Como Texas y Florida: Arizona avanza con una medida que le permite a la policía arrestar inmigrantes ilegales
El Senado aprobó el proyecto este miércoles y lo pasó a la Cámara de Representantes; la gobernadora Katie Hobbs se opone abiertamente
LA NACION
El Senado de Arizona aprobó este miércoles 22 de mayo una polémica medida que permite a las autoridades el arresto de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. La iniciativa, que es similar a otros proyectos de Texas y Florida, pasó a la Cámara de Representantes para una votación final antes de aparecer en la boleta de noviembre para que la aprueben los votantes del estado.
El Senado de Arizona aprueba medida similar a la SB 4 de Texas
En una votación muy cerrada, 16 a 13, los republicanos del Senado lograron avanzar el proyecto HCR-2060 - Ley para Asegurar la Frontera. En un comunicado de los legisladores, indicaron que se trata de una medida similar a la SB4 de Texas, con la que se otorgaría a las autoridades locales, del condado o estatales el poder de arrestar a personas que no sean ciudadanos estadounidenses que ingresen a Arizona desde México fuera de un puerto de entrada legal.
“La SB4 está actualmente en suspenso mientras se litiga en un tribunal federal. Si los tribunales la confirman, y si los votantes de Arizona aprueban la Ley de Seguridad de la Frontera en noviembre, esta disposición específica del proyecto de ley entraría en vigor en Arizona 60 días después de su implementación en Texas”, se lee en el mensaje de los senadores.
Otras disposiciones del proyecto incluyen penas más severas para los traficantes de drogas que comercian fentanilo a través de la frontera y que provocan la muerte de una persona por sobredosis. Además, la medida establecerá un delito estatal para cualquier individuo que viva ilegalmente en Arizona y que, a sabiendas, presente información o documentos falsos para solicitar beneficios gubernamentales o solicitar empleo.
Asimismo, la ley que también está relacionada con el empleo y el uso del programa E-Verify, requerirá que las agencias estatales que administran beneficios utilicen el programa federal de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos, además de los sistemas de verificación estatales actuales al determinar la elegibilidad de ciudadanos no estadounidenses, tal como ocurrió con la legislación SB1718 de Florida.
Entre otras disposiciones, el proyecto HCR-2060 - Ley para Asegurar la Frontera, también:
- Instruye al Procurador General o al fiscal del condado, al investigar una denuncia, verificar la autorización de trabajo del presunto extranjero no autorizado con el gobierno federal de conformidad con el código federal.
- Prohíbe a un funcionario estatal, de condado o local intentar tomar de forma independiente una determinación final sobre si un extranjero está autorizado a trabajar en los Estados Unidos.
- Especifica que el estatus migratorio o la autorización de trabajo de un extranjero debe verificarse con el gobierno federal de conformidad con el código federal.
- Especifica que una agencia estatal que otorga licencias debe usar el programa E-Verify para un solicitante a menos que el solicitante haya proporcionado a la agencia documentos de autorización de empleo emitidos por el gobierno federal.
La gobernadora de Arizona se opone al proyecto de migración de los republicanos
Antes de la votación del Senado, la gobernadora demócrata Katie Hobbs emitió una declaración para denunciar a la legislación como antiempresarial. “Acabará con empleos, ahuyentará a empresas y demonizará a nuestras comunidades de color. Una vez más nos unimos para dejar claro: esta remisión no protegerá nuestra frontera y no hará que los arizonenses estén seguros”, comentó.
La gobernadora añadió: “Lo que hará es impedir que las fuerzas del orden luchen contra delitos violentos como el robo y la agresión sexual, costará a los gobiernos estatales y locales cientos de millones de dólares tratar de hacer cumplir esta medida inconstitucional, dejará un ojo morado en la reputación de nuestro estado y conducirá a una embestida de perfiles raciales”.
Hobbs también explicó que la iniciativa separará a las familias e infligirá daños emocionales y económicos a los hogares y comunidades del estado, especialmente a los niños. “Ahora los Dreamers, que siguieron el proceso y obtuvieron un estatus legal, también están bajo fuego mientras la medida planea poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)”, señaló.
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