Ron DeSantis se mantiene firme con esta medida que afectaría a los conductores de Florida
El gobernador sigue de cerca los movimientos en la Legislatura estatal, donde ingresaron proyectos que buscan modificar una norma vigente hace más de 50 años; en otra oportunidad vetó una regla similar
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LA NACION
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mantiene firme en su decisión de no derogar la ley estatal de seguro de autos sin culpa. A pesar de los esfuerzos legislativos para eliminar el sistema actual y reemplazarlo por uno basado en la responsabilidad del conductor, el mandatario reiteró su oposición a la iniciativa, al argumentar que el cambio podría generar un incremento en las tarifas.
DeSantis se opone a una reforma: los detalles de la iniciativa
El proyecto de ley presentado por la senadora Erin Grall y el representante Alex Andrade busca reemplazar el sistema de Protección contra Lesiones Personales (PIP, por sus siglas en inglés) con una cobertura obligatoria de responsabilidad por daños corporales.
La propuesta establece los siguientes límites mínimos de cobertura:
- 25.000 dólares por persona lesionada.
- US$50.000 por incidente.
- US$10.000 por daños a la propiedad.
La iniciativa ya fue asignada a diversos comités en la Cámara de Representantes y el Senado, pero enfrenta una fuerte resistencia. DeSantis dejó en claro su postura tras su discurso sobre la situación del Estado, al señalar que solo consideraría un cambio si estuviera demostrado que reduciría las tarifas para los asegurados.
Según informan desde el medio Insurance Business Mag, DeSantis afirmó: “Si tienen una reforma donde podamos demostrar que bajará las tarifas, está bien”. Sin embargo, advirtió que la medida responde a intereses del gremio de abogados litigantes, quienes podrían beneficiarse económicamente de un sistema basado en la culpa.
El sistema que apoya DeSantis tiene medio siglo vigente
La ley de seguro sin culpa de Florida, vigente desde 1971, exige que todos los conductores adquieran un mínimo de US$10.000 en cobertura PIP y otros US$10.000 para daños a la propiedad.
Su objetivo principal es garantizar que las personas reciban atención médica y compensación por salarios perdidos sin necesidad de establecer culpabilidad en un accidente. Sin embargo, el sistema fue criticado por facilitar fraudes y generar costos elevados para los asegurados.
En los últimos años, se implementaron reformas para combatir estos problemas, tales como:
- 2003: se establecieron sanciones más severas para fraudes y se impusieron requisitos de licencia más estrictos para proveedores médicos.
- 2007: la ley PIP expiró temporalmente, pero fue reinstaurada con medidas adicionales contra el fraude.
- 2012: se aprobó una reforma que limitó la cobertura a US$2500, salvo que un médico certificara una condición de emergencia. Además, se excluyeron terapias como masajes y acupuntura.
Pese a estas modificaciones, el sistema sigue siendo objeto de debate. Florida Justice Association, una organización que representa a abogados litigantes, exige la eliminación del PIP, al argumentar que contribuiría a reducir los costos del seguro. En contraste, la industria aseguradora sostiene que la reforma podría incrementar las tarifas y generar más litigios.
No es la primera vez que se intenta derogar el sistema que DeSantis apoya
El debate sobre la eliminación del PIP no es nuevo en Florida. La legislatura del estado intentó en varias ocasiones sustituirlo por un sistema basado en la responsabilidad del conductor:
- 2018: se presentó un proyecto de ley para reemplazar el PIP con un seguro de responsabilidad obligatorio, pero no logró avanzar.
- 2021: la legislatura aprobó un proyecto de ley para eliminar el PIP y establecer requisitos mínimos de cobertura, pero DeSantis lo vetó, al advertir sobre posibles consecuencias no deseadas en el mercado asegurador
- 2023-2024: a pesar de nuevos intentos de reforma, la oposición del gobernador impidió cambios significativos.
Según Insurance Business, opositores a la derogación argumentan que es necesario evaluar el impacto de reformas previas antes de modificar el sistema. En particular, señalan que la eliminación de los honorarios unidireccionales para abogados podría tener un efecto positivo en las tarifas, lo que haría que se reduzca el exceso de litigios.
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