Así es la ley de Florida que prohíbe una práctica muy habitual en los espacios públicos

A comienzo de mes entró en vigor en Florida la ley HB1365, que establece la prohibición de dormir o acampar en espacios públicos. Esta medida fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis con el objetivo de controlar el uso no autorizado de esos terrenos en todo el estado. La normativa afecta a todas las jurisdicciones locales, ya que impide que los gobiernos municipales autoricen esas acciones en áreas como calles, edificios gubernamentales o derechos de paso.

La HB1365 incluye también espacios como parques, aceras y cualquier otro de uso común. Esta resolución busca abordar un problema creciente en muchas ciudades del estado, donde el uso no regulado de estos lugares ha generado preocupaciones en torno a la seguridad y la ocupación indebida.

No obstante, la ley contempla algunas excepciones: en situaciones de emergencia declaradas tanto a nivel estatal como local, como huracanes u otras catástrofes naturales, las prohibiciones se levantan temporalmente para garantizar la seguridad de las personas afectadas. En estos casos, los gobiernos locales pueden establecer refugios temporales para quienes lo necesiten, sin infringir la normativa.

Aunque la norma impide el uso general de espacios públicos para acampar, permite que los municipios designen ciertas áreas para este fin, bajo condiciones específicas. Para que un sector pueda ser utilizado de esta manera, la administración correspondiente debe obtener una certificación del Departamento de Niños y Familias de Florida, que garantice que la zona cumple con los requisitos mínimos de seguridad.

Una vez designado, el espacio solo puede ser utilizado para acampar por un período máximo de un año. Esta limitación busca evitar que estas áreas se conviertan en asentamientos permanentes. Sin embargo, en casos excepcionales, como los condados que enfrenten dificultades fiscales, la ley permite extender esta designación si se cumplen requisitos adicionales. Cabe destacar que, el Departamento de Niños y Familias tiene la autoridad para inspeccionar regularmente las áreas designadas y puede revocar la certificación si no se cumplen las condiciones.

Desde el 1° de enero de 2025, la ley permite que los residentes, propietarios de negocios locales e incluso el Fiscal General puedan emprender acciones legales contra cualquier condado o municipio que no haga cumplir la prohibición de acampar o dormir en espacios públicos. Esta medida busca garantizar que las autoridades no ignoren la normativa.

Para iniciar una demanda, el interesado debe presentar una declaración jurada en la que demuestre que el problema ha sido notificado a una entidad superior y que esta no ha tomado medidas para resolverlo. Si la denuncia es exitosa, el demandante tiene derecho a recuperar los costos legales asociados.

A pesar de las restricciones, la ley HB 1365 no penaliza directamente a las personas que duermen o acampan en áreas públicas sin autorización. Es decir, quienes se encuentren en situación de calle no enfrentarán cargos penales simplemente por dormir en espacios públicos. Sin embargo, la ley abre la puerta para que las autoridades locales tomen medidas para regular esta práctica y ofrezcan, cuando sea posible, espacios designados y seguros.