La nueva ley de California que puede evitar que una multa de estacionamiento termine en un carro remolcado

Desde comienzos de 2026, una modificación a la legislación de California amplió las alternativas para que las personas con dificultades económicas puedan afrontar una multa de estacionamiento sin que la deuda escale hasta generar consecuencias más graves. La norma introduce nuevas herramientas para reducir o incluso eliminar determinadas sanciones, flexibiliza el acceso a los planes de pago y busca evitar que quienes no pueden pagar de inmediato enfrenten medidas de cobro que compliquen aún más su situación financiera.

La Assembly Bill 1299, aprobada por el gobernador de California, Gavin Newsom, el 6 de octubre de 2025 y vigente desde el 1° de enero de 2026, modificó diversas disposiciones del Código de Transporte relacionadas con las infracciones de estacionamiento.

De acuerdo con el texto de la ley, el objetivo es otorgar mayor flexibilidad a las agencias emisoras y facilitar soluciones para quienes acrediten dificultades económicas u otras circunstancias excepcionales.

La legislación mantiene el procedimiento administrativo para cuestionar una infracción. Una persona que recibe una notificación por una multa de estacionamiento puede solicitar una revisión inicial dentro de los 21 días calendario posteriores a la emisión de la infracción o dentro de los 14 días posteriores al envío de una notificación de mora. Ese pedido puede realizarse por teléfono, por escrito o de manera presencial y no tiene costo.

Si durante esa primera revisión la autoridad considera que la infracción nunca ocurrió, que el propietario registrado no era responsable o que existen circunstancias extraordinarias que justifican dejar sin efecto la sanción en beneficio de la justicia, deberá cancelar la multa.

En caso contrario, deberá explicar por qué rechazó el planteo e informar al conductor sobre su derecho a solicitar una audiencia administrativa y sobre los procedimientos disponibles para eximir del pago previo cuando exista incapacidad económica.

Uno de los cambios más importantes introducidos por la nueva legislación es que la agencia emisora ya no solo puede autorizar pagos en cuotas o diferir el vencimiento de una deuda.

La reforma establece que el examinador administrativo o la propia agencia también pueden reducir o condonar la penalidad cuando la persona presente pruebas satisfactorias de alguna de estas situaciones:

• Imposibilidad de pagar la multa completa;
• Otras circunstancias atenuantes relacionadas con el pago;
• Situación documentada de falta de vivienda;
• Dificultades económicas debidamente acreditadas.

La ley aclara que la condición de persona sin hogar y los problemas financieros son ejemplos expresamente contemplados, aunque no constituyen una lista cerrada. Esto significa que las autoridades pueden evaluar otros factores relevantes antes de decidir si corresponde disminuir el monto o eliminar completamente la sanción.

Además, cuando el organismo competente lo autorice, el examinador también podrá aceptar la realización de servicio comunitario como alternativa al pago de la penalidad.

La reforma mantiene el derecho de quienes cuestionan una infracción a solicitar una audiencia administrativa luego de la revisión inicial si no están conformes con el resultado. El procedimiento continúa con distintas modalidades para facilitar la participación del conductor:

• Por correo.
• De manera presencial.
• Por teléfono, cuando la agencia lo permita.
• Por medios electrónicos, si esa opción está disponible.

La legislación también conserva el requisito de que los examinadores sean independientes de las funciones de control, emisión, procesamiento y cobro de multas. Asimismo, dispone que su permanencia en el cargo, remuneración o evaluación laboral no puede depender, directa ni indirectamente, del dinero recaudado mediante las sanciones de estacionamiento.

La norma exige además que esos examinadores cuenten con capacitación específica para garantizar revisiones objetivas, imparciales y ajustadas al debido proceso, de acuerdo con las modificaciones incorporadas por la Assembly Bill 1299.

Otro de los cambios más relevantes está vinculado con el tratamiento de las multas impagas para las personas consideradas indigentes según los criterios establecidos por la legislación estatal.

Antes de la reforma existía un plazo determinado para solicitar el ingreso a un plan de pagos. Con la entrada en vigor de la nueva norma, esa limitación desapareció.

Ahora, una persona que reúna los requisitos podrá solicitar incorporarse al plan en cualquier momento, una modificación que busca evitar que la pérdida de un plazo administrativo cierre definitivamente esa posibilidad.

Este cambio resulta especialmente importante porque las agencias procesadoras pueden recurrir a distintos mecanismos para cobrar las deudas pendientes, entre ellos solicitar al Department of Motor Vehicles una retención vinculada con el registro del vehículo o iniciar procedimientos judiciales cuando corresponda.

La legislación mantiene una serie de condiciones mínimas que deben cumplir los programas destinados a personas de bajos ingresos. Entre sus principales características se encuentran:

• Cuotas mensuales de hasta 25 dólares cuando la deuda total sea de US$500 o menos;
• Plazo máximo de 24 meses para cancelar el monto pendiente;
• Posibilidad de pagar anticipadamente sin penalidades;
• Eliminación de recargos por mora y penalidades, con excepción de determinados recargos estatales previstos por la ley;
• Costo administrativo de participación de cinco dólares o menos para personas indigentes;
• Posibilidad de reincorporarse al sistema luego de caer en incumplimiento mediante una única prórroga de 45 días;
• Rescisión, por única vez, de determinadas acciones de cobro cuando la persona vuelva a inscribirse en un plan y pague un cargo por mora que no supere los cinco dólares.