
Es oficial: la nueva ley de DeSantis que penaliza usar papeles falsos para ocupar una casa en Florida
La norma HB 1293 castiga a todo aquel que utilice documentos con información incorrecta para acceder a una vivienda
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley CS/HB 1293 que modifica el acceso legal a las unidades de vivienda en todo el territorio estatal. La normativa tipifica como delito de tercer grado el ingreso y toma de posesión de una vivienda mediante declaraciones falsas, documentos fraudulentos o suplantación de identidad.
Florida: qué conductas penaliza la nueva ley HB 1293
Esta ley del Estado del Sol establece como delito grave de tercer grado el ingreso fraudulento a una unidad de vivienda residencial dentro del marco legal de la entidad. La normativa prohíbe que una persona tome posesión de un inmueble mediante declaraciones falsas por escrito sobre su propia identidad en una solicitud formal de alquiler.

Según el texto de norma, la regulación penaliza la presentación de documentos falsificados o ficticios ante los propietarios de las viviendas residenciales. Estos documentos bajo sospecha regulada incluyen:
- Licencias de conducir oficiales
- Tarjetas de identificación estatal
- Extractos de cuentas bancarias
- Recibos de sueldos
La ley fue firmada por DeSantis el 12 de junio y entra en vigor el 1° de octubre de 2026.
HB 1293: cuáles son las penas por fraude en el alquiler
La legislación estatal clasifica esta infracción contra la propiedad residencial como delito grave de tercer grado. El sistema judicial procesa esta ofensa de acuerdo con las pautas de castigo que se explicitan en las secciones 775.082, 775.083 o 775.084 de los Estatutos de Florida.
Estas secciones determinan las sanciones penales y las multas aplicables a quienes violen la norma. En ese marco, dictan lo siguiente:
- Sección 775.083: dispone que las condenas por delito grave de tercer grado conllevan una multa de hasta US$5000
- Sección 775.082: establece una pena de prisión de hasta cinco años para estos delitos
- Sección 775.084: está enfocada en quienes califican como reincidentes con delitos graves de tercer grado. En esos casos, puede elevar la pena de cinco hasta diez años de prisión

Según la firma de abogados Moses & Rooth Criminal Defense Lawyers, en Florida, un delito grave o felonía de tercer grado es la categoría penal menos severa dentro de los delitos graves. Sin embargo, constituye una ofensa seria que supera en gravedad a una falta menor. Entre los ejemplos más frecuentes se encuentran:
- Posesión de sustancias controladas (excepto la marihuana y ciertos medicamentos recetados)
- Fraude y soborno
- Robo con allanamiento de morada
- Acoso agravado y agresión agravada
- Agresión física de grado mayor
- Conducir bajo los efectos del alcohol y producir lesiones
- Portar un arma de fuego oculta sin la licencia correspondiente
- Abuso o negligencia infantil
- Resistencia al arresto
La Cámara de Representantes aprobó la propuesta con 110 votos a favor y ninguno en contra durante la sesión legislativa del 11 de febrero de 2026. Por su parte, el Senado estatal registró 34 votos afirmativos y ninguno negativo durante la votación del 6 de marzo de 2026.
Florida: cómo cambia la rescisión de contratos de alquiler
La reforma penal también modifica el párrafo (a) del subapartado (2) de la sección 83.56 de los Estatutos de Florida, que regula el arrendamiento residencial. La enmienda legal establece que el ingreso fraudulento a una vivienda representa un incumplimiento material que no otorga al inquilino una opción o plazo para corregir la falta.
El arrendador de la propiedad residencial adquiere la facultad jurídica para rescindir el acuerdo de arrendamiento de manera inmediata una vez que se detecta la falsificación de la identidad o los papeles.
Esta acción legal del propietario procede independientemente de si las autoridades judiciales del estado han iniciado o no un proceso penal contra el inquilino infractor.

El inquilino que incurra en este fraude dispone de un plazo de siete días corridos para desalojar el inmueble desde la notificación escrita. La ley prevé un formato estricto de carta donde el arrendador notifica la rescisión inmediata del contrato y exige la desocupación de la vivienda en el plazo señalado.
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