Qué dice la ley AB 450, que protege a los trabajadores indocumentados en California

La ley AB 450 en California establece protecciones clave para los trabajadores indocumentados frente a operativos en sus lugares de trabajo. Fue aprobada en 2017, la primera presidencia de Donald Trump, como respuesta a medidas federales que buscaban aumentar la presencia de agentes de inmigración en empresas.

La AB 450 prohíbe que los empleadores permitan la entrada de oficiales a áreas no públicas sin una orden judicial. Tampoco pueden entregar registros laborales sin una citación formal o autorización judicial. Estas normas aplican tanto para públicos como privados.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas de entre US$2000 y US$10.000, según si se trata de una primera o siguiente infracción. Solo el Comisionado Laboral o el Fiscal General del estado están autorizados a aplicar estas sanciones.

Por otro lado, la ley exige a los empleadores que informen a sus trabajadores sobre inspecciones federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Deben publicar un aviso con información clave dentro de las 72 horas posteriores a recibir el aviso de inspección.

El aviso tiene que indicar:

• El nombre de la agencia migratoria
• La fecha en que se recibió la notificación
• El tipo de inspección
• Una copia del aviso oficial

También debe estar en el idioma que la empresa usa para comunicarse con sus empleados.

Los empleados identificados en la inspección como presuntos no autorizados para trabajar deben recibir información directa. La empresa debe entregar por escrito los resultados de la inspección y las obligaciones derivadas.

El empleador debe explicar cualquier deficiencia detectada, los plazos para corregirla y la posibilidad de ser representado en reuniones. Este aviso debe entregarse en persona, por correo o por correo electrónico si el trabajador lo usa habitualmente.

La AB 450 también impide a los empleadores reverificar el estatus migratorio de un trabajador sin base legal. Solo pueden hacerlo si lo exige la ley federal bajo el título 8 del Código de Estados Unidos.

Si una empresa realiza esta verificación de forma incorrecta, puede recibir una multa de hasta US$10.000. Esta sanción también será aplicada por el Comisionado Laboral del estado.

La legislación no interfiere con la obligación de cumplir con el sistema E-Verify, si existe un acuerdo formal para su uso. Tampoco impide que las empresas verifiquen la validez de una orden o citación judicial ante una corte federal.

Según el texto aprobado, esta ley pretende proteger a las comunidades trabajadoras frente a abusos o acciones que violen el debido proceso. Las disposiciones son separables, lo que significa que si alguna parte es declarada inválida, el resto sigue en vigor.

Desde su aprobación, la AB 450 se convirtió en una pieza clave de la política de “estado santuario” de California en medio de los avances de la primera presidencia de Trump. Permite a trabajadores indocumentados enfrentar operativos migratorios con mayor seguridad legal.

Aunque la ley AB 450 no puede impedir que el ICE actúe con una orden judicial, sí establece un marco legal para limitar la cooperación voluntaria de los empleadores. Esto no solo protege a los empleados, sino que obliga a las autoridades a seguir procedimientos más rigurosos.

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