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El enunciado de la nueva regla de green cards: “Los extranjeros deben ser autosuficientes y no depender del gobierno”
La disposición elimina la regulación de 2022, que limitaba los beneficios públicos y otros elementos que podían considerar los oficiales
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LA NACION
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una regla final que modifica los criterios de inadmisibilidad por carga pública. La disposición se aplicará a determinadas solicitudes de admisión y a los pedidos de ajuste de estatus presentados desde el 18 de septiembre, con el objetivo de evaluar si el solicitante probablemente dependerá del gobierno en el futuro.
El comunicado oficial del Uscis sobre la nueva norma del DHS
A través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el DHS informó que derogó formalmente la regulación sobre carga pública establecida durante el año 2022. Esta medida alinea la ley migratoria con el propósito del Congreso para evitar la dependencia de subsidios públicos.
En ese marco, la agencia federal aseguró en el comunicado oficial que la regla alinea la ley de inmigración “con la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”.
Según explicó el Uscis, la normativa anterior limitaba la revisión de los factores relevantes aplicados por los funcionarios durante los trámites. Con esta disposición definitiva, los agentes evaluarán cada expediente de manera integral y caso por caso.
La nueva regla comenzará a regir el 18 de septiembre. El Uscis anunció que publicará una versión revisada del Formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus.
Qué beneficios públicos son evaluados por la nueva norma del DHS al solicitar la green card
La directiva evalúa el historial del solicitante en diversos programas de asistencia social y económica financiados por el Estado. Entre las ayudas consideradas, figuran las prestaciones de salud pública, la asistencia alimentaria y los subsidios habitacionales vigentes.
De acuerdo con el texto de la norma final publicado por el DHS en el Registro Federal, los oficiales migratorios tienen la potestad de examinar estos antecedentes en conjunto con los ingresos familiares, la edad, el estado de salud general.
También pueden valorar el nivel educativo alcanzado por el extranjero para determinar su capacidad de subsistencia independiente.
El uso prolongado de estos recursos gubernamentales puede influir de forma negativa en la decisión sobre la residencia permanente. Las autoridades ponderan todos estos elementos para cumplir con el mandato legal establecido por el poder legislativo.
En ese marco, los funcionarios de inmigración contarán con mayor libertad para valorar cada expediente y decidir si un solicitante reúne las condiciones para obtener la green card.
Qué categorías quedan exentas de análisis bajo la nueva regulación migratoria
Algunos grupos específicos quedan excluidos de esta evaluación de carga pública según la normativa federal vigente. Entre las personas protegidas, figuran los refugiados, los asilados y las víctimas de delitos determinados por ley.
Este sector de inmigrantes puede acceder a las ayudas asistenciales necesarias sin comprometer su trámite de residencia. No obstante, la ley preserva estos derechos especiales para salvaguardar a poblaciones vulnerables bajo protección humanitaria internacional.
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