Volantazo a favor del ICE: la ciudad de Florida que quiso dejar de colaborar, pero se arrepintió

Tan solo una semana después de ponerle fin a la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Comisión de Key West cambió de posición y restableció la cooperación con autoridades federales. La presión del fiscal general de Florida y las amenazas de sanciones aceleraron esta marcha atrás. El caso reabrió el debate sobre las ciudades santuario en el estado de Ron DeSantis.

El martes 8 de julio, la Comisión de Key West votó cuatro a dos a favor de restaurar el acuerdo 287 (g), que permite la colaboración entre las fuerzas federales y las locales. Esa decisión contradice la postura que había tomado la semana anterior, cuando cinco comisionados eligieron terminar la cooperación con el ICE.

Lissette Carey, que había sido la única en manifestarse en contra de la disolución del acuerdo desde un principio, formó parte de la mayoría que votó a favor de su restablecimiento. En diálogo con Fox News Digital, la comisionada defendió su postura: “Tenemos que apoyar y seguir las leyes de nuestro estado y del gobierno federal”.

Vecinos de Key West presentes en la reunión rechazaron de manera ferviente la decisión y abandonaron la sala en señal de protesta. Es que este repentino cambio generó malestar en parte de la comunidad, que interpretó la medida como una marcha atrás ante la presión estatal.

Esta votación se dio en medio de una presión creciente por parte de la administración del gobernador Ron DeSantis, luego de que funcionarios estatales criticaran la decisión de disolver el acuerdo y advirtieran sobre consecuencias si no se revertía.

Tras la votación inicial, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, recurrió a sus redes sociales para afirmar que “la ciudad de Key West violó la ley estatal al votar para anular el acuerdo 287(g) de su Departamento de Policía con el ICE”.

Asimismo, Uthmeier acusó a los comisionados de crear una ciudad santuario, algo ilegal en Florida, y les advirtió: “Tienen dos opciones: dejar de obstaculizar a las fuerzas del orden en la aplicación de la ley migratoria o enfrentar las consecuencias”.

La comisionada Lissette Carey consideró que la marcha atrás se produjo en gran parte gracias a la carta enviada por Uthmeier, en la que prometía sanciones civiles y penales, incluso la destitución, si no revertían la decisión de forma inmediata.

“Creo que algunos miembros de la comisión se tomaron muy en serio esa advertencia. Por eso convocaron la reunión de emergencia para corregir lo que habían votado la semana anterior”, comentó.

Una vez confirmado el giro, Uthmeier celebró que Key West volviera a sumarse al programa 287(g). “Florida exige que sus ciudades hagan el mayor esfuerzo posible para ayudar a la administración Donald Trump a aplicar la ley migratoria y los floridanos no esperan menos”, remarcó.

Mientras Key West dio marcha atrás, South Miami sigue enfrentada legalmente con el gobierno de Florida. La ciudad mantiene una demanda contra la ley que obliga a cooperar con el ICE, aunque no quiere ser catalogada como santuario.

Sin embargo, Key West decidió no adherir a esa acción judicial. Por su parte, la comisionada Carey consideró que la colaboración con el ICE beneficia a sus representados. “Mientras algunos residentes y autoridades pensaron que esto era negativo, hablé con inmigrantes que están aquí legalmente y estaban molestos por lo que se había hecho”, explicó.

En ese sentido, completó: “Mi madre vino desde Cuba con mis abuelos y hermanos cuando tenía apenas siete años. Es fundamental respetar la ley y apoyar la inmigración legal para garantizar la seguridad de nuestro país”.