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Expulsiones exprés: cómo Trump podría ejecutar su controvertido plan de deportaciones masivas
La política del presidente electo priorizará inmigrantes con antecedentes penales y recientes llegadas, pero enfrentará grandes desafíos logísticos y legales
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WASHINGTON.- El presidente electo Donald Trump tiene la intención de realizar una campaña de deportación masiva a la “velocidad de la luz” tan pronto como “ponga su mano sobre la Biblia y preste juramento”, según ha dicho su principal asesor, Stephen Miller.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha priorizado durante mucho tiempo a los inmigrantes con antecedentes penales, pero existen otros grupos que podrían estar en mayor riesgo de ser deportados. Estos grupos incluyen millones de recién llegados que arribaron en la histórica oleada fronteriza durante el mandato del presidente Joe Biden, así como aquellos que han agotado sus apelaciones legales pero no han abandonado Estados Unidos.
Otros, incluidos los “dreamers”, quienes tienen permiso para quedarse bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de la época de Obama, probablemente seguirán siendo una prioridad menor.
Trump se enfrentará a considerables obstáculos logísticos y financieros si intenta aumentar drásticamente el número de personas arrestadas, encarceladas y expulsadas del país por ICE. Entonces, ¿cómo sería realmente una campaña de deportación masiva? ¿Tiene Trump los medios y el personal para llevarla a cabo?
El universo de personas que podrían ser deportadas -inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal- es de aproximadamente 11 millones, según un informe de 2024 de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. Muchos investigadores y analistas de inmigración creen que la cifra actual es mayor debido a los cruces fronterizos históricos durante el mandato de Biden.
Trump estableció objetivos ambiciosos de deportación al prepararse para asumir el cargo en 2017, prometiendo expulsar rápidamente a 2 ó 3 millones de personas. Terminó deportando alrededor de 1.5 millones en cuatro años.
En entrevistas recientes, Trump ha expresado su deseo de deportar a todas las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, aunque no haya fijado una cifra específica. Sus amenazas han puesto en alerta a las comunidades inmigrantes, generando preocupaciones en empresas y empleadores sobre el posible impacto en la fuerza laboral y la economía estadounidense.
ICE deportó a más de 271.000 personas durante el año fiscal 2024, que finalizó el 30 de septiembre, la cifra más alta en una década. La mayoría eran personas que cruzaron la frontera recientemente, en lugar de inmigrantes detenidos por ICE en comunidades dentro de EE. UU.
El año más activo de la agencia fue 2012, durante la administración de Obama, cuando ICE deportó a 409.000 personas.
Los inmigrantes con antecedentes penales serán la prioridad de Trump, afirman sus principales asesores.
ICE informó al Congreso que, al 21 de julio de 2024, había 662.566 no ciudadanos con antecedentes penales en su registro nacional.
Aquellos que actualmente se encuentran en prisiones federales o estatales estarán sujetos al proceso de deportación una vez completen sus sentencias penales. De ellos, 435.719 son delincuentes condenados.
De este total, 226.847 personas tienen cargos penales pendientes. Los principales delitos incluyen infracciones de tránsito (como conducir bajo la influencia del alcohol), delitos relacionados con drogas y violaciones de inmigración.
El “Zar de la frontera”
Tom Homan, el exdirector interino de ICE que Trump ha designado como “zar de la frontera”, dijo que la nueva administración también dará prioridad a los 1.4 millones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación tras no calificar para un estatus legal en Estados Unidos.
Los datos más recientes de ICE muestran que casi la mitad de ellos no son elegibles para ser enviados a sus países de origen. Algunos han recibido un aplazamiento o prórroga por parte de ICE porque sus países de origen no los aceptarán o porque probablemente serían perseguidos. Otros han recibido permiso para permanecer en el país a discreción de un juez.
Algunos de estos casos forman parte de los casi 8 millones que ahora están en el registro de “no detenidos” de ICE: inmigrantes potencialmente elegibles para la deportación que se encuentran en alguna etapa de los procedimientos judiciales.
