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Trump demandó a Denver por la ley que obliga a los agentes del ICE a identificarse y les impide usar máscaras
La normativa restringe la utilización de cubrebocas y contempla ciertas excepciones; la administración federal argumenta que la normativa busca regular a los oficiales federales
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LA NACION
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interpuso una demanda federal contra la ciudad de Denver y su alcalde, Mike Johnston, con el fin de invalidar una ordenanza municipal. La medida prohíbe a los agentes de la ley, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cubrirse el rostro durante arrestos o detenciones y les exige llevar una identificación visible. Sin embargo, la administración federal argumentó que la norma viola la Constitución estadounidense al interferir con las operaciones federales y exponer a los funcionarios.
La demanda del gobierno de Trump contra Denver por la ley que impacta en agentes del ICE
El 8 de octubre, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la ciudad y el condado de Denver, el alcalde Johnston, la fiscal municipal Michiko Ando Brown y el jefe de policía Ronald Thomas. En un comunicado, calificó la medida como “un intento inconstitucional de regular a los agentes federales” al prohibirles usar mascarillas y exigirles identificación.
El DOJ argumentó que la medida amenaza la seguridad de los agentes federales, quienes, según sus palabras, enfrentan “una ola sin precedentes de acoso, divulgación de información personal e incluso violencia”.
“Según la Constitución de Estados Unidos, la Cláusula de Supremacía deja claro que los estados y las localidades no tienen autoridad para regular al gobierno federal”, declaró el Fiscal General Adjunto Stanley E. Woodward Jr. “No pueden promulgar leyes que pongan en riesgo la seguridad de las fuerzas del orden federales ni que socaven las operaciones federales”, añadió luego.
Asimismo, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ, remarcó la importancia de la jerarquía federal. “La ordenanza de Denver sobre el uso de máscaras e identificación regula directamente las operaciones de las fuerzas del orden federales y amenaza con graves consecuencias tanto para los agentes como para la seguridad pública”, sostuvo.
En esa línea, completó: “El gobierno federal decide qué equipo pueden o no usar los agentes federales al desempeñar sus funciones oficiales”.
Cómo es la normativa que obliga a los agentes del ICE a identificarse en Denver
En febrero, el Ayuntamiento de Denver aprobó por unanimidad la ordenanza municipal que prohíbe a los agentes del ICE usar cubrebocas mientras detienen o arrestan personas, así como también les exige llevar una identificación visible.
De acuerdo con la norma, los agentes del ICE que no cumplan con la ley pueden recibir una multa de hasta 999 dólares o 300 días de cárcel.
No obstante, la normativa contempla algunas exenciones, entre ellas para los agentes que participan en operaciones encubiertas y en funciones de equipos SWAT, o que visten atuendos religiosos.
La respuesta de Denver a la demanda de Trump y antecedentes
En la presentación de la demanda, el Departamento de Justicia afirmó que la ley municipal amenaza la seguridad de los agentes federales. En contraposición, la administración del alcalde Mike Johnston confirmó que responderá judicialmente en defensa de la ordenanza.
“Los habitantes de Denver merecen saber quién los arresta y por qué. Prohibir el uso de mascarillas a los agentes del orden es de sentido común y constitucional, y esperamos defender nuestra postura y los derechos de nuestros residentes ante los tribunales”, declaró Jon Ewing, portavoz de la alcaldía, citado por Denver Post.
La ley de Denver fue redactada de forma uniforme para todas las fuerzas de seguridad con la intención de resistir el escrutinio legal, frente a los precedentes de normativas anteriores.
A principios de este año, un juez en California bloqueó la aplicación de una restricción similar contra el uso de máscaras debido a que eximía a los agentes estatales. Ante este antecedente, el concejo de Denver optó por aplicar la norma a todos los niveles policiales para evitar ese vacío jurídico.
