos: Ana María Conte, jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista, que según información judicial tenía a su nombre una tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ellos son los titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta de Villa Rosa que es objeto de la causa.

El expediente se inició por una denuncia de la Coalición Cívica de presunto lavado de dinero. La hipótesis es que Conte y Pantano no son los verdaderos propietarios de la quinta, sino testaferros de autoridades de la AFA. El más apuntado es su tesorero, Pablo Toviggino. La Justicia encontró en el predio un bolso que tiene su nombre y una placa del club Barracas Central con un reconocimiento a él. Las autoridades de la AFA siempre negaron las acusaciones. El caso se amplió luego: absorbió otra causa que investigaba una serie de contratos de la AFA; entre ellos, el de la entidad con TourProdEnter, la empresa de Estados Unidos que recaudó los ingresos en el exterior de la asociación que preside Claudio Tapia. TourProdEnter, de acuerdo con información bancaria analizada por LA NACION, percibió al menos US$260 millones de dólares y transfirió US$57 millones a otras sociedades radicadas en Miami, sin empleados ni actividad verificada. La sospecha es que los dos casos están vinculados con el manejo irregular de fondos sustraídos de las arcas de la AFA. Además de la quinta, se investiga si con dinero que correspondía a la asociación de fútbol se compraron otros bienes como vehículos y caballos.

El expediente original pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia. Ahora volverá a González Charvay. Los movimientos más visibles de esta causa comenzaron en diciembre pasado, cuando Rafecas allanó el predio de Pilar. Días después, la Cámara Federal ordenó que el caso pasara al fuero penal económico, donde lo tomó el juez Aguinsky. González Charvay, de Campana, le pidió a Aguinsky el caso, pero él se negó a enviárselo. Intervino entonces la Cámara Federal de San Martín, que falló en favor de González Charvay. Este juez manejó el expediente hasta mayo y durante esos meses absorbió la causa de Luis Armella relacionada con TourProdEnter. La pelea por la competencia siguió y la Casación -con otra composición, aunque con el voto de Mariano Borinsky, quien ayer votó por enviar el caso a Campana- le cedió la decisión a la Cámara Penal Económico, que resolvió que la jueza Straccia se quedara con el expediente. Sin embargo, no fue la decisión definitiva. Los presuntos testaferros volvieron a reclamar que el caso pasara a González Charvay y hoy el asunto fue dirimido a su favor por la Casación, con los votos de Borinsky y Diego Barroetaveña.

En el expediente original, no están imputados, pese a que la denuncia apunta a la AFA y a que en la quinta de Pilar se encontraron objetos como el bolso y la placa alusivos al tesorero de la institución. También aparecieron vínculos de Toviggino con TourProdEnter y con Real Central.

La vinculación más clara es que, de acuerdo a los registros bancarios confidenciales de Estados Unidos que obtuvo LA NACION, TourProdEnter transfirió US$40.000 a la pareja del tesorero de la AFA, María Florencia Sartirana. Ese movimiento bancario quedó registrado el 30 de diciembre de 2024.

La quinta de Pilar figura en los papeles a nombre de Real Central y antes, de la empresa Malte. Esas dos firmas también fueron dueñas de un inmueble de 217 m², ubicado en el corazón de Belgrano, que antes estuvo a nombre de María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de AFA. Ella lo había comprado en 2020, se lo vendió a SOMA SRL (empresa de la que fue accionista un hombre llamado Darío Fabián Toviggino) y después pasó a Malte y Real Central.

Están procesados en la causa por presunta evasión tributaria que lleva el juez del fuero penal económico Diego Amarante. Esa acusación es por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El juez Amarante había pedido sumar a su causa el expediente de la quinta de Pilar, pero no lo consiguió. Además, el fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón solicitó las detenciones de Tapia y Toviggino, pero la Justicia no hizo lugar, en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. La Cámara Federal de San Martín debe resolver dónde se tramitará este caso. Según el fiscal santiagueño, Tapia y Toviggino habrían lavado dinero ilícito proveniente de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; una evasión impositiva mediante el uso de facturas falsas; y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.