Un nuevo análisis del Migration Policy Institute, una organización no partidista, estima que 5.8 millones de migrantes que ingresaron a Estados Unidos durante el mandato de Biden permanecen en el país con un caso migratorio pendiente o un estatus provisional, como el permiso humanitario, que Trump podría revocar una vez asuma el cargo.
Más de 1 millón de estos inmigrantes podrían estar esperando audiencias de asilo que no están agendadas desde hace varios años debido a la acumulación de casos en el sistema. Estos inmigrantes y otros están obligados a presentarse periódicamente ante ICE o de lo contrario podrían ser sujetos a monitoreo electrónico.
Debido a que los casos de estos casi 8 millones de personas en el docket de “no detenidos” de ICE están pendientes, no es fácil para ICE deportarlas. Sin embargo, son relativamente fáciles de localizar. La agencia tiene sus nombres, direcciones, números de teléfono y, en muchos casos, sus datos biométricos como huellas dactilares.
Durante el primer mandato de Trump, algunos inmigrantes se presentaron puntualmente a sus citas con ICE, para después ser detenidos para ser deportados. Es una táctica que puede atrapar a muchos inmigrantes en riesgo de deportación a corto plazo, pero los funcionarios de ICE señalan que el cumplimiento voluntario del proceso de registro tiende a disminuir a medida que aumentan los temores de deportación.
Trump podría poner el foco en otros subgrupos de inmigrantes en riesgo de deportación. Estos incluyen a más de 1 millón de inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), a quienes se les ha permitido vivir y trabajar en Estados Unidos porque sus países son demasiado peligrosos o caóticos para recibirlos de vuelta. El 9 de enero, la administración de Biden anunció una extensión de 18 meses para Venezuela, El Salvador, Ucrania y Sudán, cuatro naciones que representan alrededor del 80 por ciento de todos los titulares de estatus de protección temporal.
Si Trump decide no renovar estas protecciones, algunos de esos inmigrantes perderán su estatus legal y estarán sujetos a arresto.
Otros países con designaciones de TPS incluyen Afganistán, Birmania (también conocido como Myanmar), Camerún, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen, aunque solo los migrantes que cumplen parámetros específicos son elegibles. Cerca de 600.000 venezolanos son elegibles para el TPS, siendo con mucho la nacionalidad más numerosa.
Otros que podrían ser objeto de una campaña de deportación masiva incluyen a algunos de los casi 600.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que han sido autorizados por Biden a ingresar a Estados Unidos a través del uso de “parole”, una autoridad ejecutiva que permite su entrada. Muchos de los que han recibido permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos a través del programa de parole han buscado solicitar otra forma de estatus legal, incluido el asilo. Trump podría intentar revocar su estatus temporal mediante una acción ejecutiva.
Otro grupo vulnerable a la deportación masiva incluye a más de 500.000 beneficiarios de DACA. Estos son inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, crecieron aquí y pasaron verificaciones de antecedentes penales. Un juez de un tribunal de distrito de EE.UU. ha declarado que el programa es ilegal. DACA está cerrado a nuevos solicitantes, pero la administración de Biden sigue aceptando renovaciones. Trump podría intentar enfocarse en ellos, pero es probable que eso genere una resistencia política sustancial, y él ha hablado con simpatía sobre su situación.
Un gran grupo de posibles inmigrantes a deportar no aparece en las bases de datos de ICE porque ingresaron al país sin ser detectados por la Patrulla Fronteriza u otra agencia gubernamental. Si son arrestados, tendrían derecho a presentar una solicitud humanitaria para intentar permanecer en el país. Los asesores de Trump dicen que buscarán nuevamente ampliar una autoridad de deportación rápida conocida como “expulsión acelerada”, actualmente limitada a personas que cruzaron la frontera recientemente, para incluir a esta categoría de inmigrantes.
La relativa escasez de agentes de ICE será uno de los mayores obstáculos para las ambiciones de Trump. La agencia cuenta con aproximadamente 5500 agentes trabajando en la aplicación de leyes de inmigración a nivel nacional y no hay una vía rápida para ampliar la fuerza laboral. Cientos de puestos vacantes han resultado difíciles de llenar, y los funcionarios de ICE dicen que se necesitan entre 18 y 24 meses para reclutar, evaluar, capacitar y desplegar a un nuevo agente.
