Inmigrantes enfrentan redadas y arrestos tras despliegue de fuerzas federales en Washington D.C.
WASHINGTON (AP) — Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una operación de las fuerzas del orden en Washington, D.C., hace cuatro meses, la presentó como una misión para combatir la delincuencia rampante.
No obstante, activistas y líderes locales dicen que esa descripción contrasta con lo que se ha convertido en una ofensiva simultánea contra los inmigrantes, quienes están cada vez más preocupados por su estatus y seguridad en la ciudad.
Un tercio de todos los arrestos realizados durante la operación estuvieron relacionados con la inmigración, según cifras oficiales revisadas por The Associated Press. Activistas e inmigrantes reportan que los arrestos son frecuentes y alarmantes. En una demanda se alega que a menudo son ilegales. Y sin que se vislumbre un fin al aumento en la presencia de las fuerzas del orden en la ciudad, no hay indicios de que los arrestos por inmigración vayan a terminar.
La amenaza a los inmigrantes en la capital se ha vuelto rutinaria, expresan activistas y líderes locales.
Las redadas migratorias ya “no son noticia de la noche porque ya forman parte de la normalidad”, argumentó Brianne K. Nadeau, una concejal de Washington.
Trump dice que la operación en Washington D.C. es una misión para combatir la delincuencia
El presidente inició la intervención federal en Washington D.C. a mediados de agosto con una orden de emergencia que tomó el control de la fuerza policial de la ciudad y envió agentes federales junto con cientos de elementos de la Guardia Nacional.
El gobierno republicano de Trump afirma que la misión en Washington D.C. tiene como objetivo combatir la delincuencia y la ha promocionado como un éxito rotundo, aunque la delincuencia ya disminuía antes del inicio de la operación.
Las cifras oficiales muestran que alrededor del 33% de los más de 7.500 arrestos realizados desde el inicio de la operación hasta el lunes estuvieron relacionados con la inmigración. En septiembre, un análisis de The Associated Press encontró que el 40% de los 2.400 arrestos tuvieron que ver con la inmigración.
Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) publicadas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, de los aproximadamente 1.130 arrestos por inmigración realizados en la ciudad de mayoría demócrata desde el inicio de la operación hasta el 15 de octubre, las fechas para las que se proporcionaron los datos, 947 no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes.
“El enfoque de la muy exitosa operación del presidente Trump en Washington D.C. ha sido abordar los delitos cometidos por cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, y añadió que muchas de las personas arrestadas cometían delitos, tenían órdenes de arresto pendientes o condenas previas.
Las estadísticas muestran que los arrestos durante ese período fueron de diversa índole, incluidos cargos por homicidio y tráfico de drogas.
“Mis vecinos sufren acoso, agresiones y secuestros”
Aunque la orden de emergencia relacionada con la policía expiró en septiembre, las redadas de arrestos, los retenes, los agentes enmascarados y los vehículos sin identificación aún son visibles.
En una audiencia municipal de más de 10 horas realizada a principios de este mes, decenas de testigos expresaron las persistentes preocupaciones. Los residentes dijeron haber presenciado detenciones, a menudo realizadas por agentes del orden enmascarados y no identificables. Los objetivos comunes eran zonas de descenso escolar, centros de distribución de alimentos, empresas de paisajismo y edificios de apartamentos con una importante población hispana. Hubo numerosas quejas de que el Departamento de Policía Metropolitana local aún colabora estrechamente con el ICE en sus iniciativas de inmigración, a pesar de la promesa de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser de que no lo haría.
Nadia Salazar Sandi, inmigrante boliviana, dijo en la reunión que varios familiares suyos han sido detenidos en los últimos meses, lo que dejó asientos vacíos en la cena de Acción de Gracias.
“Esto es aterrador”, sostuvo, refiriéndose a las operaciones de inmigración. “Ahora soy ciudadana y traigo siempre mi pasaporte”.
Los testigos manifestaron que varias de las detenciones comenzaron con controles de tráfico rutinarios por parte de la Policía Metropolitana. Un caso inició con una parada por tener la matrícula vencida que atrajo a más de una decena de agentes federales.
“Cada día, mis vecinos sufren acoso, agresiones y secuestros”, dijo Leah Tribbett, residente de la ciudad. “Probablemente podría hablar durante toda la audiencia y aun así no relataría todos los casos de brutalidad que he presenciado”.
Una reunión previa para obtener información realizada por Nadeau reveló un creciente deseo de algunos inmigrantes de desaparecer del ojo público. Un testigo es un profesional médico que contó que una familia ya consideraba la posibilidad de no recibir terapia del habla y ocupacional para sus hijos autistas por temor a que las autoridades los esperaran en la clínica.
Las tácticas empleadas durante los arrestos han sido impugnadas en los tribunales
A principios de este mes, un juez federal impidió que el gobierno de Trump realizara arrestos generalizados por motivos migratorios en la capital del país sin órdenes judiciales o causa probable de que las personas arrestadas hayan violado la ley migratoria o exista conocimiento de que representan un riesgo de fuga.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros abogados demandantes argumentaron que los agentes federales con frecuencia patrullaban y establecían retenes en barrios con altas cifras de inmigrantes hispanos, para después detener y arrestar a personas indiscriminadamente.
José Escobar Molina, uno de los demandantes en el litigio, declaró en documentos judiciales que contaba con protección legal temporal y que había vivido en la ciudad durante 25 años. Contó que caminaba desde su edificio de apartamentos hacia su camioneta de trabajo cuando dos autos se detuvieron a su lado. Agentes federales no identificados lo sujetaron y esposaron sin preguntarle su nombre ni pedirle su identificación ni ninguna información sobre su estatus migratorio, manifestó. Tampoco le preguntaron dónde vivía, cuánto tiempo llevaba en la zona ni si tenía vínculos con la comunidad, añadió.
Los abogados del gobierno de Trump argumentaron que los agentes tenían causa probable para detener a Molina y a los demás demandantes de la manera en que lo hicieron.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que los arrestos en Washington y otros lugares se llevan a cabo legalmente y que a todos los detenidos se les aplica el debido proceso.
Madeleine Gates, abogada asociada de la organización sin fines de lucro Comité de Abogados de Washington, y una de las asesoras jurídicas que representan a los demandantes, reportó que han presentado declaraciones adicionales de miembros de la comunidad con docenas de casos en los que se arrestó a personas al margen de los procedimientos adecuados.
“Lo que hemos visto en la práctica es que los agentes arrestan a personas sin que parezcan saber quiénes son”, expuso.
Trump no ha dicho cuándo podría reducir la presencia de las fuerzas federales del orden. Tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en la ciudad el mes pasado, presuntamente perpetrado por un ciudadano afgano, el mandatario anunció que planeaba desplegar cientos de efectivos más para apoyar la operación.
Los líderes locales celebran audiencias y alertan sobre los arrestos. No obstante, reconocen que, en un distrito federal con autonomía limitada, es poco lo que pueden hacer para contrarrestarlo.
“La frustrante realidad”, dijo Brooke Pinto, una concejal de la ciudad, “es que no tenemos los mismos recursos de poder y control, ni los mismos derechos como distrito para proteger a nuestros residentes, que tienen cada uno de los otros 50 estados”.
