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Safe at Home: California aprueba una ley para proteger la identidad de personas que asisten a migrantes
La norma contempla sanciones por divulgación con el propósito de amenazar o promover actos de violencia
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LA NACION
California incorporó nuevas medidas para resguardar la identidad y los domicilios de las personas vinculadas con la asistencia migratoria. La Ley de la Asamblea 2624, impulsada por la legisladora Mia Bonta y promulgada por el gobernador Gavin Newsom, busca reducir los riesgos asociados con la difusión de datos personales en internet.
Cómo funcionará la protección de domicilios en California
La legislación contempla a quienes ofrecen asesoramiento jurídico, colaboran en organizaciones de ayuda a inmigrantes o acuden a esas instituciones para recibir orientación. La iniciativa responde a situaciones de hostigamiento, amenazas y publicación de información privada, una práctica conocida como “doxxing”.
El mecanismo principal será la incorporación de estos grupos al programa estatal “Safe at Home”. A través de este sistema, las personas que cumplan los requisitos podrán utilizar una dirección sustituta para determinados registros oficiales, con el objetivo de impedir que sus domicilios reales queden expuestos en documentos públicos.
La Secretaría de Estado de California estará a cargo de administrar el programa y recibir las solicitudes. Según el calendario previsto por la norma, el sistema comenzará a aceptar inscripciones el 1° de octubre de 2027.
Una vez aprobada la participación, las agencias estatales y locales deberán utilizar la dirección alternativa correspondiente en los registros alcanzados por la medida, en lugar de publicar el domicilio particular del beneficiario. La protección también contempla datos vinculados con escuelas y lugares de trabajo, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
El objetivo es limitar la posibilidad de localizar a las personas protegidas mediante registros públicos. La inclusión no se restringe a los profesionales del derecho: también comprende a empleados, voluntarios y personas que reciben o buscan asistencia migratoria cuando enfrentan amenazas o acoso relacionado con esas actividades.
“La AB 2624 trata fundamentalmente de libertad: la libertad de vivir sin miedo, que permite a nuestros proveedores de servicios para inmigrantes realizar su trabajo, y la libertad de prensa para ejercer su labor sin que se la confunda con la práctica de revelar información personal que este proyecto de ley pretende combatir”, dijo Bonta en un comunicado oficial.
Protección de información en California: qué organizaciones estarán incluidas
La AB 2624 abarca distintos espacios donde se brinda orientación o asistencia a inmigrantes, entre ellos figuran:
- Organizaciones sin fines de lucro
- Clínicas jurídicas comunitarias
- Estudios de abogados
- Entidades con representantes acreditados para ofrecer servicios migratorios
- Centros de salud
Los servicios contemplados incluyen:
- Representación legal
- Asesoramiento
- Asistencia jurídica
- Gestión de casos
- Actividades de defensa de los derechos de los inmigrantes
- Referencias a recursos humanitarios
- Traducción
- Consejería
- Atención médica
La protección puede alcanzar, además, a familiares y personas que conviven con quienes están amparados, cuando se encuentren expuestos a amenazas o a la divulgación no autorizada de sus datos.
Las sanciones de la ley de California por divulgar información privada
La normativa prohíbe publicar o distribuir en internet direcciones, fotografías y otros datos personales con la intención de intimidar a las personas protegidas o incitar a terceros a ejercer violencia contra ellas. La disposición busca sancionar la difusión dirigida a generar amenazas o poner en riesgo la integridad de trabajadores, voluntarios, beneficiarios y sus convivientes.
Las infracciones pueden derivar en multas de hasta US$10.000 por cada violación y penas de hasta un año de cárcel. Cuando la divulgación provoca lesiones corporales a la víctima o a familiares que viven con ella, el hecho puede constituir un delito grave, con multas de hasta US$50.000, prisión o ambas sanciones.
La ley también contempla consecuencias para quienes presenten información falsa de manera deliberada o falsifiquen firmas para ingresar al programa de confidencialidad. Estas conductas pueden ser procesadas como delitos menores.
Cómo pueden reclamar las víctimas de doxxing en California
Además de las sanciones penales, la legislación habilita vías de reparación ante los tribunales civiles. Las personas afectadas y las organizaciones autorizadas para representarlas podrán presentar demandas para reclamar una compensación por los daños ocasionados por la divulgación ilegal de información.
Los tribunales podrán establecer indemnizaciones de hasta tres veces el monto de los daños reales, con un mínimo de US$4000, según las condiciones previstas en la norma. También se contempla que la parte responsable deba cubrir los costos judiciales y los honorarios legales de quienes presentan la demanda.
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