La pena que impulsa Ron DeSantis para las empresas de Florida que contraten inmigrantes indocumentados

La iniciativa del gobernador Ron DeSantis de crear una nueva ley de inmigración, que actualmente analiza el senado de Florida, contempla exigencias varias para las empresas privadas, que tendrían que verificar la documentación de los trabajadores que contraten a través de un sistema conectado a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional. En caso de no cumplir con ese requisito, podrían enfrentar multas de hasta 10.000 dólares, cargos penales y suspensión de operaciones.

“En Florida, como en la mayoría de los estados, hay que ser elegible, estar aquí legalmente y para trabajar”, sentenció el gobernador Ron DeSantis en febrero pasado al presentar el proyecto de ley, denominado SB 1718. Si el senado estatal vota a favor, extendería la regla vigente para el sector público a todas las empresas en el Estado del Sol.

De tal manera, los dueños de negocios deberán utilizar una plataforma digital llamada llamada E-Verify para validar los documentos y confirmar la elegibilidad de los candidatos a un empleo, de acuerdo con los registros oficiales del Seguro Social y Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En caso de que reciba luz verde, la nueva ley establece que si un empleador no cumple con la comprobación obligatoria de los documentos de sus trabajadores, podría recibir una multa de US$5000 en la primera ocasión. Si cometen más faltas en 24 meses, la pena ascenderá a US$10.000 por cada migrante ilegal que haya sido contratado, según consta en el documento que aún está en discusión en el senado estatal.

Si los empleadores violan reiteradamente las nuevas ordenanzas, enfrentarán cargos de un delito de segundo grado y podrían perder sus licencias de operación. También se obliga a que los empleadores conserven copias de la documentación de los trabajadores y el Formulario I-9 registrado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) por un período de cinco años a partir de la fecha de contratación.

“Nos preocupa bastante el E-Verify porque sabemos que existen industrias críticas, como el turismo y la agricultura, que necesitan trabajadores y no hay suficientes estadounidenses que quieran tomar esos puestos”, declaró a los medios locales Samuel Vílchez Santiago, de la Coalición Americana de Inmigración Empresarial.

Una de las prioridades del segundo período de DeSantis como gobernador de Florida ha sido intentar controlar el flujo de migrantes ilegales en el estado. Para ello, busca derogar las leyes estatales que protegen a indocumentados a través de la presentación de un nuevo proyecto de ley.

Entre sus propuestas también destaca su intento por convertir en un delito mayor cualquier acto para transportar, esconder o albergar a inmigrante ilegal en Florida, lo cual implicaría una pena de hasta cinco años en prisión y US$5000 de multas.

Los intentos del republicano para hacer frente a la crisis migratoria han generado preocupación en distintos sectores sociales, como activistas de derechos humanos, organizaciones sindicales y hasta representantes religiosos. No obstante, se prevé que la iniciativa sea aprobada en las próximas semanas por la legislatura estatal.