La ley de medio ambiente firmada por Schwarzenegger en California: “Nuestra economía creció un 81%”

Arnold Schwarzenegger volvió a referirse al impacto de la ley ambiental AB 32 al cumplirse dos décadas de su aprobación en California. El exgobernador utilizó las cifras de emisiones y crecimiento económico para sostener que las políticas de reducción de la contaminación pueden aplicarse junto con medidas destinadas a impulsar la actividad productiva.

La legislación, conocida oficialmente como California Global Warming Solutions Act, fue firmada el 27 de septiembre de 2006. La norma estableció objetivos obligatorios para reducir los gases de efecto invernadero y asignó a las autoridades ambientales estatales la responsabilidad de desarrollar los mecanismos necesarios para cumplirlos.

Durante la conmemoración, Schwarzenegger coincidió con el actual gobernador, Gavin Newsom, en una actividad que también puso en primer plano la continuidad de las políticas climáticas entre distintas administraciones. El exmandatario aprovechó la ocasión para insistir en que las decisiones públicas deben centrarse en las necesidades de la población, más allá de las diferencias entre partidos.

“No me importaba de qué partido venías, y no me importaba lo que mi partido dijera sobre ti. Así debería ser. Servidores públicos, no sirvientes del partido”, dijo el actor en su cuenta de X. “Desde 2000, las emisiones de California han bajado un 21%, mientras que nuestra economía ha crecido un 81%”, aseguró.

El exgobernador presentó ambos indicadores como evidencia de que la protección ambiental puede avanzar sin impedir la expansión económica. El planteo estuvo relacionado con uno de los objetivos centrales de la AB 32: establecer un marco regulatorio para reducir la contaminación asociada al calentamiento global.

La ley fijó como meta que California regresara, para 2020, a los niveles de emisiones registrados en 1990. Para alcanzar ese objetivo, la normativa contempló la medición y verificación de las emisiones, la elaboración de planes de reducción y la implementación de mecanismos de fiscalización.

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) recibió la responsabilidad de desarrollar y aplicar las regulaciones. El calendario de implementación incluyó medidas iniciales de reducción, un plan integral de acción y la adopción de normas para controlar las emisiones de los sectores alcanzados.

La ley también otorgó facultades para supervisar el cumplimiento de las obligaciones, establecer sanciones ante las infracciones y cobrar tarifas destinadas a financiar los programas regulatorios. Entre sus disposiciones, incorporó criterios para orientar inversiones y reducir los efectos de la contaminación en comunidades de bajos ingresos y zonas especialmente expuestas.

El sistema de límites e intercambio de emisiones, conocido como cap-and-trade, se convirtió en una de las herramientas asociadas con esta política. El mecanismo establece topes de contaminación y permite negociar permisos dentro de las reglas definidas por el Estado, con el propósito de incentivar las reducciones.

Durante la Cumbre Económica de California, celebrada en Long Beach, Gavin Newsom presentó cifras sobre la expansión de la infraestructura energética del estado. Según sus declaraciones, California incorporó 39.000 megavatios de capacidad de energía limpia a escala de servicios públicos durante los siete años anteriores, incluidos 7000 megavatios en el último año.

“Pasamos de 770 megavatios en 2018 a 23.000 en la capacidad de almacenamiento, ocupando el segundo lugar a nivel mundial solo detrás de China, nuevamente debido a las señales de precios que se establecieron en la arquitectura del sistema de comercio de emisiones (cap-and-trade)”, dijo el actual gobernador.

Newsom agregó que, desde la puesta en marcha de la ley AB 32, se reinvirtieron US$37.000 millones en distintas comunidades, de los cuales US$16.000 millones se destinaron a reducir el impacto de las facturas eléctricas. Además, mencionó US$886 millones devueltos a los usuarios durante el último año y estimó que el sistema podría generar otros US$8000 millones en los cuatro años siguientes.