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Adiós redadas: la orden legal que bloquea el acceso al ICE a obras en construcción que emplean inmigrantes en Alabama
Un juez federal suspendió temporalmente tres prácticas concretas tras la demanda de un ciudadano estadounidense detenido en distintas ocasiones
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LA NACION
Un juez federal de Alabama suspendió temporalmente varias prácticas de agentes de inmigración en obras de construcción después de una demanda presentada por Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense de raíces mexicanas que sostuvo haber sido detenido en tres ocasiones. La resolución establece límites concretos para los operativos mientras continúa el proceso judicial.
Alabama: las tres prácticas migratorias que suspendió el juez federal
La medida fue dictada por el juez federal Jeffrey U. Beaverstock, de la Corte Federal del Distrito Sur de Alabama, y afecta tres prácticas que Venegas denunció como parte de los operativos de inmigración en lugares de trabajo.
Según la información publicada por N+ Univision, la orden fue emitida el 21 de septiembre y suspendió temporalmente las tres prácticas mientras avanza el litigio contra el gobierno.
Entre los puntos centrales de la resolución se encuentran:
- Los agentes de inmigración no pueden ingresar a obras de construcción privadas sin una orden judicial.
- No pueden detener a trabajadores únicamente porque sospechen que podrían encontrarse en Estados Unidos sin autorización.
- No pueden retener a una persona después de que presente documentación que demuestre su ciudadanía o su presencia legal en EE.UU., como una REAL ID.
- La resolución no constituye todavía una decisión definitiva sobre el fondo de todos los reclamos planteados por Venegas.
La orden fue emitida bajo la Ley de Procedimiento Administrativo y, según explicó Beaverstock, tiene un alcance más limitado que la medida cautelar amplia que había solicitado la defensa.
El magistrado consideró que una prohibición más extensa constituiría una medida “drástica y extraordinaria” y concluyó que detener las prácticas específicamente cuestionadas era suficiente para proteger al demandante mientras el caso sigue adelante.
Orden legal: el caso de Leonardo Venegas llegó después de tres arrestos
El origen del proceso está en las experiencias que Venegas atribuye a agentes de inmigración durante distintos operativos realizados en obras de construcción. El trabajador, nacido en Florida y residente en la costa de Alabama, sostiene que fue objeto de un trato basado en su apariencia y sus raíces mexicanas pese a ser ciudadano estadounidense.
Según el relato presentado ante la justicia, uno de los episodios ocurrió el 21 de mayo de 2025, cuando agentes con el rostro cubierto ingresaron a una obra. Venegas afirmó que los funcionarios saltaron una cerca, pasaron junto a trabajadores que no eran latinos y redujeron primero a su hermano.
Venegas sostuvo que los agentes le quitaron una identificación STAR de Alabama que llevaba en el bolsillo, cuestionaron su autenticidad y lo retuvieron durante más de una hora. Posteriormente fue liberado una vez que se confirmó su ciudadanía y nunca fue acusado de un delito.
Semanas más tarde, según su versión, otro agente ingresó a una vivienda prácticamente terminada, lo llevó hacia un vehículo sin identificación junto con otros trabajadores latinos y volvió a rechazar su documentación. Nuevamente fue liberado después de que se verificara que era ciudadano estadounidense.
La tercera detención ocurrió el 2 de mayo de 2026, cuando agentes federales siguieron a Venegas hasta su domicilio en Alabama. Según su declaración judicial, lo sacaron del vehículo y lo esposaron antes de liberarlo, pese a que les indicó que era ciudadano estadounidense e intentó mostrar su REAL ID.
Durante una audiencia celebrada en mayo de 2026, Venegas describió ante el tribunal las consecuencias que, según dijo, tuvieron esas intervenciones sobre su vida cotidiana. “Pueden aparecer de repente y detenerte sin que hayas hecho nada”, declaró. “Ahora no me siento libre para conducir, ir a trabajar o ir a la tienda”.
Alabama: el juez cuestionó el ingreso de agentes a las obras
El fallo discute sobre si los agentes pueden ingresar a una obra de construcción sin una orden judicial. El gobierno sostuvo que los trabajadores no podían reclamar una expectativa de privacidad sobre lugares de trabajo que no les pertenecían y defendió la posibilidad de realizar determinadas intervenciones.
Beaverstock rechazó el argumento de que una obra de construcción pueda considerarse siempre un espacio abierto al que los agentes tienen acceso sin una orden. En particular, destacó que uno de los incidentes denunciados por Venegas ocurrió dentro de una estructura.
El magistrado determinó que las tres prácticas denunciadas existían y que Venegas tenía legitimidad para cuestionarlas ante los tribunales. A partir de allí, examinó si las actuaciones descritas podían vulnerar las garantías constitucionales.
El fallo sostiene que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional probablemente violaron la Cuarta Enmienda al reducir a Venegas, cuestionar la validez de su identificación oficial y mantenerlo detenido pese a que había presentado documentación que acreditaba su situación legal.
Orden legal: qué sostuvo el gobierno frente al reclamo
El gobierno, representado por el fiscal federal adjunto Sam Ladd Jr., negó que las políticas denunciadas por Venegas existieran. También argumentó que las detenciones breves podían ser razonables y que el trabajador no tenía un derecho de privacidad sobre las obras de construcción que no eran de su propiedad.
El juez observó una contradicción en esa posición. Si las políticas cuestionadas no existieran, sostuvo, suspenderlas no podría limitar una actividad de aplicación de la ley que fuera legítima.
Durante el proceso también declaró Phillip Lavoie, supervisor de Investigaciones de Seguridad Nacional. Según su testimonio, los agentes reciben capacitación para contar con una sospecha razonable antes de realizar determinadas intervenciones y deben finalizar los encuentros cuando se verifica la ciudadanía de una persona.
Demanda contra el DHS: qué falta para que el caso avance como acción colectiva
Venegas busca que su demanda pueda avanzar como un caso colectivo, de modo que otras personas que aseguren haber sufrido situaciones similares durante operativos de inmigración puedan quedar comprendidas en la acción judicial.
Según Courthouse News, el juez señaló que la suspensión se aplica a las tres prácticas descritas en el litigio y permanecerá vigente mientras continúan las actuaciones. La certificación del grupo y otros reclamos todavía no fueron resueltos.
La organización que representa a Venegas es el Institute for Justice. Su abogado principal, Jared McClain, calificó la decisión como un golpe contra las prácticas de aplicación de las normas de inmigración que, según sostuvo, fueron cuestionadas judicialmente.
“El gobierno se presentó ante el tribunal y argumentó que no necesita órdenes judiciales para ingresar a obras privadas y detener a todos los trabajadores, y que no puede confiar en las identificaciones emitidas por el gobierno”, afirmó McClain en una declaración enviada por correo electrónico.
“Al dejar de lado esas políticas inconstitucionales, el tribunal restauró el Estado de derecho. Los trabajadores de la construcción como Leo finalmente pueden volver a trabajar en paz”, agregó.
El fallo de Beaverstock, sin embargo, no cierra el expediente. La suspensión es temporal y el proceso continuará ante la Corte Federal del Distrito Sur de Alabama, donde deberán resolverse los reclamos pendientes y determinarse el alcance definitivo de la controversia planteada por Venegas contra el gobierno.
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