Asilo en Estados Unidos: qué es el “cierre administrativo”, el limbo migratorio que preocupa a los latinos
Mientras esperan por una resolución a sus solicitudes, una figura legal poco conocida los mantiene sin certezas ni derechos plenos
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LA NACION
En pleno segundo mandato de la administración Trump se implementaron múltiples políticas migratorias. Entre las consecuencias de estas medidas se encuentra el "cierre administrativo", un estatus que deja en un “limbo” a quienes buscan asilo.
En qué consiste el cierre administrativo en EE.UU.
El cierre administrativo, según consignó el bufete de abogados Ybarra Maldonado Law Group, es un procedimiento legal en el cual un juez decide pausar o suspender de manera temporal los procedimientos de deportación.
A los migrantes que reciben un “cierre administrativo” y tienen solicitudes de asilo, se les detiene el proceso. Esto significa que el caso queda en suspenso, lo que le permite al individuo permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación, pero sin estatus legal.
Cómo afecta el cierre administrativo a los casos de asilo
Durante este período, la persona no contará con un estatus migratorio legal permanente. Por lo tanto, pueden estar bajo un estado de incertidumbre prolongado hasta que el caso vuelva a reabrirse.
La alternativa en este tipo de situaciones es que se pueden investigar alternativas legales para vivir en Estados Unidos, como peticiones basadas en la familia, visas patrocinadas por el empleador y autorizaciones de trabajo.
El cierre administrativo durante la era de Biden y Trump
El cierre administrativo pasó por múltiples etapas durante los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump. En el primer mandato del magnate, el entonces fiscal Jeff Sessions emitió una orden denominada "Matter of Castro-Tum" que limitaba a los jueces el uso del cierre administrativo en casos de inmigración, salvo en excepciones judiciales.
“Los jueces de inmigración y la Junta no tienen la autoridad general para suspender indefinidamente los procedimientos de inmigración mediante el cierre administrativo“, indicó la normativa presentada por el exfiscal.
Bajo la administración Biden, el fiscal general Merrick Garland revirtió la decisión impuesta por Sessions para suavizar las políticas migratorias impuestas por Trump. Sin embargo, esto produjo un aumento de casos con cierre administrativo.
“Los últimos dos años de Biden estuvieron marcados por una narrativa pública un poco más compasiva. Trataba de deshacerse del daño causado por la primera administración Trump. Sin embargo, varias de las promesas que él hizo se quedaron en eso, en promesas. Yo vi en mis pacientes numerosos casos de personas afectadas por este cierre administrativo“, destacó la psicoterapeuta Brenda Punsky en diálogo con LA NACION.
La ejecución de este procedimiento legal decayó con el segundo mandato de Donald Trump, debido a que el Departamento de Justicia instó a los jueces a permitir que los abogados del DHS presentaran “mociones de desestimación en forma oral" y que estas se concedan de manera inmediata.
Esto quiere decir que los casos de asilo archivados con el cierre administrativo deben ser reabiertos con una tendencia a denegar a través del término legal “pretermisión”.
“Lo que pasa ahora con la administración Trump es que se le comunicó al sistema judicial que esos expedientes archivados deben ser reabiertos y procesados, con tendencia a denegar el asilo. Una de las cosas que instruyó es la pretermisión, un término legal que significa que si los jueces en una primera mirada no ven el caso muy fuerte, pueden negarles el asilo sin derecho de audiencia", explicó Punsky sobre la nueva tendencia en los casos de asilo con los cierres administrativos.
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