El sheriff de Texas pidió cargos penales por los vuelos de reubicación de migrantes ordenados por DeSantis

La oficina del sheriff del condado de Bexar recomendó que se interpongan cargos criminales ante el fiscal de distrito por el traslado de 49 migrantes venezolanos de San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, que ocurrió el año pasado. De acuerdo con la acusación, estas acciones constituyen un delito mayor y uno menor de retenimiento en contra de la ley.

En septiembre de 2022, las autoridades de Florida, donde gobierna el republicano Ron DeSantis, coordinaron el traslado desde San Antonio hasta Massachusetts. Según una declaración proporcionada al Miami Herald, el sheriff Javier Salazar completó una investigación criminal sobre la operación con la que presuntamente se atrajo a los migrantes bajo falsas promesas de trabajo y oportunidades.

En el comunicado no señaló a ningún sospechoso individual ni cuándo se entregó la investigación al fiscal. “En este momento, el caso es evaluado por la oficina del discal de distrito. Una vez que haya alguna actualización disponible, se proporcionará al público”.

En un mensaje separado, el portavoz de la oficina, Johnny García, afirmó que el caso fue entregado “recientemente”. Ahora, depende de los fiscales del condado decidir si siguen la recomendación, precisó Tampa Bay Times. Hace unos meses, Salazar emitió certificaciones a todos los migrantes que volaron a Massachusetts y los declaró víctimas oficiales de un delito, abriendo el camino para que pudieran obtener una visa especial.

De acuerdo con una demanda presentada por un estudio de abogados que defiende a algunos de los trasladados, Paula Huerta, una exmédica de combate, les dio tarjetas de regalo de diez dólares a unos 50 migrantes de San Antonio el año pasado, a cambio de que firmaran un consentimiento para abordar un vuelo a Massachusetts. Según esa demanda, dentro del avión privado se les proporcionó un folleto de las organizaciones que dan servicios sociales, sin que fueran elegibles para aplicar a alguno de esos beneficios.

En una conferencia de prensa, DeSantis reclamó el crédito por enviar los aviones y afirmó que era parte de su estrategia para reubicar a los migrantes en “estados santuarios”. En total, la legislatura de Florida destinó 12 millones de dólares para este objetivo.

Salazar anunció su recomendación el lunes, en una declaración para el Herald, mientras se conocía que decenas de migrantes fueron transportados bajo condiciones similares de El Paso, Texas, a Sacramento, California.

El fiscal del Estado Dorado, Rob Bonta, acusó a la administración del gobernador de Florida de aplicar el mismo proceso que el año pasado. En un comunicado difundido el sábado, informó que se había abierto una investigación sobre quién llevó a las personas a California y sus razones. “También evaluamos las posibles acciones penales o civiles contra aquellos que transportaron y organizaron el transporte de estos migrantes vulnerables”. Si bien el fiscal no deslindó ninguna responsabilidad, sí precisó que las personas tenían documentación procedente del estado de Florida.

Los trasladados portaban documentos que indicaban que el viaje fue organizado por la División de Gestión de Emergencias de Florida y Vertol Systems, el contratista privado que organizó los vuelos a Martha’s Vineyard.

Por ahora, DeSantis no ha confirmado la responsabilidad del estado de Florida. El sheriff del condado de El Paso tampoco ha abierto una investigación sobre los vuelos a Sacramento, de acuerdo con el Herald.