Avanza el ICE: el caso de más de 2300 inmigrantes mexicanos enviados a Guatemala y Honduras mientras son deportados

Estados Unidos deportó a casi 2.300 ciudadanos mexicanos hacia Guatemala durante 2026 y envió a decenas más hacia Honduras, en un giro respecto del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, cuando este tipo de traslados a terceros países era mínimo.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles 19 de agosto que su país recibió 2.284 mexicanos deportados desde territorio estadounidense en lo que va del año, según informó la agencia AP.

Los deportados llegan en vuelos junto con connacionales guatemaltecos retornados y, de acuerdo con Arévalo, son trasladados a México en un plazo de menos de 24 horas mediante un arreglo con las autoridades migratorias mexicanas.

El cambio de ruta afecta directamente a quienes tienen familia, trabajo o vida armada en territorio estadounidense y ven cómo su proceso de retorno se complica con una escala forzada en un país que no es el suyo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México confirmó a la AP que estos traslados ocurren principalmente desde abril de 2026 y que el objetivo declarado por Washington es “evitar que vuelvan a cruzar” nuevamente hacia territorio estadounidense.

Ni el INM ni las autoridades hondureñas ofrecieron cifras oficiales completas ni detalles sobre el estatus legal de los deportados durante ese tránsito, un vacío que preocupa a organizaciones de derechos humanos porque los migrantes no cuentan con ninguna figura de refugio o asilo mientras están en tránsito.

• Documentos oficiales hondureños a los que accedió la agencia AP muestran que solo el 13 y el 15 de agosto llegaron 82 mexicanos deportados a la ciudad de San Pedro Sula, con otros 35 previstos para esa misma semana.
• Según el sitio Third Country Deportation Watch, gestionado por Human Rights First y Refugees International, otros 165 mexicanos fueron enviados a Honduras entre mayo y mediados de julio.

La cancillería mexicana emitió un comunicado en el que rechaza expresamente esta práctica, argumentando que “todo ciudadano mexicano tiene derecho a ingresar al país” y que no existe un acuerdo formal que autorice el desvío hacia terceros países.

Human Rights First calcula que, a nivel global, cerca de 15.000 personas fueron removidas hacia terceros países durante 2025, de las cuales unas 13.000 tuvieron como destino México, según estimaciones de Migration Policy Institute recogidas por Amnistía Internacional.

Ese dato de contexto ubica el caso de los mexicanos deportados a Guatemala y Honduras dentro de una estrategia más amplia de la administración Trump, que ya mantiene acuerdos de este tipo con más de 30 países, incluidos varios africanos como Ghana, Ruanda y, más recientemente, Liberia.

El DHS respondió a las consultas de medios asegurando que utiliza “todas las opciones legales disponibles para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia”.

Mientras tanto, la cancillería mexicana continúa reclamando por vía diplomática que se respete el derecho de sus ciudadanos a ingresar directamente al país, sin escalas forzadas en territorio guatemalteco u hondureño.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.