Corte Suprema de EEUU cuestiona ley de Hawái sobre armas
La Corte Suprema de Estados Unidos parecía este martes inclinada a invalidar una ley de Hawái que prohíbe portar armas de fuego en propiedades privadas abiertas al...
La Corte Suprema de Estados Unidos parecía este martes inclinada a invalidar una ley de Hawái que prohíbe portar armas de fuego en propiedades privadas abiertas al público, como tiendas o restaurantes.
Una mayoría de magistrados del máximo tribunal estadounidense, dominado por jueces conservadores, se mostraron escépticos respecto a la ley de Hawái, considerándola una "violación del derecho constitucional a portar armas".
La norma exige el consentimiento explícito de los dueños de los establecimientos para poder entrar con un arma oculta cuando se trata de una propiedad privada abierta al público.
La Corte Suprema amplió los derechos sobre armas en un fallo de 2022 y, en general, ha favorecido a los propietarios de armas.
Otros cuatro estados gobernados por demócratas —California, Maryland, Nueva Jersey y Nueva York— tienen leyes similares, que sobreponen los derechos de los dueños de estos locales a los de los propietarios de armas.
"Nuestra tradición nacional es permitir el porte en establecimientos privados abiertos al público", dijo a los jueces Alan Beck, abogado que representa a los propietarios de armas que impugnan la ley estatal.
Beck acusó a Hawái de "pasar por encima" del derecho asegurado en la Segunda Enmienda a "poseer y portar armas".
El juez Samuel Alito, uno de los seis conservadores en el tribunal de nueve miembros, afirmó que la ley de Hawái relegaba "la Segunda Enmienda a un estatus de segunda clase".
El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump respalda la impugnación. Su representante ante la corte, la subprocuradora general Sarah Harris, señaló que la ley de Hawái convierte la "propiedad abierta al público, como una gasolinera, en el equivalente a la casa de alguien".
Por su parte, Neal Katyal, abogado del estado de Hawái, afirmó que la Constitución "protege el derecho a poseer y portar armas, (pero) no crea un consentimiento implícito para llevar armas a la propiedad de otra persona".
Se espera que el tribunal emita su decisión a finales de junio o principios de julio.