Políticas de “santuario”
Realizar redadas masivas y operaciones en centros de trabajo, como Trump proclama, no es un camino prometedor para deportaciones masivas, según funcionarios veteranos de ICE. Esas operaciones requieren semanas o incluso meses de planificación. Aunque resultan en cientos de arrestos, el número de personas que pueden ser deportadas rápidamente suele ser mucho menor.
Es mucho más fácil para ICE tomar custodia de inmigrantes en riesgo de deportación en instalaciones seguras como cárceles del condado, en lugar de ir a hogares, comunidades y lugares de trabajo, donde los riesgos para los oficiales y los inmigrantes son mayores. Decenas de jurisdicciones en todo el país, incluidas ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, han adoptado políticas de “santuario” que limitan la cooperación con ICE en cárceles y en las calles. Estas políticas dificultan que la agencia encuentre y arreste a inmigrantes que podrían ser deportados.
Detener a un número significativamente mayor de personas a deportar será otro desafío para los funcionarios de Trump. Actualmente, ICE tiene financiación para mantener a unos 40.000 detenidos por día a nivel nacional y, con frecuencia, necesita retener a personas durante varias semanas mientras coordina sus vuelos de regreso con las naciones receptoras. Una importante inyección de fondos, mediante nuevas asignaciones o una maniobra presupuestaria de la administración Trump, podría ayudar a aumentar la capacidad. Los funcionarios de ICE dicen que no sería difícil aumentar el número a 55.000 o incluso 60.000 detenidos por día, trabajando con contratistas privados. Superar esa capacidad podría resultar complicado.
Homan ha dicho que le gustaría tener al menos 100.000 camas. Él y otros asesores de Trump han sugerido la idea de usar bases militares o instalaciones temporales de tiendas de campaña para albergar a inmigrantes en proceso de ser deportados. Esos sitios probablemente no cumplirían con los estándares de seguridad y detención de ICE.
La capacidad de vuelos es otro factor limitante. ICE cuenta actualmente con alrededor de una docena de aeronaves disponibles para vuelos, cada una capaz de transportar a unas 135 personas. Los funcionarios dicen que no hay muchas aeronaves adicionales disponibles para contratar. El Pentágono ha sido reacio a permitir que se utilicen aeronaves militares para deportaciones. Usar otros aviones no civiles, como cargueros, probablemente violaría las reglas de la Administración Federal de Aviación.
Quizás el mayor factor limitante sea la capacidad -y disposición- de otros países para recibir inmigrantes deportados. Los países que no permiten vuelos de deportación de ICE o limitan su cooperación con la agencia son considerados países “reacios” e incluyen a naciones como Venezuela, China, Cuba y Rusia.
Incluso los países que cooperan con ICE, como México, Honduras y Guatemala, no tienen la capacidad de recibir una cantidad significativamente mayor de las personas que ya aceptan. Sus aeropuertos tienen que emitir permisos para vuelos adicionales. Sus instalaciones de recepción -algunas construidas con financiación estadounidense- tienen una capacidad limitada de procesamiento. Si bien podrían aceptar un aumento en el número de deportados, no podrían duplicar o triplicar rápidamente su capacidad.
Cualquier esfuerzo por deportar a un gran número de migrantes que ingresaron bajo Biden también enfrentará un obstáculo demográfico: muchos de esos ingresos fueron en grupos familiares, que históricamente han sido deportados a tasas mucho más bajas que los adultos solteros, según datos del DHS. Un juez federal ha establecido que 20 días es el tiempo máximo que los menores pueden permanecer detenidos con sus familias, lo que es una de las razones clave por las que ICE históricamente ha priorizado a los adultos más fáciles de deportar.
Homan dijo en una entrevista el mes pasado con The Washington Post que la administración Trump volverá a detener a familias y buscará usar instalaciones temporales de tiendas de campaña para retenerlos para deportación, lo que probablemente desencadenará desafíos legales. Homan dijo que la mejor solución para los padres con hijos ciudadanos estadounidenses es que la familia sea deportada junta.
Por Nick Miroff, Álvaro Valiño, Adrián Blanco Ramos and Steven Rich
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