Fue declarado en desacato y defiende el ataque de Florida contra los migrantes: “Es el precio que hay que pagar”
James Uthmeier reapareció en televisión nacional para hablar sobre el fallo de la jueza Kathleen Williams; respaldó la ley SB 4-C que criminaliza a los extranjeros ilegales y consideró que la colaboración entre el Estado Soleado y el ICE funciona a la perfección
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, quedó en el centro de la polémica luego de que una jueza federal lo declarara en desacato por desobedecer una orden que prohibía aplicar la ley migratoria estatal SB 4-C. Lejos de retractarse, el funcionario salió al aire en el programa American Reports de Fox News y defendió su postura con un tono desafiante. “Es el precio que hay que pagar”, enfatizó.
La postura de James Uthmeier sobre la ley SB 4-C de Florida
Durante la entrevista emitida el jueves 19 de junio, Uthmeier criticó duramente la decisión de la jueza Kathleen Williams, quien había ordenado suspender la aplicación de la ley migratoria SB 4-C por considerar que invadía atribuciones federales. A pesar del fallo, el fiscal general comunicó a las fuerzas de seguridad que la orden judicial no afectaba su trabajo y que debían continuar con los arrestos de extranjeros ilegales.

“La jueza quería que diera una orden a todas las agencias de seguridad para que dejaran de aplicar la ley. No lo hice porque no tengo esa autoridad y, además, ninguna de esas agencias formaba parte del litigio”, afirmó Uthmeier, quien luego añadió: “Si ser declarado en desacato es el precio que hay que pagar por defender principios y el Estado de derecho, entonces que así sea”.
La magistrada Williams no solo lo sancionó, sino que también criticó públicamente la forma en que el fiscal manipuló el lenguaje jurídico para evadir la orden. Incluso citó a Lewis Carroll en su fallo, al aludir que los funcionarios no pueden redefinir el significado de las palabras judiciales según su conveniencia. Por su parte, Uthmeier respondió: “Lo que ocurre en el poder judicial es grave. Algunos jueces quieren legislar desde el estrado. Eso no es lo que nuestros padres fundadores imaginaron”.
Qué es la ley SB 4-C y por qué la Justicia la bloqueó en Florida
La ley SB 4-C fue aprobada en febrero de 2025 y se convirtió en uno de los pilares de la política migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Esta legislación penaliza con severidad la entrada o permanencia de inmigrantes indocumentados dentro del territorio estatal, incluso si ya se encontraban en Estados Unidos.

Estos son los aspectos más polémicos de la normativa:
- Establece como delito menor de primer grado la entrada a Florida de cualquier adulto en situación migratoria irregular. La sanción mínima incluye nueve meses de prisión.
- En casos de reincidencia, eleva la figura penal a delito de tercer grado, con penas mínimas de uno a dos años.
- Impide que los migrantes accedan a programas alternativos como desvíos pre o post arresto.
- Ordena prisión sin derecho a libertad condicional hasta que finalice el proceso judicial.
- Exige a la Policía notificar de inmediato al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Florida cuando detiene a un migrante sin estatus.
- Obliga a los jueces a imponer la pena de muerte a personas migrantes no autorizadas condenadas por crímenes capitales, sin evaluar atenuantes.
La jueza Williams dictó una medida cautelar que suspendía temporalmente la aplicación de esta ley por considerar que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense, que reserva al gobierno federal la potestad de legislar en temas migratorios. No obstante, Uthmeier desobedeció la orden, lo que derivó en su sanción por desacato.
La colaboración con el ICE y la saturación de cárceles en Florida
Durante la entrevista en American Reports, el fiscal general también explicó que la colaboración entre Florida y las autoridades migratorias federales funcionó sin fisuras. En ese sentido, Uthmeier aseguró que los sheriffs ya detienen a inmigrantes en las cárceles del estado y que algunas de ellas comenzaron a llenarse.
“La coordinación con el ICE ha sido perfecta. Apenas se hacen los arrestos, ICE los recoge. Estamos invirtiendo cientos de millones de dólares para combatir este problema”, sostuvo. En ese marco, recordó un caso reciente que, según dijo, justifica las políticas más estrictas: “La semana pasada logré una condena a cadena perpetua para un inmigrante ilegal que agredió sexualmente y traficó a una niña. Estos casos muestran por qué necesitamos actuar con firmeza”.
Uthmeier defendió la posición de su estado al remarcar que muchos otros, especialmente los considerados “estados azules”, se negaron a colaborar con el gobierno federal en la detención de migrantes con antecedentes. En cambio, según él, Florida ha dado el ejemplo.

La disputa legal que podría llegar a la Corte Suprema
El fallo que declaró en desacato al fiscal general no es un hecho aislado. El pasado 6 de junio, una corte de apelaciones federal con sede en Atlanta respaldó la decisión de la jueza Williams. Aunque los magistrados reconocieron que la orden judicial era amplia, indicaron que eso no justificaba su incumplimiento.
Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida lideraron la demanda contra el estado y argumentaron que la SB 4-C es inconstitucional. La Justicia les dio la razón, al establecer que las competencias migratorias son exclusivas del Congreso nacional.
Para Uthmeier, sin embargo, esta batalla recién empieza. Anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos y que continuará con su defensa del derecho de Florida a legislar por cuenta propia. “Vamos a apoyar a la administración Trump para detener, deportar y cumplir con nuestra responsabilidad con el pueblo”, concluyó.
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