La Corte Suprema parece decidida a avanzar con cautela ante los desafíos al programa de Trump

WASHINGTON (AP) — En menos de 500 palabras cuidadosamente elegidas y algo opacas, la Corte Suprema se ha pronunciado en dos ocasiones sobre los esfuerzos acelerados del presidente, Donald Trump, para remodelar el gobierno federal de Estados Unidos.

Los magistrados no le otorgaron al gobierno de Trump lo que buscaba. La corte rechazó la posición del gobierno republicano de que tenía el poder inmediato para despedir al jefe de una oficina de supervisión. En el otro caso, la corte ralentizó el esfuerzo por bloquear la liberación de hasta 2.000 millones de dólares en ayuda al extranjero.

Al final, las derrotas a corto plazo para el gobierno pueden significar poco, y las acciones de la corte reflejan, en términos generales, menos sobre si Trump tenía razón o no en cada caso.

En cambio, pueden representar un compromiso importante, aunque menos ostentoso, con el orden corriente desde la cúpula de un sistema judicial que ha surgido como un elemento de control clave sobre el poder de Trump, mientras que el Congreso controlado por los republicanos apoya en gran parte las iniciativas del mandatario o no se pronuncia.

Jack Goldsmith, que fue funcionario del Departamento de Justicia durante el gobierno del expresidente George W. Bush, dijo que puede haber beneficios para la corte al dar pequeños pasos y retrasar los procesos, lo que “dio ventaja a la corte al lograr resultados de emergencia que quería sin tener que mostrar sus cartas prematuramente sobre los méritos de los casos”.

El uso sin precedentes del poder presidencial por parte de Trump parece encaminado a plantear sucesivas sesiones de una Corte Suprema que ayudó a moldear con tres nombramientos durante su primer mandato.

Pero incluso la mayoría conservadora del tribunal, que muestra una visión fuerte del poder presidencial y le otorgó una amplia inmunidad contra la persecución penal, podría dudar en algunos de los deseos del presidente.

Su iniciativa para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que están en Estados Unidos de forma ilegal, por ejemplo, descartaría más de 100 años de costumbres y una interpretación relativamente consolidada de la garantía de ciudadanía de la 14ta enmienda a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”.

Los desafíos a la orden de ciudadanía forman parte de más de 100 demandas que se han presentado, y los jueces de tribunales inferiores han pausado los planes del gobierno más de 30 veces.

Las primeras incursiones de la Corte Suprema no han tratado en gran medida sobre la sustancia de lo que el presidente quiere hacer, sino sobre los procedimientos utilizados por los jueces federales que tienen la primera oportunidad de evaluar la legalidad de las acciones del ejecutivo.

Los aliados de Trump, en especial su asesor multimillonario Elon Musk, han criticado a los jueces que ralentizan su agenda, amenazando con un juicio político y lanzando ataques personales. La Asociación de Jueces Federales, la organización más grande de este tipo, emitió una inusual declaración pública denunciando “la retórica irresponsable envuelta en desinformación” que podría socavar la confianza pública en el poder judicial.

Aunque Trump ha dicho que obedecería a los tribunales, el vicepresidente, JD Vance, Musk y otros han sugerido que el gobierno podría desafiar una orden judicial, lo que desencadenaría una crisis constitucional. Trump ha prometido apelar decisiones que no le gustan, algo que su gobierno ha hecho rápidamente en varios casos, incluso mientras algunos demandantes cuestionan si el gobierno está siguiendo por entero las órdenes de los jueces.

“Me parece que están jugando de manera bastante arriesgada”, dijo Jeffrey Schmitt, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Dayton. “No quieren que parezca que desafían abiertamente a los tribunales y se niegan a acatar sus órdenes. Tampoco quieren cambiar su comportamiento”.

Mientras tanto, la Corte Suprema se está viendo arrastrada al conflicto de manera intermitente. Eso podría cambiar pronto, a medida que más demandas lleguen a una etapa en la que puedan ser apeladas ante el máximo tribunal.

“Me parece que la corte está tratando de señalar que los procesos normales deben llevarse a cabo”, dijo Kent Greenfield, profesor de derecho en Boston College, quien es el autor principal de una carta firmada por aproximadamente 1.000 académicos que sostienen que la nación ya se encuentra en una crisis constitucional como resultado de las acciones de Trump.

Un grupo progresista, Court Accountability, dijo que la orden más reciente de la corte, en el caso de la congelación de ayuda extranjera, puede haber sido reportada como un revés para el gobierno.

“Pero una mirada más cercana a la breve orden de la mayoría revela que el presidente del tribunal en realidad le dio a Trump todo lo que quería”, escribió el grupo en su blog, explicando que los retrasos adicionales solo dificultan que las personas y grupos afectados por la congelación se recuperen.

Josh Blackman, profesor de la Facultad de Derecho del Sur de Texas, escribió en el blog The Volokh Conspiracy que la Corte Suprema ha evitado cuestiones constitucionales urgentes que debería haber decidido sobre la extensión del poder del presidente. En cambio, escribió, los jueces de distrito “ahora están seguros de que pueden emitir cualquier orden que deseen contra el poder ejecutivo, y la Corte Suprema no los detendrá. Este es el poder judicial fuera de control”.

Pero aunque provocaron indignación en internet entre algunos sectores de seguidores del presidente, los eventos de los últimos días podrían verse como una validación del enfoque cauteloso de los magistrados.

El 21 de febrero, una orden de la Corte Suprema mantuvo temporalmente a Hampton Dellinger, el jefe de la Oficina del Consejero Especial, en su puesto a pesar de los esfuerzos de Trump por despedirlo.

De hecho, los magistrados no se pronunciaron de ninguna manera sobre la solicitud del gobierno de anular una orden a favor de Dellinger. La Corte Suprema mantuvo el asunto “en suspenso”, a la espera de nuevos procedimientos en el tribunal inferior.

El jueves, Dellinger terminó su batalla legal después de que un tribunal de apelaciones federal fallara en su contra, pero no antes de que detuviera el despido de 5.000 trabajadores federales.

La Corte Suprema finalmente actuó sobre la solicitud del gobierno, horas después de que Dellinger se retirara, desestimándola como irrelevante.

La magnitud de los despidos federales que el nuevo gobierno quiere llevar a cabo también podría poner la ley de empleo federal ante la Corte Suprema. Si bien los expertos dicen que los magistrados parecen inclinados a permitir que el presidente tenga más poder para contratar y despedir a los jefes de agencias, la perspectiva es menos clara para las protecciones del servicio civil para otros trabajadores federales.

En el caso de la congelación de la ayuda al extranjero, el juez federal de distrito Amir Ali redujo su orden de pago para requerir que el gobierno pague de inmediato sólo a aquellas organizaciones que habían presentado originalmente la demanda.

Pero con casi una docena de demandas presentadas sobre movimientos para congelar fondos federales dentro y fuera del país para poder alinear el gasto con la agenda de Trump, la lucha por el control del dinero parece destinada a regresar a la Corte Suprema.

Los magistrados han desempeñado un papel limitado hasta ahora, pero Trump lleva menos de dos meses de su segundo mandato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.