Florida y DeSantis: una coalición migratoria se suma a una nueva propuesta del Congreso para abrir vías hacia la ciudadanía

La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) unió su voz a la congresista demócrata de Illinois Delia Ramírez y a diversos grupos de activistas para exigir reformas integrales al sistema migratorio de Estados Unidos, replicado por el gobernador Ron DeSantis en el Estado del Sol. La iniciativa busca impulsar la aprobación de un marco legal que abra vías concretas hacia la residencia y la ciudadanía para millones de personas indocumentadas.

La FLIC encabeza el respaldo a la propuesta legislativa en el estado del sur. La organización trabaja con 80 entidades comunitarias con el objetivo de fortalecer el poder de las comunidades de inmigrantes.

La directora ejecutiva de la coalición, Tessa Petit, afirmó que la resolución atiende la urgencia de las familias que viven con temor a la deportación.

Según News From The States, la dirigente haitiana destacó que la incertidumbre afecta la vida cotidiana, el trabajo y la educación de los niños.

Además, Petit señaló que la situación de la comunidad haitiana en Florida tras la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La representante sostuvo que esta propuesta ofrece un camino de justicia y dignidad para los inmigrantes en el país.

Por su parte, la representante Ramírez anunció la resolución parlamentaria con el copatrocinio de otros 19 miembros de la Cámara de Representantes. La legisladora destacó el respaldo social en un contexto de constantes redadas y deportaciones a nivel nacional.

La resolución solicita a la Cámara de Representantes la aprobación de leyes que otorguen vías directas hacia la ciudadanía a los residentes indocumentados que permanecieron en el país durante un tiempo prolongado.

Asimismo, el proyecto plantea la creación de rutas de protección humanitaria con un acceso amplio al sistema de asilo.

La propuesta exige eliminar los topes arbitrarios a las visas, incluidos los límites por país de origen. Además, prohíbe el uso de visados temporales que impiden a los trabajadores cambiar de empleador en el mercado laboral.

En materia de derechos sociales, la medida prohíbe las restricciones de acceso a servicios y beneficios públicos como Medicaid. En ese marco, la congresista Ramírez recordó que la Cámara de Representantes no aprueba una ley de inmigración sustancial desde hace 40 años.

La legisladora del Estado de la Pradera vinculó la propuesta con su propia historia familiar de origen guatemalteco.

Pocos días antes de este anuncio, Ramírez presentó también un proyecto de ley para abolir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

• El gobernador DeSantis mantiene la aplicación de las políticas federales de inmigración mediante normativas estatales.
• En 2025, el ejecutivo estatal convocó a la Legislatura a una sesión especial para legislar medidas de control migratorio en el territorio.

Las leyes aprobadas en el estado obligan a los condados del estado a firmar acuerdos 287(g) con las agencias federales. Estos convenios autorizan a las fuerzas de seguridad locales y estatales a colaborar con el ICE.

En ese marco, las agrupaciones de derechos humanos denuncian que la colaboración policial genera temor en los vecindarios inmigrantes.

Los activistas sostienen que el clima de persecución aleja a las familias de los servicios de salud y de los centros educativos.