Agentes migratorios del Uscis ahora examinan datos de votantes para identificar extranjeros, según The Washington Post

Cientos de agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) fueron reasignados para revisar registros electorales. Los trabajadores de la entidad federal se enfocarán en detectar posibles casos de personas que no son ciudadanas estadounidenses y figuran como votantes, según tres exfuncionarios.

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, los trabajadores pertenecen a la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés), una unidad del Uscis que habitualmente analiza solicitudes migratorias para detectar información falsa y posibles amenazas a la seguridad nacional.

El vocero del Uscis, Zach Kahler, confirmó al New York Post que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) trabaja con los estados para obtener registros electorales y cruzarlos con información de la entidad. El objetivo es detectar casos de extranjeros sin ciudadanía que podrían estar registrados para votar o haber emitido sufragio de manera ilegal en una elección federal.

De acuerdo con el medio, el cruce de información no implica por sí mismo que una persona haya cometido una infracción. Una coincidencia entre bases de datos puede dar lugar a una revisión posterior y requiere verificar la situación de cada caso.

Los tres exfuncionarios consultados por The Washington Post dijeron que la labor de revisar solicitudes migratorias y analizar posibles inconsistencias o amenazas relacionadas con los trámites quedó prácticamente detenida a raíz de la nueva prioridad.

Ante ese escenario, abogados de inmigración expresaron preocupación por las posibles consecuencias de una reducción en la revisión de expedientes migratorios, en particular para personas cuyos trámites están a la espera de decisiones del Uscis

De acuerdo con expertos de The New York Times, la reasignación forma parte de una estrategia de la administración Trump para utilizar información federal y estatal en la búsqueda de posibles casos de voto de no ciudadanos.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno federal impulsó distintas medidas relacionadas con la integridad electoral, entre ellas la búsqueda de registros de votantes y la elaboración de bases de datos vinculadas con la ciudadanía.

The Washington Post señaló que el gobierno federal también demandó a al menos 30 estados y al Distrito de Columbia para obtener información detallada de sus padrones electorales.

En mayo, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) concluyó que la División de Derechos Civiles puede solicitar registros estatales de votantes y compartirlos con el DHS para cruzarlos con bases de datos federales.

La opinión jurídica sostuvo que la legislación federal permite al gobierno solicitar esas listas para investigar posibles casos de fraude electoral y que el DHS puede recibir esa información para realizar verificaciones.

La ofensiva del gobierno federal se apoya en la preocupación de Trump y de otros funcionarios sobre la participación electoral de personas que no cumplen los requisitos para votar en elecciones federales. Sin embargo, la evidencia disponible no demuestra que el fenómeno tenga una magnitud capaz de alterar los resultados electorales.

The Washington Post señaló que los casos documentados de no ciudadanos que votan son poco frecuentes y que expertos electorales consideran exageradas algunas de las cifras difundidas por funcionarios de la administración. El medio citó, por ejemplo, el caso de Nevada.

Allí, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había mencionado la posibilidad de que hubiera unos 16.000 no ciudadanos registrados para votar. Posteriormente, funcionarios del DHS comunicaron a la oficina del secretario de Estado de Nevada que solo habían confirmado 185 casos y que más de 14.000 registros todavía debían ser revisados.