El proyecto de ley que apoya Mamdani en Nueva York y obligaría a Amazon a contratar directamente a sus repartidores

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respalda el proyecto de Ley de Protección de Entregas (Delivery Protection Act), que obligaría a Amazon y a otras empresas a contratar directamente al personal que distribuye paquetes desde sus centros logísticos. La iniciativa busca modificar el sistema de tercerización de las compañías y reforzar la protección de los repartidores de Amazon en Nueva York, aunque todavía necesita la aprobación del Concejo Municipal.

Según el texto oficial de la iniciativa Int. 0518-2026, las empresas que operan determinadas instalaciones de distribución deberán emplear directamente a los trabajadores que realizan servicios esenciales de almacenamiento y reparto. La propuesta prohíbe contratar a agencias de empleo y otros intermediarios para esas tareas, salvo las excepciones previstas en el documento.

La obligación alcanzaría tanto a empleados de tiempo completo como a quienes trabajan a tiempo parcial. En el caso de los conductores, el texto incluye a quienes prestan servicios durante más de ocho horas en un período de 30 días, aunque no alcancen una jornada completa.

Otra disposición establece que los operadores deberán ofrecer empleo directo a los trabajadores afectados por la finalización de contratos de tercerización. La propuesta les otorga prioridad de contratación frente a nuevos aspirantes y exige condiciones laborales que no sean inferiores a las anteriores.

El proyecto lleva la firma de la concejala Tiffany L. Cabán, quien lo presentó el 12 de febrero. El Concejo Municipal celebró una audiencia en abril, pero la iniciativa todavía permanece en comisión.

El 20 de octubre, Mamdani volvió a defender la propuesta frente a los cuestionamientos de organizaciones empresariales que advirtieron sobre consecuencias negativas para pequeños negocios.

De acuerdo con la transcripción oficial de una conferencia de prensa, el alcalde sostuvo que la legislación permitiría mejorar la seguridad vial y proteger a los empleados que contribuyen a las ganancias de corporaciones como Amazon.

Un periodista le preguntó al alcalde específicamente si la iniciativa podría provocar pérdidas de puestos de trabajo. El mandatario evitó ofrecer una estimación sobre ese posible impacto y respondió que la medida permitiría mejorar las protecciones laborales.

Mamdani también acusó a Amazon y a otras compañías de gastar grandes sumas de dinero en campañas publicitarias destinadas a generar temor sobre los efectos de la legislación.

La postura forma parte de su agenda de derechos laborales de los repartidores en Nueva York. En agosto, el alcalde cuestionó el modelo de subcontratación y sostuvo que las grandes corporaciones deberían asumir responsabilidad por las condiciones de trabajo de sus conductores.

La oposición al proyecto cobró fuerza durante octubre. Según City & State New York, Amazon advirtió que podría cerrar depósitos y trasladar miles de puestos de trabajo fuera de la ciudad si el Concejo Municipal aprueba la legislación.

El presidente de la National Urban League, Marc Morial, también cuestionó la iniciativa. Además, argumentó que la prohibición de determinadas subcontrataciones podría perjudicar a decenas de empresas independientes que trabajan para Amazon y otros operadores.

Morial advirtió que la medida podría afectar especialmente a negocios de propietarios afroamericanos y latinos, además de provocar pérdidas de empleos. El dirigente pidió que los legisladores consideraran el impacto sobre esas compañías antes de avanzar.

City & State señaló que Amazon figura entre los principales donantes de la National Urban League. La organización reconoce a la empresa como uno de sus socios de categoría diamond, reservada para aportantes de más de 1 millón de dólares.

Por su parte, la concejala Cabán rechazó las advertencias y defendió la necesidad de responsabilizar a las grandes empresas por las condiciones laborales y la seguridad de las comunidades próximas a los depósitos.

El sindicato Teamsters Local 804 y el Consejo Central de Trabajadores de Nueva York también respaldan la propuesta. Mientras tanto, la presidencia del Concejo Municipal mantiene conversaciones con representantes de ambas posiciones.

La Ley de Protección de Entregas también contempla requisitos administrativos para los depósitos de última milla, es decir, aquellos establecimientos desde los que salen los productos hacia sus destinatarios finales.

El texto establece que cada operador deberá obtener una licencia del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP, por sus siglas en inglés).

Entre las principales disposiciones figuran:

• Licencias: cada instalación deberá contar con una autorización individual. El proyecto fija una tarifa anual de US$500 y una vigencia de dos años para cada licencia.
• Capacitación: los empleados deberán completar al menos seis horas de formación, con contenidos sobre seguridad vial, derechos laborales y prevención de lesiones.
• Plazos de formación: la capacitación deberá realizarse dentro de los primeros 92 días de empleo y repetirse anualmente.
• Despidos: los operadores deberán notificar la finalización de una relación laboral con al menos 30 días de anticipación, salvo casos de conducta grave.
• Sanciones: determinadas infracciones vinculadas con el empleo directo y las obligaciones de seguridad podrían generar multas de US$1000 diarios.

La propuesta también prohíbe las represalias contra empleados que ejerzan derechos protegidos por la legislación. En caso de incumplimientos, los trabajadores podrían reclamar compensaciones económicas y la restitución de sus puestos. Estas disposiciones ampliarían las normas de protección para los trabajadores de reparto que ya existen en la ciudad.

El comunicado de la alcaldía del 10 de agosto de 2026 también señaló que, desde 2017, abrieron al menos 18 grandes centros de última milla en Nueva York. Once comenzaron a operar a partir de 2020.

Según las autoridades municipales, un informe de la Contraloría publicado en 2025 detectó aumentos de accidentes con lesionados en el 78% de las áreas cercanas a las instalaciones analizadas. En Maspeth, los siniestros próximos a grandes depósitos de FedEx y Amazon aumentaron un 53% y un 48%, respectivamente.

El proyecto establece que la mayor parte de sus disposiciones comenzaría a regir 120 días después de su promulgación. Sin embargo, las obligaciones de contratación directa tendrían un plazo de implementación mayor.

Según el artículo 20-566.3, esa exigencia entraría en vigor el primer día del duodécimo mes posterior a la aprobación definitiva de la norma.

El documento también contempla prórrogas para determinados contratos con empresas tercerizadas que ya estuvieran vigentes. En esos casos, las extensiones no podrían superar el vencimiento del contrato correspondiente ni el último día del mes 24 posterior a la promulgación.

Durante ese período, los operadores que mantengan trabajadores externos deberán cumplir obligaciones adicionales. Entre ellas, el registro de los conductores, sus antecedentes de tránsito, la cobertura de seguro y las rutas de reparto.

Además, el texto exige una garantía de US$500 mil por cada repartidor que permanezca como trabajador externo bajo esas condiciones. Esos fondos servirían para responder ante determinadas sentencias judiciales relacionadas con accidentes de tránsito que involucren a los conductores.