La nueva ley de California que cambia los pagos judiciales: dan 20 días para corregir una tarjeta rechazada

California incorporará cambios en el procedimiento para el pago de tasas judiciales mediante la AB 1951, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 16 de julio y con entrada en vigor prevista para el 1º de enero de 2027. La legislación adaptará las normas existentes al uso de tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y otros medios digitales aceptados por los tribunales.

Actualmente, las disposiciones sobre pagos fallidos se concentran principalmente en cheques devueltos. Con la nueva ley, ese mismo procedimiento también alcanzará a las operaciones electrónicas que no puedan completarse, sean revertidas o presenten inconvenientes durante el procesamiento.

Cuando un tribunal recibe una presentación judicial y posteriormente detecta que el pago no fue concretado, el secretario deberá enviar una notificación por correo a la persona involucrada. Este aviso tendrá el objetivo de informar la situación y el procedimiento que deberá seguir.

Desde la fecha de envío postal del aviso, la parte dispondrá de 20 días para pagar la tasa pendiente y el cargo administrativo correspondiente. Si ese pago no se realiza dentro del plazo indicado, el tribunal dejará sin efecto la presentación judicial.

En otros supuestos, cuando el secretario ya haya prestado un servicio o emitido un documento, el tribunal podrá suspender las actuaciones de la parte hasta que se abonen la tasa y el cargo administrativo.

Una vez anulada la presentación, la documentación podrá ser descartada por la oficina sin obligación de conservar una copia del expediente presentado. La ley también contempla una situación especial para otros tipos de procesos.

Para aquellos que tengan una audiencia o un juicio programado antes de que finalicen esos 20 días, se deberá pagar la tasa y el cargo administrativo antes de esa fecha. De lo contrario, el tribunal anulará la presentación y procederá como si nunca hubiera sido presentada.

La normativa dispone que el secretario judicial aplicará un cargo administrativo destinado a cubrir los costos derivados del procesamiento del pago fallido y del envío de la notificación correspondiente. El cargo será de US$25 o de otro monto razonable determinado por el tribunal, siempre que esa suma no exceda el costo real de las tareas administrativas efectuadas..

El aviso enviado al interesado deberá indicar el valor exacto que deberá abonarse junto con el importe judicial pendiente. La legislación también establece que, cuando se anule la presentación inicial y la parte adversa ya haya pagado una tasa por su respuesta, el tribunal deberá efectuar esa devolución sin aplicar cargos administrativos adicionales.

La AB 1951 determina que la cancelación de la deuda deberá realizarse mediante formas de pago consideradas seguras. Entre ellas se incluyen:

• Efectivo
• Cheques certificados
• Cheques de caja
• Cualquier otro mecanismo autorizado por cada tribunal

Para regularizar el importe, no podrán utilizarse cheques personales o cheques de viajero para corregir un pago rechazado. Además de modificar el tratamiento de los pagos electrónicos, la ley incorpora requisitos para mejorar el seguimiento de los reembolsos.

Una vez vigente la ley, las devoluciones vinculadas con pagos electrónicos deberán incluir identificadores de transacción, una medida orientada a facilitar el control de las operaciones y el trabajo de los proveedores de servicios de presentación electrónica dentro del sistema judicial de California.